Protestas universitarias sacuden Argentina y agravan pulso con Milei por fondos, salarios y becas
Buenos Aires, 16 de octubre de 2026.— Argentina vive una nueva escalada de protestas contra el Gobierno de Javier Milei, con las universidades públicas como centro de un conflicto que combina reclamos presupuestarios, deterioro salarial y una disputa sobre el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización del jueves terminó en Buenos Aires con enfrentamientos, gases lacrimógenos, camiones hidrantes y al menos 31 detenidos.
La quinta Marcha Federal Universitaria reunió a estudiantes, docentes, trabajadores y autoridades académicas frente al Congreso, mientras se desarrollaban manifestaciones en otras ciudades. La convocatoria exigió recursos para sostener las instituciones y recuperar ingresos afectados por la inflación.
El Ministerio de Seguridad informó de ocho agentes heridos. La ministra Alejandra Monteoliva advirtió que quienes agredieran a efectivos o destruyeran bienes públicos deberían responder ante la Justicia, y las autoridades anunciaron actuaciones penales por los incidentes.
Los organizadores, por su parte, repudiaron la intervención policial y denunciaron que obligó a interrumpir el acto central. El Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina y el Consejo Interuniversitario Nacional sostuvieron que la movilización era pacífica y ratificaron que mantendrán sus reclamos.
El origen inmediato de la protesta es la exigencia de aplicar una ley que dispone recursos para salarios, becas y funcionamiento universitario. El Congreso la ratificó después de un veto presidencial, pero su ejecución continúa enfrentando al Ejecutivo con las universidades en los tribunales.
El Gobierno argumenta que su aplicación compromete el equilibrio fiscal, uno de los pilares de su política económica. Las instituciones educativas responden que existen decisiones judiciales que ordenan cumplir las disposiciones sobre salarios y becas, y que la falta de ejecución amenaza su sostenimiento.
En los días anteriores a la marcha se realizaron huelgas, cortes de calles y clases públicas. También se conoció una sanción judicial contra el Ejecutivo por incumplir una medida cautelar relacionada con el financiamiento, lo que añadió tensión al conflicto.
Para docentes y trabajadores, la crisis se expresa principalmente en la pérdida de poder adquisitivo. Testimonios recogidos durante la movilización describen dificultades para cubrir gastos básicos y renuncias de profesores que buscan otras fuentes de ingresos.
Los estudiantes reclaman, además, actualizar las ayudas económicas necesarias para continuar sus carreras. La preocupación abarca el transporte, los materiales de estudio y las condiciones para permanecer en un sistema que, aunque gratuito, exige gastos cotidianos.
En una declaración conjunta publicada el 15 de octubre, las organizaciones universitarias advirtieron que el deterioro presupuestario afecta también la investigación, los laboratorios, el equipamiento y las actividades que las universidades desarrollan en las comunidades.
El Consejo Interuniversitario Nacional sostuvo que el proyecto de Presupuesto 2027 no contempla las partidas necesarias para cumplir la ley ni recuperar las pérdidas acumuladas. Su propuesta plantea incrementar los recursos universitarios un 33.4 % respecto de lo previsto por el Ejecutivo.
La protesta también recibió el acompañamiento de científicos, jubilados, trabajadores de la salud y personas con discapacidad, que incorporaron demandas propias frente al ajuste. Esa confluencia amplió el alcance de una movilización cuyo reclamo principal sigue siendo el financiamiento educativo.
Los incidentes comenzaron en las inmediaciones del Congreso, donde un grupo de personas encapuchadas arrojó objetos contra el vallado y las fuerzas de seguridad. Los agentes respondieron con gases y agua a presión, que alcanzaron sectores de la concentración y dificultaron la lectura del documento final.
Al cierre de los reportes consultados este viernes, no se había anunciado un acuerdo que resolviera el conflicto. La controversia sigue abierta entre un Gobierno que defiende la disciplina fiscal y una comunidad universitaria que exige cumplir la ley y garantizar las condiciones para enseñar, investigar y estudiar.