Ratifican prisión preventiva a Héctor Lora Cruceta, principal imputado en Operación Onco14
Santo Domingo, 30 sept.— Una jueza de Santiago ratificó los 18 meses de prisión preventiva impuestos a Héctor Antonio Lora Cruceta, principal imputado en la Operación Onco14, al acoger una solicitud del Ministerio Público, que lo señala como integrante de una presunta estructura que habría utilizado el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para obtener beneficios fraudulentos en perjuicio del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), sus pacientes y el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Según informó el órgano persecutor, la jueza Yerixa Cabral de la Cruz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, mantuvo la medida durante la revisión obligatoria celebrada este martes, tras determinar que no han variado las circunstancias que motivaron su imposición en junio.
Lora Cruceta fue presidente del consejo de la asociación sin fines de lucro Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC. Cumple la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, en Santiago.
La misma medida fue impuesta a su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, quien permanece recluida en Rafey Mujeres. Su exesposa, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, cumple arresto domiciliario.
El Ministerio Público explicó que la revisión obligatoria de la medida de Guzmán se conocerá el próximo 2 de diciembre. La Corte de Apelación de Santiago ratificó su prisión preventiva el 2 de septiembre, por lo que desde esa fecha comenzó nuevamente el cómputo de los tres meses para la revisión.
En cuanto a Vargas Sánchez, el organismo indicó que renunció a su revisión y continuará bajo arresto domiciliario. Precisó que se divorció de Lora Cruceta en 2014 y que ocupó la vicepresidencia del patronato, además de desempeñarse como auditora interna y externa de la entidad durante la presidencia del imputado.
El procurador de corte adscrito a la Dirección General de Persecución, Eduardo Velázquez, y la fiscal de Santiago Heidys de León representaron al Ministerio Público en la audiencia en la que se confirmó la prisión preventiva de Lora Cruceta.
Los mecanismos investigados
De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados habrían utilizado las razones sociales Vargas Lora & Asociados, actualmente denominada Vargas Guzmán Accounting Center, y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida para sustraer fondos mediante distintos mecanismos fraudulentos.
La investigación comprende presuntas prácticas de fraude clínico y farmacéutico, entre ellas la modificación de indicaciones médicas, el uso de sellos médicos falsos, la doble facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de medicamentos a pacientes.
El órgano persecutor también investiga la supuesta prohibición de donaciones gratuitas de medicamentos, la venta de fármacos donados, el contrabando mediante exoneraciones fiscales y el tráfico de sustancias controladas.
A esas prácticas se añaden, según la acusación, el uso de habitaciones del instituto oncológico para realizar cirugías estéticas, gastos de representación ilegítimos y reembolsos fraudulentos por viajes y hoteles. El expediente también aborda presuntos hechos de sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.
El Ministerio Público sostiene que los procesados sobornaron a distribuidoras de medicamentos y utilizaron la Fundación Tócate para desviar recursos y cobrar al SeNaSa servicios y medicamentos que no habrían sido suministrados a pacientes del Oncológico de Santiago.
Otro de los mecanismos señalados consiste en la autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios que, conforme al órgano investigador, no correspondían al personal de este tipo de entidades. El caso continúa bajo investigación y fue declarado de tramitación compleja.
Medidas impuestas en la Operación Cobra 2.0-A
En su comunicación, el Ministerio Público también recordó que el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso la noche del domingo distintas medidas de coerción a procesados en la Operación Cobra 2.0-A, relacionada con la presunta sustracción de fondos públicos del SeNaSa.
Aunque el comunicado menciona inicialmente a 24 arrestados sometidos a medidas, la relación nominal que presenta incluye a 27 personas.
La prisión preventiva fue impuesta a Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet, quienes deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra.
También recibieron prisión preventiva por 18 meses Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista, quienes deberán permanecer en el CCR Najayo Mujeres. La revisión obligatoria de la medida fue fijada para el 22 de diciembre de 2026.
El tribunal dispuso arresto domiciliario para Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
A Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo les fueron impuestos arresto domiciliario, impedimento de salida del país y una garantía económica de dos millones de pesos mediante una compañía aseguradora.
Martha María Saldaña Saldaña deberá cumplir arresto domiciliario e impedimento de salida del país, además de presentar una garantía económica de tres millones de pesos a través de una aseguradora.
En tanto, José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré recibieron garantías económicas de un millón de pesos mediante una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Antecedentes de la Operación Cobra
El Ministerio Público recordó que, como parte de una de las líneas de investigación de la Operación Cobra, el año pasado fueron arrestados Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, y los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones y Rafael Luis Martínez Hazim.
También fueron detenidos Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
El grupo cumple distintas medidas de coerción y enfrenta imputaciones por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El órgano persecutor señaló que mediante estos procesos procura obtener sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos que, según sus investigaciones, fueron sustraídos al Estado dominicano.