Paraguay afronta crisis por Ueno Bank: Peña queda en prisión y Alliana asume mientras avanzan pagos a ahorristas
ASUNCIÓN, Paraguay, 8 de noviembre de 2026.— Paraguay atraviesa una crisis política, judicial y financiera tras la destitución y detención del expresidente Santiago Peña por su presunta vinculación con las irregularidades que provocaron el colapso de Ueno Bank.
El hasta entonces vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia por sucesión constitucional, mientras las autoridades intentan restablecer el acceso a los ahorros de casi tres millones de clientes afectados.
La última decisión judicial coloca a Peña bajo prisión preventiva en una instalación militar, después de que el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú acogiera el sábado el pedido del Ministerio Público.
La Fiscalía lo imputó por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, dentro de una investigación que también alcanza al expresidente del Banco Central del Paraguay —BCP—, Carlos Carvallo.
El caso combina dos investigaciones relacionadas: las operaciones financieras presuntamente irregulares dentro del banco y la posible responsabilidad de autoridades públicas en la colocación de recursos estatales y la supervisión de la entidad.
Diez personas bajo medidas de privación de libertad
El balance de las medidas judiciales conocidas comprende a diez personas privadas de libertad: seis exdirectivos del banco con prisión preventiva, dos exdirectivas bajo arresto domiciliario con vigilancia electrónica, además de Peña y Carvallo.
Ese número debe distinguirse del universo de imputados. En la causa inicial sobre las operaciones de Ueno Bank, el Ministerio Público formuló cargos contra 27 personas vinculadas a la entidad y a empresas relacionadas. Posteriormente se sumaron las imputaciones contra el exmandatario y el antiguo titular del BCP, en otra investigación.
Entre los procesados del ámbito empresarial figura Federico Miguel Vázquez Villasanti, uno de los principales responsables del grupo económico vinculado al banco. Las autoridades han realizado allanamientos, incautado vehículos y recogido documentación y equipos informáticos para reconstruir el movimiento de los recursos.
Qué atribuye la Fiscalía a Peña y Carvallo
La hipótesis fiscal sostiene que Peña habría intervenido para favorecer la colocación, renovación y permanencia de importantes cantidades de dinero de instituciones públicas y previsionales en Ueno Bank, pese a sus antecedentes de vinculación económica con el grupo empresarial que controlaba la entidad.
El expresidente fue accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025. Los investigadores examinan si utilizó su posición para beneficiar al banco y si existieron conflictos de interés en decisiones relacionadas con los depósitos públicos.
Peña niega haber cometido irregularidades. Su defensa, encabezada por Ricardo Preda, sostiene que se someterá a la investigación y confía en que el proceso termine con su desvinculación del caso.
Carvallo, quien dirigió la financiera de la que surgió Ueno antes de asumir la Presidencia del Banco Central en 2023, fue imputado por presunta lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio. El juez también dispuso su prisión preventiva.
La investigación deberá determinar las responsabilidades individuales. Las imputaciones y las medidas cautelares todavía no constituyen condenas.
Préstamos a empresas vinculadas y fondos de difícil recuperación
En el expediente inicial, la Fiscalía investiga operaciones realizadas entre 2025 y 2026 que habrían comprometido los activos del banco mediante préstamos y sobregiros a empresas relacionadas.
Según el Ministerio Público, se identificaron financiamientos elevados respecto de la capacidad económica de las compañías beneficiarias, plazos extensos, garantías insuficientes y deficiencias en los documentos utilizados para aprobarlos.
Los investigadores también sospechan que parte del dinero desembolsado fue transferido a otras sociedades del mismo grupo, en lugar de emplearse en los proyectos declarados. Otra operación examinada es la transferencia de una cartera crediticia por aproximadamente US$74,4 millones a una sociedad que habría utilizado recursos originados indirectamente en el propio banco.
Los saldos pendientes de las operaciones analizadas ascienden a US$166,98 millones y 343.157 millones de guaraníes, cuya recuperación podría estar comprometida, conforme al requerimiento fiscal.
