Presidente Herzog se encomienda la misión de salvar la democracia en Israel
Jerusalén, 16 mar (EFE).- Ante la fractura social que vive Israel por la reforma judicial, el presidente Isaac Herzog se ha visto obligado a abandonar las labores más protocolares y representativas propias de su cargo para meterse de lleno en política, con el objetivo declarado de evitar una crisis constitucional y salvar la democracia en el país.
Después de semanas dialogando con Gobierno y oposición, así como con otros agentes sociales, el presidente presentó anoche en una intervención televisada su plan alternativo para la reforma judicial, una «Directriz popular» le llamó, que busca matizar los aspectos más polémicos de la planeada por el gobierno de Benjamín Netanyahu.
Cuando su nuevo Ejecutivo, el más derechista y religioso de la historia de Israel, anunció a principios de enero, cuando solo llevaba seis días en el poder, su plan de reforma judicial, el país sufrió un importante cataclismo social, con protestas multitudinarias y la firme oposición de importantes sectores, como el bancario, el empresarial o el científico, e incluso el de magistrados, expolíticos y militares.
«Aquellos que piensan que una guerra civil es algo a lo que no podemos llegar, no tienen idea», advirtió anoche Herzog sobre las posturas antagónicas que ha visto en esas reuniones, que le llevaron a formular esta reforma alternativa en aras de lograr «paz y justicia» en un país cada vez más polarizado, crispado y fracturado.
El presidente, que generalmente adopta un segundo plano en el debate político y presta su imagen a causas de unidad nacional como las relaciones con la diáspora judía, temas sociales y culturales, o iniciativas que promuevan la convivencia interreligiosa, ha tenido que dar un cambio de rumbo a su mandato para calmar los ánimos e impulsar una directriz de cariz político.
«En mi vida, en mis peores pesadillas, nunca pensé que escucharía tales palabras, incluso si son de una minoría. Escuché una retórica sorprendente. Escuché un odio real y profundo a gente de todos los partidos, a los que la idea de sangre en las calles ya no les choca», lamentó el presidente.
Herzog lleva semanas advirtiendo del «abismo» al que se asoma Israel por la reforma -cuyas leyes fundamentales ya han pasado la aprobación preliminar en la Knéset (Parlamento israelí) y se espera que se apruebe definitivamente antes del receso parlamentario por la Pascua Judía a principios de abril- y, de forma insólita, se ha mostrado abiertamente en contra de la misma. «Es un día de luto», dijo cuando esa legislación «opresiva» se aceptó a trámite en el Parlamento.
RECHAZO DEL GOBIERNO
Aunque Herzog aseguró haber diseñado esta propuesta tras haber escuchado las posturas de más de mil israelíes de diversos sectores, el gobierno de coalición la rechazó casi de inmediato y la tildó de «unilateral, parcial e inaceptable».
«Las secciones clave del plan que presentó solo perpetúan la situación existente y no brindan el equilibrio requerido a las autoridades israelíes. Esta es la desafortunada verdad», indicó Netanyahu sobre la propuesta presidencial, que sí fue bien acogida por la oposición como una solución «seria» y «equilibrada».
El presidente volvió a pronunciarse hoy sobre las reacciones que ha suscitado su «Directriz popular», que defendió como una «base para el diálogo nacional» para evitar la reforma radical del sistema judicial que pretende la coalición. «Acepto las críticas constructivas con amor y gran respeto”, agregó.
En esencia, la directriz de Herzog propone un punto intermedio entre la reforma gubernamental y el actual sistema de equilibrios entre los poderes del Estado, que incluso algunos detractores del plan de la coalición creen que es necesario modificar.
Entre los aspectos más polémicos de la reforma impulsada por Netanyahu figura la «cláusula de anulación» -que impedirá al Supremo revisar y anular leyes o normas que sean anticonstitucionales-, además de otorgar control total al Ejecutivo sobre el nombramiento de los jueces y permitir que cargos políticos ocupen los puestos de asesores legales en los ministerios, algo que muchos ven como una clara politización de la Justicia en menoscabo de su independencia.
El plan de Herzog limitaría los poderes del Supremo para intervenir en las políticas del gobierno, aunque mantiene su capacidad de controlar decisiones ministeriales. El listón para que el máximo tribunal pueda descalificar una ley se elevó a una mayoría de siete de once jueces, cuando ahora solo requiere una mayoría simple, pero lejos del plan gubernamental de suprimir totalmente la revisión judicial de las leyes.
Sobre la elección de jueces, Herzog propone la creación de un comité de selección integrado por 11 miembros: cuatro desde la coalición de gobierno (tres ministros y un diputado); tres del poder judicial (el presidente del Supremo y otros dos jueces); dos de la oposición; y el ministro de Justicia nombraría a otros dos juristas en acuerdo con la presidencia del Supremo.
Los nombramientos de los jueces del Supremo requerirán una mayoría de siete sobre los 11 miembros del comité -entre los que deberá haber al menos cuatro mujeres y un árabe-; y la elección de su presidente se mantendrá por antigüedad, algo que busca eliminar el Gobierno.
Sara Gómez Armas
