Prorrogarán por tres meses la entrada en vigencia del Código Penal para revisar artículos cuestionados
Santo Domingo, 7 julio.– La entrada en vigencia del nuevo Código Penal, prevista inicialmente para el próximo 3 de agosto de 2026, será prorrogada por un período adicional de tres meses con el propósito de que el Congreso Nacional disponga del tiempo necesario para introducir modificaciones a varios artículos que han sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte de juristas, gremios profesionales, organizaciones de la sociedad civil y distintos sectores de la población.
La información fue dada a conocer este martes por el periodista Julio Martínez Pozo durante la transmisión del programa El Sol de la Mañana, donde explicó que la decisión busca abrir un espacio para consensuar cambios a las disposiciones más controvertidas de la legislación antes de que esta comience a aplicarse.
De concretarse la prórroga, el Código Penal permanecería en su período de vacatio legis por tres meses adicionales, aplazando la fecha de su entrada en vigor mientras el Poder Legislativo conoce las reformas consideradas prioritarias. La legislación fue promulgada en agosto de 2025 con un período de un año antes de su aplicación.
Entre los puntos que generarían mayor atención durante la revisión figuran las disposiciones relativas a los delitos de difamación e injuria cometidos a través de medios digitales y redes sociales, las sanciones por desacato, ultraje a funcionarios públicos y otras figuras que diversos sectores consideran podrían restringir el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
Asimismo, se plantea revisar artículos que establecen penas de prisión y multas consideradas excesivas por especialistas en derecho penal, quienes sostienen que algunas sanciones no guardan proporcionalidad con la gravedad de las conductas castigadas y podrían generar conflictos de interpretación en los tribunales.
Otro de los temas que ha provocado amplio debate es el denominado "derecho al olvido digital", así como disposiciones relacionadas con la responsabilidad penal por publicaciones en plataformas electrónicas, aspectos que periodistas, medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos fundamentales entienden requieren una redacción más precisa para evitar posibles limitaciones al derecho ciudadano de informar y opinar. Estas han sido algunas de las principales objeciones planteadas por diversos sectores desde la aprobación de la ley.
Durante las últimas semanas también se han presentado propuestas legislativas y planteamientos de juristas para ampliar el período previo a la entrada en vigencia del Código Penal con el objetivo de corregir los artículos más controversiales antes de su aplicación, aunque hasta ahora existían posiciones encontradas dentro del propio Congreso sobre la conveniencia de posponer la normativa.
La eventual prórroga permitiría al Congreso discutir las observaciones formuladas por distintos sectores sociales, procurando alcanzar un mayor consenso sobre una legislación que moderniza el sistema penal dominicano, pero que al mismo tiempo ha despertado preocupación por el alcance de algunas de sus disposiciones y la severidad de varias de las penas contempladas.
Hasta el momento, las autoridades legislativas no habían emitido un comunicado oficial sobre la extensión del plazo, mientras se espera que en las próximas horas se ofrezcan detalles del mecanismo legal que haría posible aplazar la entrada en vigencia de la normativa para facilitar la aprobación de las modificaciones propuestas.