
PLD exige medidas drásticas ante denuncias de presunta corrupción y deficiencias operativas en el INABIE
SANTO DOMINGO, 21 sept..– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) atraviesa una persistente crisis de transparencia, provocada por los recurrentes escándalos de corrupción y las deficiencias operativas que, según la organización opositora, comprometen la calidad de la alimentación y el bienestar de más de 2.3 millones de estudiantes del sistema educativo público.
El partido exigió la adopción de medidas drásticas para investigar las irregularidades denunciadas, establecer responsabilidades y garantizar que los recursos asignados a los programas de alimentación y asistencia estudiantil sean administrados con transparencia.
La organización política cuestionó que una institución que dispone de un presupuesto anual superior a los RD$43,000 millones continúe operando bajo procedimientos que calificó como improvisados y carentes del rigor institucional necesario.
La posición del PLD fue presentada este lunes durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, encabezada por el secretario general de la organización, Johnny Pujols.
René Jáquez fungió como vocero durante la actividad, en la que también participaron Robert de la Cruz, miembro del Comité Político; Aristipo Vidal, secretario de Industria, Comercio y Mipymes, y Adriano Sánchez Roa, titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios.
Durante su encuentro habitual de los lunes con los medios de comunicación, el PLD concentró sus cuestionamientos en la licitación identificada como INABIE-CCC-PLN-2025-0045, destinada a la contratación de los servicios del almuerzo escolar para el período 2026-2028.
Los dirigentes opositores afirmaron que el procedimiento se prolongó durante aproximadamente diez meses y estuvo marcado por constantes modificaciones al pliego de condiciones. Aseguraron que las adjudicaciones fueron realizadas a pocos días del comienzo del año escolar, situación que, a su juicio, evidencia improvisación y falta de planificación.
Uno de los aspectos más preocupantes señalados por el PLD fue la denominada Enmienda número 1 del pliego de condiciones, mediante la cual, según la organización, fueron eliminados tres requisitos considerados fundamentales para la prevención de irregularidades y actos de corrupción.
El primero de esos requerimientos correspondía a la presentación de facturas que permitieran comprobar la experiencia previa de los suplidores interesados en participar en el proceso de contratación.
El segundo exigía evidencias documentales de las inversiones realizadas en equipos y adecuaciones para la instalación de nuevas cocinas destinadas a preparar los alimentos que serían suministrados a los centros educativos.
El tercer requisito eliminado solicitaba la presentación del historial y los movimientos financieros de los seis meses anteriores de las empresas participantes, información que habría permitido determinar su solvencia, capacidad operativa y procedencia de los recursos.
El PLD sostuvo que la eliminación de esas exigencias debilitó los mecanismos de verificación establecidos para comprobar que los adjudicatarios contaban con experiencia, infraestructura y capacidad financiera suficiente para cumplir con los contratos.
Durante la presentación, la organización opositora destacó el caso registrado en la provincia de San Pedro de Macorís, donde tres empresas de reciente creación, representadas por jóvenes sin trayectoria conocida en el suministro de alimentos a gran escala, recibieron contratos que, en conjunto, superan los RD$110 millones.
Los dirigentes peledeístas consideraron indispensable que las autoridades investiguen cómo esas compañías lograron superar las evaluaciones técnicas y financieras, así como establecer si contaban con cocinas, personal, equipos y experiencia para preparar y distribuir las raciones escolares contratadas.
El partido opositor advirtió que las posibles irregularidades no pueden ser tratadas como simples fallas administrativas, debido a que involucran fondos públicos y afectan directamente la alimentación de millones de niños y adolescentes.

El PLD reclamó que los órganos responsables de fiscalizar las contrataciones estatales intervengan y determinen si las adjudicaciones se realizaron conforme a la ley, los principios de libre competencia y las normas de transparencia.
También planteó que cualquier investigación debe abarcar las modificaciones introducidas al pliego, la documentación entregada por las empresas, las inspecciones efectuadas a las cocinas y las decisiones adoptadas por los funcionarios responsables del procedimiento.
La organización política afirmó que continuará dando seguimiento a las contrataciones del INABIE y denunciando cualquier actuación que pueda poner en riesgo los recursos públicos o la calidad de los servicios destinados a la población estudiantil.
Asimismo, el PLD señaló que las recientes suspensiones de 42 empresas por parte de las autoridades del INABIE resultan «insuficientes», ya que suspender suplidores no erradica las causas de fondo ni señala a los funcionarios o estructuras responsables del proceso de adjudicación.
De igual forma, la organización hizo eco de graves denuncias públicas sobre presuntos cobros de comisiones ilícitas (de entre RD$1.5 y RD$2 millones) para garantizar raciones alimenticias, así como la asignación de raciones de comida a centros educativos con una matrícula estudiantil significativamente menor a la contratada.
Ante la gravedad de los hechos, el Partido de la Liberación Dominicana demandó de manera urgente una auditoría e investigación integral, sanciones y transparencia, protección a las MIPYMES y Mantener una vigilancia constante del rol que juegan los peritos que intervienen en el proceso de calificar a las empresas que participan en los procesos de licitación y del funcionariado vinculado en los mismos.
