Procurador adjunto anuncia versión 2.0 del Caso Cobra con nuevos implicados: “Se hará justicia caiga quien caiga”
SANTO DOMINGO, 15 Diciem bre. – El procurador adjunto Wilson Camacho anunció que el Ministerio Público presentará en breve la versión 2.0 de la Operación Cobra, con la que buscará llevar ante los tribunales a más personas físicas y jurídicas vinculadas al millonario entramado de corrupción que afectó al Servicio Nacional de Salud (SeNaSa).
El anuncio fue realizado tras la decisión del juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena Ferreras, quien impuso medidas de coerción a los diez imputados iniciales del caso, incluyendo prisión preventiva, arresto domiciliario, impedimento de salida y garantías económicas.
Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, aseguró que el órgano persecutor trabaja “día y noche, sin descanso” para que todos los responsables de este “fraude atroz” enfrenten la justicia. Reiteró que la investigación continúa y advirtió que “la segunda fase del caso será presentada en el menor tiempo posible”.
Prisión preventiva para siete imputados
El juez Sena Ferreras impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y señalado como cabecilla del esquema delictivo, junto a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo. Todos fueron enviados a los centros penitenciarios Najayo Hombres y Najayo Mujeres.
Mientras tanto, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella recibieron arresto domiciliario, además de la imposición de garantías económicas y la prohibición de salir del país.
“Una locura colectiva”, según el tribunal
El juez destacó la gravedad de los hechos, calificándolos como “crueles, muy graves” y una “traición” al pueblo dominicano. Según relató Camacho, durante la audiencia el magistrado llegó a comparar el entramado con una “forma de holocausto”, por el nivel de daño que provocó a los beneficiarios del sistema público de salud.
El procurador adjunto indicó que la decisión del tribunal se basó en tres pilares: la extrema gravedad de los hechos, la fortaleza de la investigación del Ministerio Público —que fue valorada como “contundente” por el juez— y la colaboración prestada por algunos de los imputados, lo cual influyó en las medidas impuestas.
Camacho encabezó el equipo del Ministerio Público junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y los fiscales Rosa Alba García, Enmanuel Ramírez, Yudelka Holguín, Alexis Piña, Ernesto Guzmán y Aurelio Valdez.
“No habrá impunidad”
En declaraciones posteriores a la audiencia, Camacho afirmó que “todos los imputados están, de una u otra forma, privados de libertad”, y reiteró el compromiso del Ministerio Público de seguir avanzando en el caso hasta alcanzar la rendición total de cuentas.
“El Ministerio Público se apresta a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que todas estas personas respondan ante el banquillo de los acusados por los hechos atroces que han cometido”, subrayó.
Finalmente, Camacho reafirmó la independencia del Ministerio Público y advirtió que “todo el que haya sustraído el patrimonio público será procesado, sin importar su posición o influencia”.
