PLD pide interpelar a Faride Raful y al director de la Policía por muertes en supuestos intercambios de disparos
Santo Domingo, 19 oct.— El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) solicitó este lunes que el Congreso Nacional interpele a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director general de la Policía Nacional, Ernesto Rodríguez García, para que expliquen el elevado número de muertes durante intervenciones policiales, presentadas recurrentemente por las autoridades como «intercambios de disparos».
La organización opositora exigió poner fin a las presuntas ejecuciones extrajudiciales y planteó que se investigue la responsabilidad de mando en estos hechos, como parte de una revisión de las actuaciones de los organismos encargados de garantizar la seguridad ciudadana.
Durante su tradicional rueda de prensa de los lunes, el PLD expresó profunda preocupación por lo que considera un continuo incremento de las muertes a manos de agentes policiales. Advirtió que esta situación no puede seguir siendo ignorada y que combatir la delincuencia no debe convertirse en una práctica de eliminación física de personas.
Temístocles Montás, vicepresidente de la organización, actuó como vocero, acompañado por el también vicepresidente Yván Lorenzo; José Dantés, secretario de Asuntos Jurídicos, y Sigfrido Pared Pérez, coordinador de la Comisión de Seguridad y Defensa del partido.
De acuerdo con las cifras citadas por el PLD, durante septiembre de 2026 se registraron 55 muertes en intervenciones policiales. La entidad también se hizo eco de denuncias de organizaciones defensoras de los derechos humanos, según las cuales más de 180 personas perdieron la vida en operativos de las fuerzas del orden durante los primeros meses del año.
El partido presentó esos señalamientos como motivos para que los responsables de la seguridad comparezcan ante el Congreso y rindan explicaciones sobre las circunstancias de los fallecimientos y las actuaciones policiales.
Asimismo, propuso una reforma policial centrada en el respeto de los derechos fundamentales y reclamó investigar tanto la actuación de los agentes involucrados como las posibles responsabilidades de sus superiores.
La organización insistió en que la respuesta del Estado frente a la criminalidad debe desarrollarse dentro del marco de la ley, con investigaciones que permitan esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.
El PLD subrayó que resulta alarmante la falta de información detallada y estadísticas transparentes por parte de la Procuraduría General de la República sobre las investigaciones iniciadas y los agentes sometidos a la justicia.
Enfatizó que, si bien la policía tiene derecho a defenderse ante amenazas reales, la rendición de un ciudadano exige su inmediata detención y sometimiento a la justicia, jamás su ejecución.
En su declaración, el partido morado recordó que el artículo 7 de la Constitución define a la República Dominicana como un Estado social y democrático de derecho, mientras que el artículo 37 consagró la inviolabilidad del derecho a la vida y prohíbe expresamente la pena de muerte.
«En nuestro ordenamiento constitucional, ninguna autoridad policial puede sustituir a los tribunales, declarar culpable a un ciudadano y disponer su ejecución», resalta.
Asimismo, remarca que el respeto a las garantías constitucionales aplica para todos los ciudadanos sin importar su historial penal o las acusaciones en su contra, señalando que la sociedad no solo debe vivir sin miedo a los delincuentes, sino también sin temor a quienes portan armas en nombre del Estado.
El PLD hizo hincapié en el artículo 255 de la carta magna, el cual establece que la Policía Nacional está bajo la autoridad directa del mandatario. En ese sentido, señala que el presidente Luis Abinader, como máxima autoridad civil, tiene la responsabilidad política de velar por que la seguridad ciudadana se aplique bajo el marco de la ley.
Si bien la entidad aclaró que no afirma la existencia de una orden presidencial explícita para cometer ejecuciones, advirtió que la falta de supervisión, la tolerancia y el silencio ante estas muertes pueden convertirse en una forma de autorización de hecho y generar impunidad.
El partido sostuvo que la efectividad de la policía no debe medirse por la cantidad de presuntos delincuentes eliminados, sino por su capacidad para prevenir delitos, investigar, detener a los responsables y colaborar con la justicia, señalando que ejecuciones extrajudiciales destruyen pruebas, debilitan las instituciones y socavan la confianza pública.
Ante el panorama expuesto, el PLD formuló siete propuestas puntuales al Gobierno y a las autoridades competentes: instrucción presidencial pública, investigaciones independientes, transparencia estadística, rendición de cuentas en el Congreso, supervisión externa y tecnología, reforma policial centrada en derechos, e investigación de la responsabilidad de mando.