Prohibición de CNN, MS NOW y Politico en la Casa Blanca desata críticas y abre nueva disputa constitucional sobre libertad de prensa
WASHINGTON., 20 sept– La decisión del presidente Donald Trump de prohibir el acceso a la Casa Blanca de periodistas de CNN, MS NOW y Politico provocó fuertes reacciones entre organizaciones periodísticas y defensores de las libertades civiles en Estados Unidos, que consideran la medida una nueva prueba para las protecciones que la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense concede a la libertad de expresión y de prensa.
La prohibición, anunciada por Trump el viernes y aplicada el sábado, impidió a periodistas de los tres medios ingresar a los terrenos de la Casa Blanca. Reporteros afectados indicaron que sus credenciales fueron desactivadas y, en algunos casos, confiscadas cuando intentaron entrar para realizar su trabajo habitual.
Trump justificó públicamente la medida acusando a CNN, MS NOW —anteriormente MSNBC— y Politico de publicar lo que calificó como noticias falsas, ficción y mentiras sobre su Gobierno. El mandatario advirtió además que otros medios podrían ser incluidos posteriormente en la prohibición.
CNN respondió que continuará informando sobre la administración y defendió el trabajo de sus periodistas. Politico aseguró que mantendrá su cobertura de la Casa Blanca y que defenderá sus derechos amparados por la Primera Enmienda. MS NOW sostuvo que la Casa Blanca pertenece al pueblo estadounidense y anunció que adoptará las medidas necesarias para defender la libertad de prensa.
La Associated Press (AP) también expresó respaldo a las organizaciones afectadas y sostuvo que ninguna persona u organización periodística debería sufrir represalias gubernamentales por las palabras que utiliza.
Periodistas tuvieron que informar desde fuera de la Casa Blanca
La corresponsal de CNN Betsy Klein explicó que cuando llegó a trabajar el sábado descubrió que su credencial había sido desactivada. Un agente del Servicio Secreto terminó retirándole la identificación y la remitió a la oficina de prensa de la Casa Blanca para obtener explicaciones.
Una situación similar enfrentó Akayla Gardner, de MS NOW. La periodista logró superar inicialmente dos controles, pero al llegar al punto donde debía escanear su credencial le comunicaron que había sido desactivada y le pidieron entregarla. Un productor del canal pudo ingresar, aunque también fue desactivada la credencial de un fotógrafo.
Politico informó igualmente que su periodista Cheyenne Haslett fue rechazada cuando intentó ingresar y que su acreditación fue confiscada.
Organizaciones de prensa denuncian represalia
La decisión generó críticas de organizaciones especializadas en libertad de expresión. Freedom of the Press Foundation consideró que excluir a medios debido al contenido de su cobertura constituye una violación de la Primera Enmienda, mientras el National Press Club advirtió que la prohibición representa un serio desafío a la libertad periodística.
Jameel Jaffer, director ejecutivo del Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia, también cuestionó la decisión y recordó que los tribunales estadounidenses han establecido límites a la capacidad del Gobierno para discriminar contra periodistas debido a sus posiciones editoriales.
Una cuestión jurídica importante es la diferencia entre el acceso general de periodistas acreditados a las instalaciones destinadas a la prensa y el ingreso a espacios reducidos o actividades presidenciales específicas. Los tribunales han reconocido una discrecionalidad gubernamental mayor en lugares con espacio limitado, pero también han establecido protecciones contra decisiones arbitrarias o represalias basadas en el contenido de la cobertura.
¿Viola la Constitución?
La controversia gira alrededor de la Primera Enmienda, que establece que el Congreso no aprobará leyes que restrinjan la libertad de expresión o de prensa. Esa protección se ha extendido jurídicamente frente a acciones del Gobierno federal.
Especialistas en libertad de expresión citados por Reuters consideran que la prohibición anunciada por Trump entra en conflicto con esas garantías constitucionales, especialmente si puede demostrarse que el acceso fue retirado como represalia directa por el contenido periodístico. Sin embargo, la cuestión concreta puede terminar nuevamente ante los tribunales y dependerá, entre otros elementos, del tipo de acceso restringido y de las razones y procedimientos empleados por la administración.
