Premio Sájarov a la CPI refuerza el respaldo europeo a la justicia internacional frente a las sanciones de Estados Unidos
Bruselas, 22 oct.— La concesión del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia a la Corte Penal Internacional (CPI) representa un respaldo político europeo a la justicia internacional en un momento de fuertes presiones sobre el tribunal, sus funcionarios y las empresas que colaboran con sus operaciones.
El reconocimiento, anunciado este jueves por el Parlamento Europeo, distingue la trayectoria de una institución que durante más de dos décadas ha investigado algunos de los crímenes más graves cometidos en el mundo y cuya independencia enfrenta cuestionamientos y sanciones del Gobierno de Estados Unidos.
La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, destacó que el premio reconoce el trabajo de la Corte en defensa del derecho internacional y la justicia. También lo presentó como una señal de apoyo al multilateralismo y a las instituciones internacionales.
Según la información difundida por France 24, el galardón se produce menos de un mes después de la concesión del Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay, quien ejerció como magistrada de la CPI. Aunque se trata de reconocimientos a destinatarios distintos, ambos son presentados como señales de respaldo a la búsqueda de justicia internacional.
Un premio en medio de las presiones de Washington
La Administración del presidente Donald Trump ha intensificado su ofensiva contra la Corte por las investigaciones relacionadas con Estados Unidos y sus aliados, entre ellos Israel.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha expresado la intención de desmantelar el tribunal “ladrillo a ladrillo”, mientras Washington ha impuesto restricciones contra la institución, algunos de sus integrantes y entidades que le prestan servicios.
De acuerdo con el artículo, el Gobierno estadounidense anunció un nuevo paquete de sanciones el 9 de octubre, coincidiendo con el anuncio del Nobel de la Paz a Pillay.
La presidenta de la CPI, Tomoko Akane, señaló que el Premio Sájarov adquiere una relevancia especial en este contexto porque reafirma el papel de las instituciones judiciales independientes y de quienes trabajan para defender el derecho internacional.
Akane también advirtió que los miembros del tribunal afrontan desafíos sin precedentes para desarrollar sus funciones.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó que el reconocimiento demuestra el respaldo de Europa a Akane, a los jueces y a los funcionarios de la Corte. Asimismo, defendió que la institución debe ejercer su mandato con independencia, sin intimidaciones ni presiones.
El Parlamento Europeo recordó, mediante una nota de prensa, que sus informes anuales de 2025 ya recogían la preocupación de eurodiputados por las amenazas y las sucesivas sanciones contra el tribunal, particularmente las procedentes de Estados Unidos.
Una candidatura promovida por los socialdemócratas
La postulación de la CPI y sus funcionarios fue impulsada por el grupo de los Socialistas y Demócratas, que reúne a partidos europeos de centroizquierda.
La agrupación expresó su satisfacción por haber presentado la candidatura en un momento de ataques contra la justicia internacional.
Aunque el dirigente opositor de Tanzania Tundu Lissu figuraba entre los favoritos y contaba con el respaldo de dos grupos parlamentarios, la Corte obtuvo finalmente la mayoría en la votación celebrada a puerta cerrada.
La candidatura recibió el apoyo de socialdemócratas, liberales, verdes y representantes de la izquierda.
El efecto de las sanciones sobre el tribunal
Durante su intervención de septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Trump calificó a la CPI de institución fuera de control y arremetió contra sus integrantes.
En ese discurso, pronunciado dos semanas antes del último paquete de sanciones citado en el artículo, instó a los funcionarios a abandonar sus cargos y a los países miembros a retirarse del tribunal.
France 24 señala que, desde ese llamamiento, únicamente Naoero, la pequeña nación insular del Pacífico anteriormente conocida como Nauru, había respondido a esa exhortación.
Representantes de la CPI, incluida su presidenta y varios jueces, comparecieron ante comisiones del Parlamento Europeo durante 2025 y 2026 para explicar las consecuencias profesionales y personales de las restricciones estadounidenses.
Entre los efectos descritos figuran el congelamiento o cierre de cuentas bancarias, el rechazo de transacciones financieras, la pérdida de acceso a servicios digitales y las prohibiciones de entrada a Estados Unidos.
Human Rights Watch ha advertido que estas medidas también intimidan a bancos y empresas situados fuera de la jurisdicción estadounidense, debido al temor de perder acceso al sistema financiero de ese país.
Según el reporte, las sanciones establecen un plazo de seis meses para que empresas y particulares estadounidenses terminen sus relaciones comerciales con el tribunal.
Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido expresaron, en una declaración conjunta, su desacuerdo con las medidas y advirtieron sobre sus repercusiones en el funcionamiento de la Corte, su personal y las familias de sus empleados.