Además de las medidas personales, la Fiscalía solicitó restricciones sobre bienes y cuentas de los imputados y de siete sociedades, para preservar activos mientras avanza la investigación.
Por qué dejó de operar el banco digital
El Banco Central dispuso por unanimidad el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank después de comprobar una grave insuficiencia patrimonial. Tras los ajustes a sus estados financieros, el índice de solvencia cayó por debajo de la mitad del mínimo legal requerido.
La solvencia mide el respaldo patrimonial de una entidad para absorber pérdidas y afrontar sus riesgos. Por tanto, la causa regulatoria del cierre fue el deterioro de ese respaldo; las investigaciones penales buscan establecer cómo se produjo y si hubo conductas delictivas.
El procedimiento se activó bajo la Ley 2334/2003 y dejó a aproximadamente 2,94 millones de clientes con restricciones para acceder a sus fondos. Entre los afectados figuran ahorristas particulares e instituciones públicas.
La Fiscalía vincula provisionalmente el deterioro a créditos riesgosos y operaciones con empresas relacionadas. La determinación definitiva de las causas y del daño patrimonial dependerá del examen contable, financiero y judicial.
Alliana completa el mandato hasta agosto de 2028
Pedro Alliana juró el viernes 6 de noviembre ante el Congreso, después de que el Senado destituyera a Peña por mal desempeño de funciones.
La sucesión se produjo conforme al mecanismo constitucional que permite al vicepresidente ocupar la Presidencia ante la vacancia definitiva del titular. Alliana deberá completar el período que concluye el 15 de agosto de 2028.
Peña había presentado su renuncia el jueves, pero el Congreso no llegó a tramitarla por falta de cuórum. El juicio político continuó y terminó con su destitución, seguida de la orden fiscal de detención.
El nuevo mandatario enfrenta el desafío de reorganizar el Gobierno, responder a los reclamos de los depositantes y recuperar la confianza en las instituciones encargadas de supervisar el sistema financiero.
Casi 1,2 millones de ahorristas han recibido pagos
Las autoridades monetarias informaron el sábado que casi 1,2 millones de ahorristas habían recibido devoluciones parciales o totales mediante el Fondo de Garantía de Depósitos.
El presidente interino del BCP, Pedro Acosta, comunicó los avances después de una reunión con Alliana. Las devoluciones forman parte del mecanismo de protección de depósitos y no significan que todos los clientes hayan recuperado íntegramente sus saldos.
El BCP recordó que la cobertura legal alcanza hasta 75 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 228,3 millones de guaraníes, conforme a las condiciones establecidas en la legislación.
Para acelerar la asistencia, anunció un anticipo de hasta 40 salarios mínimos, del que se descontarán las deudas vencidas que el beneficiario mantenga con la entidad. El esquema establece el inicio del pago dentro de las 24 horas previstas en el comunicado y un plazo máximo de cinco días hábiles para completar ese proceso de anticipos.
Cuando el afectado dispone de cuentas en otras entidades financieras, el anticipo se deposita en aquella con mayor saldo disponible. Para quienes no tienen otra cuenta, se prevé abrir una a su nombre en un banco o financiera del sistema nacional.
El Banco Central habilitó una plataforma para consultar la entidad asignada. La Asociación de Bancos del Paraguay aclaró que los beneficiarios no necesitan realizar registros ni trámites adicionales para recibir la acreditación.
Los saldos superiores a la garantía siguen pendientes
La principal incertidumbre permanece entre quienes tienen depósitos por encima de la cobertura legal. Los comunicados examinados no establecen un calendario definitivo ni aseguran la devolución íntegra de esos excedentes.
Su recuperación dependerá del procedimiento de resolución, los activos disponibles y los mecanismos legales aplicables. Por ello, el anticipo anunciado, la cobertura máxima del fondo y los saldos que exceden esa protección corresponden a situaciones diferentes.
Mientras continúan las devoluciones, la investigación judicial busca establecer el destino de los recursos y las eventuales responsabilidades de empresarios, administradores y exautoridades en una crisis que ya provocó el relevo presidencial.