PRM, estatutos y democracia
Guido Gómez Mazara
Las razones que motivaron al nacimiento del PRM están asociadas a la degradación de las prácticas democráticas en el PRD. Por eso, cuando segmentos esenciales de la sociedad endosaron electoralmente al partido de Gobierno, sentían que apostaban a un proyecto político auténticamente moderno y en capacidad de conducir por los senderos de la civilización el debate de las ideas.
De nefasta recordación, pero vale la pena no olvidar, la desconexión existente entre las organizaciones y anhelos de sus estructuras medias y de base, siempre deseosas de una vinculación capaz de trascender la lógica utilitarista y aproximarlos a una relación respetuosa en la que “su importancia” no se reduzca a tiempos de búsqueda del poder.
Innegablemente, el PRM es un partido nuevo. Ahora bien, cubrirse bajo el manto de una organización en construcción no puede activar el molestoso circuito de reproducir las viejas conductas que llevaron a la bancarrota al viejo instrumento. De ahí que no parecerse al periodo traumático encabezado por Miguel Vargas Maldonado constituye un desafío constante, debido a que todo intento en calcar sus aberraciones autoritarias, ganaría espacios en una sociedad que entendería que cambiamos de casa y seguimos con las mismas mañas.
Ya resulta insostenible imponer las clásicas trampas partidarias a la ciudadanía. Además, los niveles de evolución institucional y constitucionalización de los partidos, siembra en la conciencia de los militantes la facultad de utilizar las vías jurídicas para reclamar los excesos y resabios de instancias directivas. De paso, la abundante jurisprudencia en el Tribunal Superior Electoral (TSE) y Tribunal Constitucional (TC) reivindica un avance sustancial en los derechos de los miembros de la partidocracia que, históricamente sus calidades y facultades para desarrollarse descansaban en el criterio del amo y/o líder de turno, sin necesariamente gozar de la legitimidad democrática.
Celebro que la Comisión de Reforma Estatutaria del PRM, después de meses de trabajo, preserve el criterio de que los mandos directivos sean seleccionados mediante el voto universal, directo y secreto. Así, se enaltece la cultura democrática que tanto trabajo costó a un ejército de hombres y mujeres que por largos años dedicó horas rompiendo el cerco a exponentes decimonónicos de la selva política, siempre aptos para reducir la actuación de las organziaciones a su interés personal. Y es que en la intención de sustituir la voluntad de las bases, tendrán la intención de preservar sus privilegios, y a golpes de convención de delegados y piruetas argumentales, andan sedientos de saltar los mecanismos de pluralidad porque su interpretación de la democracia no se corresponde con el siglo 21.
