Padres del menor no admitido en el Carol Morgan recurren a casación y buscan indemnización contra el MP en la gestión de JA
Santo Domingo, 23 de enero – Tras la reciente sentencia parcial emitida por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) a favor del menor JC, cuyo derecho a reinscripción en el Carol Morgan School le fue negado, sus padres han presentado un recurso de casación. Este recurso incluye la búsqueda de una «pretensión indemnizadora» y una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Ministerio Público, acusándolo de causar daños y perjuicios a la salud integral del niño durante la gestión de Jean Alain Rodríguez en la Procuraduría General de la República (PGR).
Los tutores del menor argumentan que, aunque la TSA acogió parcialmente su demanda, ordenando la readmisión del hijo en el colegio casi cuatro años después, la negación específica de la indemnización propuesta no es suficiente para reparar los daños morales y emocionales sufridos por el estudiante meritorio.
La sentencia número 0030-02-2023-SSEN-00726, emitida por la TSA, ordenó al Ministerio Público y la Procuraduría General de la República tomar todas las medidas necesarias para que el menor sea readmitido en el centro educativo. Sin embargo, declaró el proceso «libre de costas», lo cual la familia considera injusto, ya que durante este tiempo, la salud del menor también se ha visto afectada.
Mediante el recurso de casación presentado ante la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, los representantes legales buscan completar la instrucción del proceso, comprobar que el Ministerio Público actuó de manera «antijurídica», vulnerando derechos fundamentales del menor. Se argumenta que la imposición de medidas arbitrarias e injustas impidió su reinscripción escolar en el colegio CM para el período 2019-2020.
La demanda de responsabilidad patrimonial contra el Ministerio Público se sustenta en principios de igualdad y derechos fundamentales establecidos en el Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como en el principio de interés superior del niño, según la Constitución y la Convención Americana de los Derechos Humanos, que prohíbe la discriminación por diversos motivos.
Este caso cuenta con antecedentes, incluyendo una decisión del Tribunal Constitucional de la República (TC/0239/21) que acogió un recurso de amparo presentado por los padres del menor, ordenando su readmisión en el colegio y declarando la nulidad de las actuaciones del Ministerio Público.
Es relevante señalar que la actual procuradora general de la República, Miriam Germán, se ha pronunciado sobre las actuaciones del órgano durante la gestión de su antecesor, admitiendo la medida injusta y arbitraria y dejándolas sin efecto por considerarlas contrarias a la Constitución y a los derechos del menor.
