Poner a dieta el Estado
Juan Ariel Jiménez
Toda persona que en algún momento de su vida ha luchado contra el sobrepeso sabe que la solución es casi siempre la misma: ponerse a dieta para reducir la ingesta calórica y realizar ejercicio para quemar una mayor cantidad de calorías. En términos económicos, algo similar ocurre cuando se busca reducir los niveles de deuda, la estrategia debe combinar la reducción del gasto público y el aumento de los ingresos tributarios.
En este contexto, el gobierno dominicano ha anunciado su intención de eliminar y fusionar instituciones públicas como estrategia para reducir el tamaño del Estado. En otras palabras, el gobierno ha anunciado que va a “ponerse a dieta”.
En sentido general, esta es una medida adecuada y debe ser apoyada por todos en el país, solo que el “cómo” es tan o más importante que el “qué”, pues como dice la frase popular, “el diablo está en los detalles”.
En primer lugar, la fusión de instituciones públicas solo será eficaz si realmente logra reducir el gasto público, lo cual debería traducirse en una disminución de la cantidad de empleados que trabajan en el gobierno. Dicho de otro modo, no es cuestión de eliminar siglas, es cuestión de reducir la nómina.
Un ejemplo claro de esta situación se dio en 2021, cuando se fusionaron el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) para crear el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones. A pesar de la fusión, los datos del propio gobierno revelan que el gasto en nómina lejos de reducirse, se incrementó de manera significativa.
En el presente año, el presupuesto de nómina del Ministerio de la Vivienda asciende a 2,169 millones de pesos, unos 875 millones de pesos más que el gasto de nómina combinado de INVI y OISOE en 2019, lo cual representa un incremento de 68%.
Y esto no es exclusivo del actual gobierno, es una experiencia que se ha dado en casi todos los gobiernos anteriores. Este fenómeno ocurre porque, en muchos casos, la “nueva entidad” simplemente absorbe a todos los empleados de las instituciones fusionadas, por lo cual no ocurre ninguna reducción en la nómina.
En segundo lugar, la eliminación y fusión de instituciones gubernamentales debe ser realizada con el objetivo de mejorar la eficiencia de las políticas públicas, no con un criterio meramente contable, y mucho menos con un criterios de marketing político. Un caso interesante para discutir es la posible eliminación de varias entidades gubernamentales dedicadas a la “promoción de sectores agropecuarios” como INAZUCAR, INTABACO, INUVA, INACOCO, INDOCAFE, CONAPROPE entre otras. El presupuesto corriente del presente año para todas estas instituciones asciende a 835 millones de pesos, dinero que pudiera destinarse a un fondo de garantías para la adquisición de maquinarias y tecnologías que mejoren la productividad de cultivos agrícolas con alto potencial.
El ejemplo anterior corresponde a una nueva estrategia de desarrollo productivo enfocada en corregir fallas de mercado mediante intervenciones autosostenibles a nivel financiero, en lugar de la actual estrategia de crear una institución pública por cada sector que se quiere promover (no se sorprenda el lector que el año pasado el Senado dominicano aprobó la creación del Instituto Nacional de la Semilla).
Además, cambiar de “institutos especializados” a “fondos de garantía para maquinarias y tecnologías” permitiría una mayor flexibilidad en el uso de los recursos públicos en lo que respecta a rubros para financiar. Y es que posiblemente durante unos años la clave sea desarrollar la industria del coco, pero quizás en un futuro próximo la prioridad sea impulsar la industria de la pitahaya o de la macadamia.
Otra opción sería eliminar entidades como el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF) y destinar los 73 millones de pesos de presupuesto para crear un fondo concursable para investigaciones universitarias relacionadas al sector agropecuario. O eliminar el INESPRE y destinar esos 1,131 millones de pesos de presupuesto para financiar infraestructura rural que pueda disminuir el precio de los alimentos.
En tercer lugar, es fundamental que las fusiones de instituciones públicas consideren la naturaleza y funciones de las entidades involucradas, con el objetivo de lograr un diseño organizacional que pueda compatibilizar roles que en principio pueden ser hasta contradictorios.
Por ejemplo, se ha propuesto fusionar el Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Esta es una idea interesante, pero es crucial tener en cuenta que el Ministerio de Educación administra directamente las escuelas públicas, mientras que el Ministerio de Educación Superior regula a terceros (universidades e institutos técnicos superiores). Un único Ministerio de Educación podría ser beneficioso, siempre y cuando se evite que la nueva entidad termine micromanejando las universidades de la misma forma que micromaneja las escuelas públicas.
En conclusión, así como las dietas se diseñan para mantener la salud mientras se baja de peso, la eliminación y fusión de instituciones públicas debe orientarse tanto a reducir el gasto corriente como a mejorar la eficacia de las políticas públicas.
“Las opiniones en este artículo son exclusivas del autor y no representan la visión de las entidades a las que está afiliado el autor”.
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