Proyecto de cable submarino entre República Dominicana y Puerto Rico sigue a la espera de permisos y aprobación oficial
San Juan, Puerto Rico, 14 julio.– El proyecto para construir un cable submarino de transmisión eléctrica entre República Dominicana y Puerto Rico continúa avanzando en su fase de planificación, aunque todavía depende de la obtención de diversos permisos locales y federales, así como de la aprobación de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) de Puerto Rico, informó el periódico El Diario, de San Juan.
De acuerdo con el medio puertorriqueño, el presidente y fundador de Caribbean Transmission Development Co. LLC (CTDC), Rafael Vélez Domínguez, explicó que, pese a que la empresa obtuvo en febrero pasado el permiso presidencial del Gobierno de Estados Unidos, aún debe completar un amplio proceso regulatorio antes de iniciar la construcción de la infraestructura energética que busca interconectar ambos países.
Según declaró Vélez Domínguez a El Diario, la autorización presidencial representó un paso decisivo porque implicó la evaluación favorable de agencias federales estadounidenses como los departamentos de Energía, Estado y Defensa.
Sin embargo, el proyecto todavía requiere permisos de organismos ambientales y regulatorios, así como autorizaciones de las autoridades competentes tanto en Puerto Rico como en la República Dominicana.
El ejecutivo indicó que CTDC, subsidiaria de Atabey Capital LLC, presentó el pasado 14 de mayo una propuesta no solicitada ante la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas con el propósito de desarrollar la obra bajo el esquema de una alianza público-privada.
Explicó que la propuesta incluye el esquema del futuro contrato de compra y venta de electricidad con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico, documento que deberá ser evaluado por la AAPP antes de ser remitido a la corporación eléctrica y posteriormente a la Junta de Supervisión Fiscal.
Mientras ese proceso administrativo continúa, la empresa proyecta avanzar en la adquisición de equipos especializados cuya fabricación requiere varios años, con el propósito de mantener el cronograma previsto y poner en funcionamiento el sistema a comienzos de 2031.
Vélez Domínguez señaló que la meta es iniciar las obras de construcción durante los primeros meses de 2028.
Evaluación de la propuesta
El Diario recordó que el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Josué A. Colón Ortiz, confirmó previamente que la entidad realizó una evaluación preliminar del expediente presentado por CTDC, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley 29-2009 sobre Alianzas Público-Privadas.
Ese proceso incluye la revisión de la documentación legal, la identificación del proponente, la validación de la representación autorizada y el pago de los derechos correspondientes. A partir de esa evaluación comienza un período de aproximadamente 60 días para analizar el contenido de la propuesta y determinar los pasos siguientes.
El presidente de CTDC sostuvo que todas las instituciones vinculadas al sistema eléctrico desempeñarán un papel determinante en el desarrollo del proyecto, incluyendo la AAPP, la Autoridad de Energía Eléctrica, LUMA Energy como operador de transmisión y distribución, el Negociado de Energía de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal, que deberá aprobar cualquier acuerdo con impacto presupuestario.
Añadió que ya se han celebrado varias reuniones informativas con la Junta Fiscal para presentar los aspectos generales del proyecto, aunque explicó que las discusiones financieras se producirán una vez exista un acuerdo definitivo sobre la compra de energía.
Sin objeciones federales
Respecto al proceso ambiental, Vélez Domínguez aseguró a El Diario que las perspectivas son favorables debido a que organismos federales como la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el Servicio de Pesca y Vida Silvestre (FWS), el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la Guardia Costera conocen el proyecto y, hasta el momento, no han expresado objeciones.
Indicó que dichas agencias han tenido acceso a los estudios ambientales y a las vistas públicas realizadas durante la fase inicial de planificación, por lo que considera que la obtención de las autorizaciones pendientes no representará mayores obstáculos.
Respuesta a la crisis energética
El empresario aclaró que el cable submarino no resolverá por sí solo la crisis energética de Puerto Rico, aunque sí incrementará significativamente la resiliencia del sistema eléctrico, especialmente durante la temporada de huracanes.
Explicó que actualmente, tras un apagón general, el restablecimiento del servicio puede tardar entre dos y tres días, mientras que con la nueva interconexión sería posible reiniciar el sistema en aproximadamente quince minutos mediante la tecnología conocida como "blackstart", utilizada para energizar una red completamente apagada.
Un proyecto de US$2,500 millones
El denominado Proyecto Hostos contempla la instalación de un cable submarino de corriente continua de alta tensión (HVDC) de 320 kilovoltios, con capacidad para transportar hasta 700 megavatios de electricidad en ambas direcciones entre Puerto Rico y República Dominicana, sin afectar la operación de las redes eléctricas existentes.
La iniciativa recibió en febrero el permiso presidencial del Departamento de Energía de Estados Unidos, autorización indispensable para proyectos de transmisión eléctrica que cruzan fronteras internacionales.
El documento técnico establece que la interconexión permitirá compartir capacidad energética entre ambos países y fortalecer la seguridad del suministro eléctrico en situaciones de emergencia.
Según explicó Vélez Domínguez a El Diario, el proyecto contempla además la construcción de una planta de generación de ciclo combinado en San Pedro de Macorís, desde donde se abastecería parte de la energía destinada a Puerto Rico.
El empresario estimó que la República Dominicana podría suplir alrededor del 20 % de la demanda eléctrica de la isla vecina, aunque insistió en que ello no implicaría una dependencia energética de Puerto Rico respecto al país caribeño.
Afirmó que el cable será completamente bidireccional, por lo que también permitirá que Puerto Rico suministre electricidad a República Dominicana en caso de que esta enfrente una emergencia provocada por fenómenos atmosféricos u otras contingencias.
El proyecto, valorado en aproximadamente US$2,500 millones, también ha recibido observaciones durante el proceso de consulta pública por parte de organizaciones como Caribbean Basin Power Authority y la North American Electric Reliability Corporation (NERC), las cuales han planteado preocupaciones relacionadas con aspectos regulatorios, jurisdiccionales y de seguridad nacional. No obstante, Vélez Domínguez restó importancia a esas objeciones y aseguró que la empresa confía en que podrán ser atendidas durante el proceso de evaluación oficial.