Orden de deportar migrantes irregulares provoca temor entre venezolanos en Colombia
Bogotá, 245 agosto.- La orden del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, de iniciar operativos contra inmigrantes y deportar a quienes no hayan regularizado su permanencia en el país generó preocupación e incertidumbre entre la comunidad venezolana, especialmente entre las miles de personas que carecen de documentos migratorios.
Durante una visita realizada el domingo a Barranquilla, ciudad del norte de Colombia, el mandatario conservador dispuso que las autoridades migratorias coordinen con la Policía operativos dirigidos inicialmente contra extranjeros vinculados con actividades delictivas y, posteriormente, contra quienes se encuentren en situación irregular.
De la Espriella afirmó que estos últimos deberán ser deportados de inmediato. El presidente, quien recibió el respaldo de Donald Trump durante la campaña electoral, ya había advertido que estaría dispuesto a expulsar a los venezolanos que incumplieran las leyes colombianas.
El abogado migratorio venezolano César González, residente en Colombia, explicó a The Associated Press que existe una enorme preocupación entre sus compatriotas. Señaló que ha recibido tantas llamadas de personas interesadas en conocer sus opciones legales que todavía no ha podido contabilizarlas.
Más de medio millón de venezolanos están en situación irregular
Colombia es el principal receptor de migrantes venezolanos en América Latina. Según cifras oficiales, en el país viven aproximadamente 2.8 millones de venezolanos, de los casi siete millones que abandonaron su nación durante más de una década de crisis política, económica y social.
Datos publicados por Migración Colombia indican que más de 527,000 venezolanos ingresaron al territorio colombiano o permanecen en él sin cumplir las normas migratorias.
La incertidumbre sobre la aplicación inmediata de la orden presidencial aumentó debido a que Migración Colombia todavía no cuenta con un nuevo director debidamente posesionado.
Consultada por AP sobre el alcance de la disposición, la entidad respondió que corresponderá a su próximo titular ejecutar las decisiones del Gobierno relacionadas con controles migratorios, procesos de regularización y eventuales deportaciones.
Frontera extensa dificulta una política de expulsiones
Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explicó que la migración venezolana hacia Colombia presenta características distintas a las registradas en otros países de la región.
Colombia y Venezuela comparten una frontera de más de 2,200 kilómetros, en la que existen decenas de pasos irregulares que facilitan el movimiento constante de personas entre ambas naciones.
A juicio del especialista, el Estado colombiano no posee la capacidad suficiente para aplicar una política sostenida de contención o expulsión. Agregó que el traslado de una persona hasta la frontera y su entrega a las autoridades venezolanas podría resultar costoso e ineficaz, debido a la facilidad con la que esta podría volver a ingresar por un cruce no autorizado.
Organizaciones piden reabrir la regularización
Ana Karina García, directora de la Fundación Juntos Se Puede, una organización privada venezolana que brinda asistencia a los migrantes, anunció que buscarán dialogar con el Gobierno colombiano.
El objetivo será solicitar la reapertura de los mecanismos de regularización aplicados por administraciones anteriores, mediante los cuales los venezolanos recibieron documentos que les permitían permanecer legalmente en Colombia y acceder a servicios y beneficios sociales del Estado.
Durante el Gobierno del expresidente Iván Duque se puso en marcha, en 2021, el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Mediante ese programa fueron concedidos permisos temporales de residencia a alrededor de 2.3 millones de personas.
Sin embargo, la posibilidad de presentar nuevas solicitudes permanece cerrada desde hace más de tres años. García consideró injusto perseguir a los migrantes por no haber regularizado su condición cuando actualmente no existe un procedimiento accesible para hacerlo.
La activista sostuvo que el Gobierno debe ampliar las vías para obtener residencia legal, en lugar de castigar a quienes no han podido conseguir los permisos correspondientes.
Ronal Rodríguez coincidió en que el principal desafío para Colombia es avanzar en la regularización de la población migrante. Destacó especialmente la situación de más de 193,000 menores de edad que carecen de estatus legal y que, por su condición, deben recibir protección especial del Estado.
Temen un aumento de la xenofobia
Representantes de la comunidad venezolana advirtieron que el discurso presidencial podría aumentar la xenofobia al colocar el foco de la inseguridad sobre los inmigrantes.
Arles Pereda, presidente de la Colonia de Venezolanos en Colombia, aseguró que los pronunciamientos sobre deportaciones pueden estimular reacciones indiscriminadas contra toda la comunidad migrante.
García manifestó que respalda la persecución de quienes cometen delitos, independientemente de su nacionalidad, pero rechazó que la delincuencia sea vinculada de manera general con la migración.
La dirigente afirmó que las estadísticas disponibles no demuestran que los extranjeros cometan delitos en mayor proporción que la población colombiana y advirtió que establecer esa asociación puede fomentar la discriminación.
La preocupación también responde al endurecimiento de las políticas migratorias en otros países sudamericanos. Según Pereda, los venezolanos perciben que las oportunidades de regularización y acogida se reducen no solamente en Colombia, sino también en Chile, Perú y Ecuador, donde gobiernos conservadores han establecido mayores restricciones.
La llegada de nuevos grupos de venezolanos desplazados por los dos terremotos que afectaron su país en junio ha profundizado esas inquietudes, ante el temor de que las posibilidades de obtener protección y residencia legal continúen disminuyendo en la región.
La orden de De la Espriella representa un cambio significativo frente a la política que Colombia mantuvo durante años para recibir a los ciudadanos venezolanos y facilitar su integración mediante permisos temporales y mecanismos orientados a una residencia permanente. Fuente: The Associated Press.