Proyecto de Ley Mirabal plantea prisión por utilizar la manutención como violencia económica
Santo Domingo, 25 de octubre de 2026.— El proyecto de Ley Mirabal, actualmente en estudio en el Congreso Nacional, propone penas de cinco a diez años de prisión y multas de diez a veinte salarios mínimos por incumplir las obligaciones alimentarias de los hijos, teniendo capacidad de pago, cuando ese incumplimiento se utilice para someter a una mujer.
La disposición también alcanzaría a quienes condicionen la manutención para impedir una separación o castigarla. Se trata de sanciones propuestas, todavía sujetas al trámite legislativo, cuya aplicación dependería de las condiciones específicas que finalmente aprueben los congresistas.
El capítulo de violencia económica comprende además la apropiación de ingresos, la imposición de deudas mediante amenazas o engaño y el uso no consentido de cuentas bancarias o tarjetas. En materia patrimonial incluye destruir u ocultar bienes, retener documentos y disponer fraudulentamente de propiedades compartidas.
Las controversias sobre titularidad o división de bienes no constituirían por sí solas estas infracciones. Entre las agravantes figuran amenazas de muerte, uso de armas, embarazo e incumplimiento de órdenes de protección. Cuando las conductas provoquen lesiones o incapacidad permanente, el texto plantea de diez a veinte años de prisión y multas mayores.
La propuesta forma parte de una iniciativa más amplia para organizar la prevención, protección, atención y seguimiento de las violencias contra las mujeres. Fue presentada ante la Cámara de Diputados por el Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas, encabezado por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, y recibida por el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco.
Reyes ha defendido que la respuesta estatal debe superar la dispersión de servicios que obliga a las víctimas a buscar ayuda en distintas dependencias.
“Una mujer en peligro no debe encontrar muchas puertas. Debe encontrar un solo Estado”, expresó durante la presentación.
El nombre de Ley Mirabal honra a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal y vincula la propuesta con la protección de los derechos de las mujeres.
Entre las reacciones de respaldo figura la de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial, que llamó a impulsar su aprobación.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, consideró conveniente fortalecer el marco jurídico para responder a las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres.
La jueza Nancy Salcedo Fernández, coordinadora de la comisión, manifestó preocupación por la violencia de género y los feminicidios y defendió la necesidad de un instrumento que permita respuestas más efectivas. La magistrada Vanessa Acosta también favoreció modernizar la legislación y acompañar la socialización de la propuesta.
En el ámbito legislativo, la diputada Kimberly Taveras destacó los mecanismos de coordinación y los protocolos de emergencia previstos para evitar que las mujeres tengan que repetir sus testimonios en cada institución.
La diputada Selinée Méndez, de la Fuerza del Pueblo, sostuvo que las medidas deben acompañarse de educación desde la infancia, mientras Indhira de Jesús, del Partido Revolucionario Moderno, resaltó el trabajo conjunto de los legisladores frente al problema.
La iniciativa contempla evaluaciones de riesgo desde el primer contacto con la víctima y una valoración especializada a cargo del Ministerio Público. Para los casos de peligro grave propone elaborar un plan individualizado de seguridad dentro de las 72 horas siguientes a esa evaluación.
Ese plan identificaría las medidas de protección, los contactos seguros y las instituciones responsables. También tomaría en cuenta a los hijos y otras personas dependientes, así como las necesidades de alojamiento y atención.
En medio de las discusiones públicas, el Ministerio de la Mujer llamó a debatir sobre el contenido concreto del proyecto y aclaró que sus disposiciones deben armonizarse con el Código Penal y el Código Procesal Penal.
La institución explicó que la retractación de una víctima no extinguiría por sí sola la acción penal ni produciría automáticamente el archivo del expediente. La continuidad de la investigación tendría que sustentarse en pruebas y respetar el debido proceso.
También precisó que el artículo referido al feminicidio remite su sanción al Código Penal, por lo que no establece allí una definición nueva ni un régimen de penas diferente.
La propuesta debe completar su recorrido en el Congreso antes de convertirse en ley. Tanto las sanciones como las obligaciones institucionales anunciadas dependerán del texto que resulte aprobado y de las disposiciones establecidas para su entrada en vigor.