Procompetencia advierte que la competencia desleal amenaza la inversión y pide aprobar nueva ley antimonopolio
Santo Domingo, 12 junio. La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia), María Elena Vásquez Taveras, advirtió que la competencia desleal se ha convertido en una de las principales amenazas para la inversión, la productividad y el desarrollo empresarial en la República Dominicana, debido a que genera ventajas ilegítimas para quienes incumplen las normas y perjudica a las empresas que operan conforme a la ley.
La funcionaria hizo un llamado al sector empresarial y a la sociedad dominicana para respaldar la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica, iniciativa que, según explicó, permitirá fortalecer la capacidad del Estado para prevenir, investigar y sancionar las prácticas que distorsionan el funcionamiento de los mercados, además de ofrecer mayores garantías para la inversión y el crecimiento económico.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante la conferencia titulada “Competencia desleal, fortalecimiento institucional y el rol de Procompetencia frente a las prácticas que distorsionan los mercados”, impartida en el marco de un encuentro empresarial organizado por la Unión Nacional de Empresarios (UNE).
Durante su intervención, Vásquez Taveras sostuvo que la competencia desleal va más allá de los conflictos privados entre empresas y debe ser considerada un problema de política pública por sus efectos sobre la inversión, la innovación, la productividad y el desarrollo económico del país.
“La competencia desleal afecta el funcionamiento eficiente de los mercados y limita las oportunidades de crecimiento de quienes cumplen con las reglas.
Las empresas honestas no temen a la competencia; lo que necesitan es que las reglas sean iguales para todos”, expresó.
La presidenta de Procompetencia explicó que cuando una empresa obtiene ventajas mediante engaños, generación de confusión en el mercado, aprovechamiento indebido de la reputación de terceros o cualquier otra conducta contraria a la buena fe comercial, se altera el equilibrio competitivo y se perjudica a quienes actúan de manera legítima.
En ese sentido, destacó que las políticas de competencia no solo tienen como objetivo proteger a los consumidores, sino también a los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas, las industrias que cumplen con sus obligaciones legales y, en general, a todos los agentes económicos que compiten mediante la eficiencia, la innovación y la calidad de sus productos y servicios.
Por su parte, el presidente de la Unión Nacional de Empresarios (UNE), Julio García, manifestó el respaldo de la organización a los esfuerzos que realiza Procompetencia para promover y defender la competencia efectiva en beneficio de los consumidores y del aparato productivo nacional.
García consideró que la entidad puede desempeñar un papel fundamental no solo como organismo sancionador, sino también como una institución aliada del desarrollo económico, capaz de identificar barreras administrativas, obstáculos regulatorios y normativas innecesarias que limitan la libre empresa y afectan la competitividad.
“La competencia es indispensable para una economía sana. Promueve la eficiencia, incentiva la innovación y contribuye a ofrecer mejores precios y servicios a los consumidores. Sin embargo, también es necesario garantizar seguridad jurídica, reglas previsibles y proporcionalidad regulatoria para asegurar inversiones sostenibles”, afirmó el dirigente empresarial.
Limitaciones del marco legal vigente
Durante la conferencia, Vásquez Taveras reconoció que, aunque Procompetencia ha logrado avances importantes en los últimos años, todavía existen limitaciones estructurales que reducen la capacidad de respuesta institucional frente a las prácticas anticompetitivas y los actos de competencia desleal.
Entre las principales debilidades identificadas citó la insuficiencia de facultades sancionadoras en materia de competencia desleal, las dificultades para acceder oportunamente a información relevante durante las investigaciones, la fragmentación institucional existente en la aplicación de las normas de competencia y la ausencia de herramientas modernas utilizadas en jurisdicciones más avanzadas.
La funcionaria indicó que estas limitaciones han sido señaladas por diversos organismos internacionales, entre ellos la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa para el Desarrollo del Derecho Comercial (CLDP), entidades que han recomendado fortalecer el marco jurídico e institucional dominicano en materia de competencia.
Propuesta de nueva legislación
La iniciativa legislativa impulsada por Procompetencia contempla la creación de la Autoridad Nacional Antimonopolio y Competencia Económica (Anace), organismo que asumiría mayores competencias para supervisar y proteger el correcto funcionamiento de los mercados.
Asimismo, propone establecer un régimen general de control de concentraciones económicas, implementar programas de clemencia para facilitar la detección de cárteles empresariales, ampliar las facultades de investigación y crear mecanismos más efectivos para garantizar el acceso a información relevante durante los procesos de investigación.
El proyecto también plantea un régimen sancionador actualizado y acorde con las mejores prácticas internacionales, con el propósito de fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar conductas anticompetitivas.
Uno de los aspectos más innovadores de la propuesta es la incorporación de un marco normativo moderno para prevenir, investigar y sancionar la competencia desleal.
La legislación incluiría disposiciones específicas contra prácticas como los actos de engaño, la generación de confusión en el mercado, la publicidad engañosa, la explotación indebida de reputación ajena, la imitación desleal, la denigración de competidores, la violación de secretos empresariales y la inducción al incumplimiento contractual.
De igual manera, la iniciativa permitiría sancionar no solo a las empresas involucradas en prácticas anticompetitivas, sino también a las personas físicas que participen, faciliten, ordenen o ejecuten este tipo de conductas.
Según explicó Vásquez Taveras, esta disposición fortalecería significativamente la capacidad disuasoria del sistema y contribuiría a reducir espacios de impunidad dentro de los mercados.
La presidenta de Procompetencia concluyó señalando que las economías más exitosas y prósperas son aquellas que cuentan con instituciones sólidas, reglas claras, mercados abiertos y autoridades capaces de garantizar condiciones de competencia justas para todos los participantes.
A su juicio, la aprobación de la nueva Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica representaría un paso decisivo para fortalecer la confianza en los mercados, impulsar la inversión privada y promover un entorno económico más competitivo y transparente en la República Dominicana.