Presidencia de la República y Salud Pública citados para audiencias contra resolución restringe acceso a lugares públicos
Santo Domingo, 17 Oct – En momentos en que la afluencia de personas a los centros de vacunación contra el COVID-19 sigue en aumento, entre este lunes y el martes dos cortes penales conocerán sendos recursos en contra de una resolución de Salud Pública que restringe el acceso a lugares públicos y medios de transporte.
De acuerdo a recientes datos del Ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, el país está próximo a alcanzar el 70 por ciento de vacunados con las dos dosis reglamentarias y ya pasó ese porcentaje de personas con una dosis.
Hasta la semana pasada, cerca de un 60% había recibido las dos dosis y la promesa de las autoridades es que al momento de lograrse la meta del 70% de inoculaciones recomendadas todas las medidas restrictivas quedan sin efecto.
Para este lunes 18 de octubre entran en vigencia las medidas de control anunciadas por las autoridades sanitarias que obligan a las personas a mostrar su tarjeta de vacunación para poder ingresar a lugares públicos y a medios de transporte, medida que algunos juristas consideran inconstitucional.
Tanto la Presidencia de la República como el ministerio de Salud en la persona de su titular, Daniel Rivera, han sido citados a las audiencias que ha pautado para este lunes a las 10:00 la mañana la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
Otra citación es para el martes 19 a las 9:00 de la mañana ante el Tribunal Superior Administrativo, igualmente apoderado de un recurso de oposición a la medida.
Carlos Peña, pastor evangélico y comunicador, presentó un recursos ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para el conocimiento de una medida cautelar que procura la suspensión de la resolución del Ministerio de Salud Pública que obliga a los ciudadanos a presentar su tarjeta de vacunación para ingresar a lugares públicos y medios de transporte para prevenir contagios de Covid-19.
La medida cautelar contra la resolución fue interpuesta el 12 de octubre pasado por el pastor y dirigente político, Carlos Peña, contra el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y su ministro Daniel Rivera.
Mediante el auto número 17458-2021, el presidente del TSA, Diomedes Villalona, autorizó a Peña a citar a Salud Pública y a la Procuraduría General Administrativa.
La audiencia será conocida a las 9 de la mañana por el presidente del TSA. La resolución impugnada fue emitida el 8 de octubre de 2021.
Este recurso contencioso y la medida cautelar fueron presentadas a través de los abogados María Luisa Guzmán Suarez, Francisco Puntiel Sarante, Arístides Marcelino Mena, Juan Tomás Alcántara Nova y Elizardo González Pérez.
De de otro lado, la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional citó de manera formal a la Presidencia de la República, al Ministerio de Salud y su titular Daniel Enrique De Jesús Rivera por supuestamente “tener diversas violaciones constitucionales” en torno a la obligatoriedad de la tarjeta de vacunación.
Los abogados Yan Carlos Martínez Segura y Eli Saúl Barbi Castro, quienes solicitaron que el procedimiento sea declarado de extrema urgencia y se conozca antes del 18 de octubre del presente año 2021.
Este recurso será conocido este el lunes 18 del presente mes de octubre a las 10:00 de la mañana.
Los abogados elevaron su instancia contra la Presidencia de la República, representada por Luis Abinader– y el Ministerio de Salud Pública, en la persona de su titular Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes.
Argumentan que la disposición de Salud Pública atenta contra los artículos de la Constitución 38 (Dignidad humana); 39 (Derecho a la igualdad); 40 (Derecho a la libertad y seguridad personal); 42 (Derecho a la integridad personal); 62 (Derecho al trabajo) y 74 (principios de aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales).
Además, los artículos 3 y 4 de la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.
“En razón de que existe una seria amenaza a los derechos fundamentales de la colectividad, en consecuencia de los accionantes, una amenaza que supone la limitación de amplios derechos constitucionales, a millones de ciudadanos con consecuencias insospechadas y generadoras de consecuencias incluso que perturben la paz y el orden público, generando caos, violencia y desorden en las vías, transporte público y espacios de recreación”, aduce el documento con fecha 10 de octubre.
La cita está contenida en el Auto civil núm. 504-2021-SAUT-0345 con el número único de caso 2021-0020013.
