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miércoles, 1 de julio de 2026

Prisión preventiva y arresto domiciliario por caso Onco14 en Santiago

·30 de junio de 2026·3
Prisión preventiva y arresto domiciliario por caso Onco14 en Santiago
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Santo Domingo, 30 junio.– Un tribunal de la provincia de Santiago acogió de manera íntegra la solicitud presentada por el Ministerio Público e impuso 18 meses de prisión preventiva a dos de los principales imputados de la Operación Onco14, al tiempo que dispuso arresto domiciliario para una tercera procesada, dentro de una investigación por presuntas maniobras fraudulentas que habrían afectado al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes con cáncer y al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

La decisión fue adoptada por la jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, quien además declaró el proceso como un caso complejo debido a la magnitud de los hechos investigados y al volumen de las pruebas presentadas por el órgano acusador.

Como parte de la medida de coerción fueron enviados a prisión preventiva Héctor Antonio Lora Cruceta y su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, mientras que la exesposa de Lora Cruceta, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, deberá cumplir arresto domiciliario.

Tras conocerse la decisión, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procuradora de corte Mirna Ortiz, destacó que el tribunal acogió en su totalidad los planteamientos del Ministerio Público y valoró la solidez de las evidencias presentadas durante la audiencia.

Ortiz afirmó que las investigaciones continuarán y advirtió que el proceso penal aún no concluye.

“Seguiremos investigando, habrán más imputados”, expresó la representante del Ministerio Público al concluir la audiencia.

La magistrada participó en la sustentación del expediente junto al procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público; la procuradora de corte Quirsa Abreu, titular de la Fiscalía de Santiago, así como los fiscales Joanna García y Elvin Ventura.

De acuerdo con Ortiz, el tribunal concluyó que la solicitud de medidas de coerción estaba ampliamente fundamentada y respaldada por suficientes elementos probatorios que vinculan a los imputados con los hechos investigados.

Indicó que la acusación fue sustentada mediante peritajes técnicos y otras pruebas especializadas que permitieron establecer la presunta participación de los procesados en la estructura investigada.

La procuradora sostuvo que esa decisión judicial constituye una nueva muestra de la fortaleza de los procesos desarrollados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.

En relación con la decisión de imponer arresto domiciliario a una de las imputadas, Ortiz aclaró que el Ministerio Público no mantiene hasta el momento ningún acuerdo de colaboración o criterio de oportunidad con los procesados.

No obstante, explicó que la institución toma en consideración la conducta procesal de aquellos imputados que admiten responsabilidad, manifiestan disposición de responder ante la justicia y muestran un menor riesgo de fuga que quienes mantienen una defensa de rechazo absoluto de las imputaciones.

Como parte de la decisión judicial, Héctor Antonio Lora Cruceta y Luisa Yasiris Guzmán deberán cumplir la prisión preventiva en los Centros de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres y Rafey Mujeres, respectivamente, en Santiago.

Presunta estructura de fraude

Según el Ministerio Público, la investigación de la Operación Onco14 reveló la existencia de una estructura organizada que habría desarrollado múltiples mecanismos para desviar recursos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y del Instituto Oncológico Regional del Cibao.

Entre los delitos investigados figuran fraude clínico y farmacéutico mediante la alteración de indicaciones médicas, utilización de sellos médicos falsificados, doble facturación al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y la entrega incompleta de medicamentos destinados a pacientes con cáncer.

Las pesquisas también abarcan la presunta prohibición de donaciones gratuitas de medicamentos, la comercialización de fármacos donados, contrabando aprovechando exoneraciones fiscales y tráfico de sustancias controladas.

Asimismo, el expediente señala la supuesta utilización de habitaciones del centro oncológico para la realización de cirugías estéticas, gastos de representación considerados ilegítimos, reembolsos fraudulentos por viajes y hospedajes, sabotaje de sistemas informáticos, robo de archivos institucionales y presuntas operaciones de lavado de activos.

Los imputados

Durante la ejecución de la Operación Onco14 fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao.

También fue detenida su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida.

En tanto, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien se divorció del imputado en 2014, fue identificada por el Ministerio Público como exvicepresidenta del Patronato y responsable de desempeñarse tanto como auditora interna como auditora externa de la institución durante la gestión de Lora Cruceta.

Empresas y fundaciones bajo investigación

El Ministerio Público sostiene que los imputados, junto con las razones sociales Vargas Lora & Asociados —actualmente denominada Vargas Guzmán Accounting Center— y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, habrían participado en la distracción de fondos mediante diversos mecanismos fraudulentos.

La investigación también establece que los procesados presuntamente sobornaban a distribuidoras de medicamentos y utilizaron la Fundación Tócate para desviar recursos económicos y facturar al SeNaSa servicios médicos y medicamentos que, según la acusación, nunca fueron suministrados a pacientes del Instituto Oncológico Regional del Cibao.

Otro de los mecanismos detectados por los investigadores consistía, presuntamente, en la autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios económicos que no corresponden al personal de organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la atención de pacientes con cáncer.

El Ministerio Público indicó que las investigaciones continúan abiertas y que no descarta la presentación de nuevas imputaciones conforme avancen las diligencias y se incorporen nuevos elementos probatorios al expediente de la Operación Onco14.

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