En respuesta, algunos eurodiputados han solicitado a la Comisión Europea activar el denominado estatuto de bloqueo. Este instrumento busca contrarrestar los efectos de determinadas sanciones extraterritoriales y puede impedir que ciertas decisiones estadounidenses tengan aplicación en territorio europeo, así como prohibir que empresas europeas las acaten.
Más de dos décadas investigando crímenes internacionales
La CPI tiene su fundamento en el Estatuto de Roma, aprobado el 17 de julio de 1998, y comenzó a funcionar el 1 de julio de 2002.
Su mandato consiste en juzgar a personas por genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión, cuando las jurisdicciones nacionales no puedan o no quieran investigar y procesar esos delitos.
En sus primeros años, el tribunal concentró buena parte de sus actuaciones en África. Esa orientación generó críticas sobre un posible doble rasero por la falta de investigaciones equivalentes sobre hechos vinculados con las principales potencias.
El artículo describe una ampliación desde un grupo inicial de 76 países hasta 125 Estados vinculados al sistema del Estatuto de Roma, entre ellos buena parte de las naciones occidentales.
Sin embargo, potencias como Estados Unidos, China y Rusia permanecen fuera de ese sistema. También menciona a Israel, Turquía, India, Pakistán, Irán, Arabia Saudita, Irak, Sudán, Cuba, Egipto y Etiopía entre los países que no reconocen la jurisdicción del tribunal.
De acuerdo con el recuento de France 24, Venezuela, Níger, Malí, Burkina Faso y Chad se retiraron de su jurisdicción en 2026. El medio también señala que Hungría anunció su intención de abandonar la Corte en abril de 2025, durante el Gobierno de Viktor Orbán, pero que un nuevo Gobierno canceló ese proceso en mayo de 2026.
Órdenes de arresto y procesos de alto perfil
En 2009, la CPI emitió su primera orden de detención contra un jefe de Estado en ejercicio: el entonces presidente sudanés Omar al Bashir, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Darfur. En 2010 se añadió una orden por genocidio.
Entre las actuaciones más relevantes de los últimos años figura la orden de arresto de 2023 contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la presunta deportación ilegal de niños ucranianos desde territorios ocupados.
También destacan las órdenes de 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y quien fuera su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.
En 2025, el tribunal emitió órdenes contra altos responsables talibanes por presunta persecución por motivos de género en Afganistán.
El artículo también señala que el expresidente filipino Rodrigo Duterte afronta un juicio por crímenes de lesa humanidad, cuyo inicio sitúa el próximo 30 de noviembre, por asesinatos relacionados con la llamada guerra contra las drogas entre 2011 y 2019.
Duterte fue detenido y entregado a la CPI en marzo de 2025 y, según ese reporte, el tribunal lo declaró apto para ser juzgado en abril de 2026.
Las investigaciones pueden comenzar por iniciativa de la Fiscalía, con autorización judicial, o mediante una remisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los Estados parte también pueden remitir situaciones al tribunal.
La Corte no celebra juicios en ausencia ni dispone de una fuerza policial propia, por lo que depende de la cooperación de los Estados para ejecutar las detenciones.
Según las cifras recogidas en la publicación, cuenta con más de 900 empleados de alrededor de un centenar de países y un presupuesto superior a 196 millones de euros para 2026.
Una distinción europea a la libertad de conciencia
El Premio Sájarov fue concedido por primera vez en 1988 a Nelson Mandela y Anatoli Marchenko. Desde entonces ha reconocido a disidentes, presos políticos, periodistas, abogados, escritores, madres de víctimas, representantes de minorías y defensores de los derechos humanos.
Entre sus destinatarios también figuran un grupo antiterrorista, un activista contra la tortura y un humorista gráfico.
Algunos galardonados recibieron posteriormente el Nobel de la Paz, como Mandela, Malala Yousafzai, Denis Mukwege y Nadia Murad.
Los grupos políticos del Parlamento Europeo pueden presentar candidaturas. Los eurodiputados también pueden hacerlo individualmente, siempre que cada propuesta reúna el respaldo de al menos 40 miembros de la Cámara.
Las postulaciones se examinan en una reunión conjunta de la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Desarrollo y la Subcomisión de Derechos Humanos, cuyos integrantes seleccionan a tres finalistas.
La decisión corresponde a la Conferencia de Presidentes, órgano integrado por la presidencia del Parlamento Europeo y los líderes de sus grupos políticos.
La entrega se realiza a finales de año durante una sesión plenaria oficial en Estrasburgo, Francia. En el caso de la CPI, el reconocimiento constituye una expresión de respaldo político frente a las presiones que amenazan su funcionamiento y la independencia de sus decisiones.
Fuente: France 24