Pedro Jiménez advierte sobre barreras a empresas dominicanas en proyectos de agua de hasta US$1,100 millones

El periodista y abogado pide revisar las condiciones de contratación para garantizar competencia, transparencia y participación efectiva del empresariado nacional.

Santo Domingo, 5 oct. .– El periodista y abogado Pedro Jiménez llamó la atención sobre las condiciones de los procesos de contratación vinculados a los proyectos de seguridad hídrica Hatillo–Santo Domingo, bajo responsabilidad de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), y al sistema integral de agua potable y saneamiento de Verón–Punta Cana, impulsado por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).
Jiménez advirtió que una estructura de contratación que limite la participación directa de empresas dominicanas podría tener consecuencias económicas para el país, especialmente por tratarse de infraestructura hídrica esencial y de proyectos con períodos prolongados de operación.
“No se trata de cerrar las puertas a la inversión extranjera. Se trata de evitar que las reglas terminen cerrándole las puertas al empresario dominicano”, afirmó.
El proyecto Hatillo–Santo Domingo forma parte del Programa de Seguridad Hídrica de la Presa de Hatillo y Abastecimiento Sánchez Ramírez–Santo Domingo, desarrollado por la CAASD con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según las estimaciones de la CAASD citadas por el comunicador, la inversión oscila entre US$600 millones y US$700 millones.
Por su parte, el programa integral de agua potable, saneamiento y reúso de Punta Cana–Bávaro, identificado por el BID como DR-L1172, contempla un financiamiento total de US$400 millones. En conjunto, los montos señalados sitúan ambos proyectos entre US$1,000 millones y US$1,100 millones.
Para Jiménez, la magnitud de estas inversiones y su horizonte de ejecución y operación obligan a ampliar el debate más allá de cuáles empresas construirán las obras.
“Estamos hablando de infraestructura hídrica estratégica, por eso hay que preguntar quién tendrá la responsabilidad de operarla, bajo qué condiciones, durante cuánto tiempo y qué participación real tendrá el capital y la experiencia dominicana”, señaló.
El comunicador planteó que los requisitos de experiencia para la operación y el mantenimiento deben examinarse desde la perspectiva de la competencia efectiva. Consideró que una empresa dominicana con capacidad comprobada para construir grandes obras de infraestructura debería poder participar directamente y, cuando resulte necesario, incorporar experiencia internacional mediante contratos especializados.
“Si una empresa dominicana tiene capacidad financiera, técnica y experiencia para ejecutar grandes obras, no parece razonable que la única manera de acceder a estos proyectos sea necesariamente compartir la titularidad del contrato con un operador extranjero. El Estado puede exigir garantías de desempeño, certificaciones y experiencia, sin convertir esos requisitos en una barrera para la participación nacional”, expresó.
Jiménez advirtió que las consecuencias de una estructura de contratación poco favorable a la participación local trascenderían el ámbito empresarial.
“Lo que está en juego no son solamente contratos de construcción. Estamos hablando de décadas de operación de sistemas que serán fundamentales para el Gran Santo Domingo y para uno de los principales polos turísticos del país”, sostuvo.
A su juicio, la CAASD y el INAPA deben procurar que estas inversiones generen transferencia tecnológica, formación de profesionales dominicanos, fortalecimiento de empresas nacionales y desarrollo de capacidades locales.
En el caso de Hatillo, señaló que la documentación oficial también identifica la participación técnica del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, además del BID.
“Una inversión de esta magnitud debe dejar infraestructura, pero también debe dejar conocimiento, empresas fortalecidas y capacidades dominicanas. No podemos conformarnos con que el país sea solamente el lugar donde se construyen las obras”, afirmó.
Jiménez pidió a la CAASD y al INAPA explicar públicamente qué mecanismos contemplan los respectivos procesos de contratación para garantizar una competencia amplia, facilitar la participación efectiva de empresas nacionales y evitar una concentración excesiva de la operación de infraestructura hídrica estratégica.
Asimismo, consideró necesario que el BID, como organismo financiador y acompañante de estos programas, mantenga los más altos estándares de transparencia, competencia e igualdad de oportunidades, conforme a sus políticas y procedimientos.
“Mi llamado es a revisar y transparentar las condiciones antes de que los contratos sean adjudicados. Todavía estamos a tiempo de garantizar reglas que permitan la participación internacional, pero que al mismo tiempo protejan y fortalezcan al empresariado dominicano”, manifestó.
El periodista aclaró que no cuestiona a las empresas extranjeras por su origen, sino que reclama procesos que garanticen igualdad de oportunidades, competencia efectiva, transparencia y una participación sustantiva de las empresas dominicanas en proyectos estratégicos para el desarrollo nacional.