Por esa razón, jurídicamente resulta más preciso señalar que la decisión ha sido denunciada como una posible violación de la Primera Enmienda, y no afirmar como hecho definitivamente establecido que Trump violó la Constitución. Una determinación vinculante sobre la legalidad de esta medida correspondería a los tribunales.
Antecedente con CNN durante el primer mandato
El enfrentamiento tiene antecedentes importantes. En 2018, durante su primera administración, la Casa Blanca retiró temporalmente la credencial del corresponsal de CNN Jim Acosta después de un tenso intercambio con Trump durante una conferencia de prensa.
CNN acudió a los tribunales y un juez federal ordenó restablecer temporalmente la credencial de Acosta. El episodio se convirtió en uno de los primeros grandes enfrentamientos judiciales entre la administración Trump y un medio por el acceso de sus periodistas a la Casa Blanca.
Trump ha mantenido durante años una relación particularmente conflictiva con determinados medios y periodistas, a los que frecuentemente acusa de difundir noticias falsas cuando cuestiona sus informaciones.
AP protagoniza otra batalla judicial
Un enfrentamiento más reciente ocurrió en 2025, después de que la administración restringiera el acceso de periodistas de The Associated Press a determinados acontecimientos en el Despacho Oval, Air Force One y otros espacios debido a que la agencia continuó utilizando el nombre Golfo de México, aunque explicaba que Trump había ordenado al Gobierno estadounidense denominarlo Golfo de América.
AP demandó a funcionarios de la administración argumentando que estaba siendo castigada por una decisión editorial. Un tribunal federal de primera instancia concluyó que el Gobierno había tomado represalias indebidas contra la agencia. El litigio continuó posteriormente ante una corte federal de apelaciones y todavía plantea cuestiones sobre hasta dónde llega la discrecionalidad presidencial para determinar quién participa en actividades con espacio limitado.
La administración argumenta que la Casa Blanca dispone de amplia capacidad para seleccionar a los periodistas que integran grupos reducidos destinados a cubrir actividades presidenciales. AP sostiene, en cambio, que esa facultad no permite discriminar contra una organización debido a las palabras o criterios editoriales que emplea.
Demandas y enfrentamientos con otros medios
Los conflictos de Trump con la prensa no se limitan a las acreditaciones. Desde su regreso a la Presidencia ha mantenido disputas y acciones legales contra organizaciones como The New York Times, The Wall Street Journal y la BBC, mientras su administración ha sostenido otro enfrentamiento relacionado con ABC y sus licencias de radiodifusión.
En agosto pasado, la Casa Blanca también protagonizó una controversia con la periodista de CNN Kristen Holmes después de una pregunta dirigida al presidente. Una cuenta oficial de respuesta rápida de la administración publicó críticas personales contra la reportera e hizo referencia a sus hijos, provocando el rechazo de CNN y de otros periodistas.
Un debate que trasciende a los medios afectados
La controversia ocurre en un momento en que una parte considerable de los estadounidenses manifiesta preocupación por la situación de la libertad de prensa. Encuestas de Pew Research Center divulgadas este año encontraron que alrededor de tres cuartas partes de los estadounidenses consideran importante la libertad de prensa para el bienestar de la sociedad, aunque existen profundas diferencias partidistas sobre cuándo el Gobierno debería poder imponer restricciones.
El mismo estudio encontró que 44% de los estadounidenses considera que la libertad de prensa ha disminuido, aunque las percepciones varían significativamente según la identificación política.
La disputa plantea así una cuestión que probablemente volverá a los tribunales: hasta dónde llega la autoridad presidencial para administrar el acceso físico a la Casa Blanca y en qué momento esa potestad se convierte en una represalia gubernamental contra medios debido al contenido de sus informaciones.
Por ahora, CNN, MS NOW y Politico mantienen que continuarán cubriendo a Trump y su administración, mientras organizaciones defensoras de la libertad de prensa reclaman que las restricciones sean impugnadas. La Casa Blanca, por su parte, sostiene que los medios afectados difunden informaciones falsas, argumento rechazado por las organizaciones periodísticas involucradas.
Fuentes principales: The Associated Press, Reuters, NPR, The Washington Post, Axios, Freedom of the Press Foundation y documentación del litigio AP-Casa Blanca.