Pese a denuncias de varios casos de corrupción, solo tres han sido judicializados en este gobierno
Santo Domingo, 7 de diciembre de 2025. – A pesar de las numerosas denuncias de presunta corrupción administrativa contra funcionarios y exfuncionarios del actual gobierno, solo tres casos han sido formalmente judicializados por el Ministerio Público durante la gestión del presidente Luis Abinader.
Hasta la fecha, los únicos sometimientos judiciales han sido contra los exadministradores del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent; y más recientemente, contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim.
Operación Camaleón: contratos irregulares en el Intrant
El caso que involucra a Hugo Beras salió a la luz en septiembre de 2024, tras un apagón en la red semafórica del Gran Santo Domingo. La situación destapó un esquema de adjudicación irregular de contratos millonarios a las empresas Transcore Latam y Aurix, propiedad de José “Jochi” Gómez Canaán, las cuales, según la acusación, no cumplían con los requisitos técnicos establecidos.
El Ministerio Público también presentó cargos contra Pedro Vinicio Padovani Báez, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas, todos vinculados a áreas operativas y administrativas del Intrant.
Los acusados enfrentan cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco y coalición de funcionarios, en lo que se ha denominado “Operación Camaleón”.
Inicialmente, se dictó prisión preventiva de 18 meses en Najayo Hombres para Beras, Gómez Canaán y Padovani Báez. Posteriormente, en noviembre de 2024, la medida fue sustituida por presentación periódica, al no identificarse riesgo de fuga. En octubre de este año, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) solicitó apertura a juicio contra los implicados y siete empresas.
Operación 13: sorteo fraudulento en la Lotería Nacional
El primero de mayo de 2021, un sorteo de la Lotería Nacional transmitido en televisión evidenció un fraude que involucró a al menos 10 personas, incluyendo al entonces administrador, Luis Maisichell Dicent. El grupo fue acusado de asociación de malhechores, estafa y lavado de activos.
Entre los implicados figuraron empleados como Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Miguel Mejía (no vidente que fingió pasar el bolo 13) y Miguel Mesa. También fueron señalados miembros del sector privado como William Lisandro Rosario Ortiz, presidente de la Federación Nacional de Bancas (FENABANCA), y otros vinculados.
Varios acusados llegaron a acuerdos con el Ministerio Público. Dicent fue finalmente descargado por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional por falta de pruebas, al igual que Edison Manuel Perdomo Peralta. William Rosario fue condenado a siete años de prisión y Eladio Batista Valerio a seis, ambos recluidos en Najayo Hombres.
Otros acusados recibieron penas menores, algunas suspendidas. Aunque el Ministerio Público anunció que apelaría la sentencia, no se han conocido avances al respecto.
Santiago Hazim detenido por presunta corrupción en Senasa
El sábado 6 de diciembre de este año, el exdirector de Senasa, Santiago Hazim, fue arrestado tras ser interrogado en la Procuraduría General de la República. La detención se produjo luego de que el gobierno remitiera en septiembre un informe con hallazgos de “graves irregularidades” en la adjudicación de contratos durante su gestión.
La investigación se activó a raíz de reportajes periodísticos que evidenciaban presuntas violaciones administrativas. Aunque el proceso judicial está en etapa inicial, Hazim es el tercer exfuncionario de esta gestión en ser formalmente sometido a la justicia.
Casos denunciados sin acción judicial conocida
Varios casos de denuncias públicas contra funcionarios del actual gobierno no han derivado en acciones judiciales conocidas:
Adán Peguero (Inposdom)
Investigado desde octubre de 2021 tras un reportaje de Nuria Piera, por la adjudicación presuntamente irregular de contratos con la empresa Mia Cargo. La Dirección de Ética e Integridad Gubernamental y el Ministerio Público asumieron el caso, pero no se ha informado sobre sus resultados.
Luz del Alba Jiménez (Ministerio de la Juventud)
En 2021 fue destituida tras denuncias de favorecer a empresas en procesos de licitación. Aunque se anunciaron investigaciones, nunca se presentaron cargos ni se conocieron avances oficiales.
Tony Peña Guaba (Gabinete de Política Social)
Durante la Navidad de 2020, se entregaron RD$100 millones en cheques a 67 artistas como apoyo económico, sin el debido proceso de contratación. La Dirección de Contrataciones Públicas recomendó sanciones administrativas, pero estas nunca se aplicaron ni se informaron.
Manuel Mejía Naut (Edeeste)
En agosto de este año, fue acusado por Celso Marranzini, vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), de manipular facturación eléctrica de más de 42 mil clientes. Hasta ahora, no se ha informado si se formalizó una acusación en su contra.
