¿Represión de trabajo forzoso o maniobra para eludir al Congreso? Análisis de los aranceles de Trump

Por MAE ANDERSON

NUEVA YORK, 26 julio. — El gobierno de Donald Trump ha impuesto aranceles de dos dígitos a más de 60 países, utilizando una justificación legal que permite al presidente aplicar impuestos a las importaciones y otras sanciones contra países que, según se determine, incurren en prácticas comerciales “injustificables”, “no razonables” o “discriminatorias”.

Los nuevos aranceles anunciados en los últimos días entran en vigor justo cuando expiraron los aranceles temporales del 10% a nivel mundial, y los críticos sostienen que se trata menos de reprimir el trabajo forzoso que de una forma de sustituir esos aranceles. Los aranceles vencidos eran, a su vez, un reemplazo temporal de los aranceles mundiales que la Corte Suprema anuló en febrero.

Los aranceles se aplicaron a países que, según Estados Unidos, o bien no tienen una prohibición de importación vinculada al trabajo forzoso o no la hacen cumplir de manera efectiva. Los países afectados, que representan el 99% de las importaciones de Estados Unidos, protestaron rápidamente, calificando las afirmaciones del gobierno de infundadas y arbitrarias, ya que naciones con historiales muy distintos en materia de trabajo forzoso recibieron el mismo nivel arancelario. Estados Unidos dedicó cuatro meses a investigar, pero dio pocos detalles sobre cómo llegó a las tasas arancelarias, que son del 10% o del 12,5%.

Eludir al Congreso
Los aranceles se impusieron en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 a países que Estados Unidos determinó que habían incumplido los términos al no “imponer y hacer cumplir de manera efectiva una prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso”.

Durante el primer mandato del presidente Donald Trump, el ejecutivo citó la Sección 301 para imponer amplios aranceles a las importaciones chinas en medio de una disputa por las tácticas agresivas que Beijing estaba utilizando para desafiar el dominio tecnológico de Estados Unidos. Estados Unidos también está utilizando las facultades de la 301 para contrarrestar lo que denomina prácticas chinas injustas en la industria de la construcción naval.

“Las 301 permiten un arancel permanente sin acudir al Congreso para resolver la disputa. De eso se trata todo esto”, explicó Barry Appleton, profesor de derecho y codirector del Centro de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de Nueva York. “El presidente no quiere tocar la puerta principal del Congreso, así que está probando todas las puertas laterales y todas las ventanas sin seguro para entrar”.

Pocas pruebas de incumplimiento
La oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) indicó que consultó con las 60 economías bajo investigación y celebró dos rondas de audiencias públicas, recabó más de 2.100 comentarios del público y mantuvo “interacción” con sus socios comerciales sobre lo que estaban haciendo para combatir el trabajo forzoso y las prohibiciones relacionadas.

No detalló sus conversaciones con los países, al señalar que eran confidenciales. Los expertos afirman que es relativamente sencillo investigar si un país tiene o no una prohibición, pero que es difícil determinar la justificación exacta del gobierno para concluir que cada país no hizo cumplir las prohibiciones de importación.

“No hay mucha evidencia sólida. Es bastante risible, a primera vista, pensar que un país como los de Europa, o Noruega o Suiza, no está haciendo lo suficiente para vigilar el trabajo forzoso”, señaló Scott Lincicome, vicepresidente de economía general y política comercial del Instituto Cato, un centro de pensamiento libertario.

E incluso si los países promulgan y hacen cumplir las prohibiciones de importación por trabajo forzoso que Estados Unidos quiere, todavía tendrían que persuadir a Washington de que las están aplicando antes de que se eliminen los aranceles, afirmó el abogado Patrick Childress, socio de Holland & Knight y exfuncionario comercial de Estados Unidos.

“Esto sugiere que no habrá disponible una vía de alivio a corto plazo, a nivel nacional, frente a los nuevos aranceles de la Sección 301”, apuntó.

Países e industrias rechazan el argumento del trabajo forzoso
Muchos países han rechazado las conclusiones del gobierno de Trump.

Brasil, que enfrenta un arancel del 12,5% por trabajo forzoso, calificó la medida de Estados Unidos de “arbitraria e injustificada”. Estados Unidos “optó por manipular un tema de gran importancia para los derechos humanos y las luchas de los trabajadores en todo el mundo con el fin de acusar a 59 países y a la Unión Europea de prácticas desleales”, indicó en un comunicado.

Australia también cuestionó la justificación de su arancel del 12,5%.

“Creemos que, entre todos los países del mundo, Australia sí se toma en serio el tema de la esclavitud, la esclavitud moderna, y seguirá haciéndolo”, dijo el ministro de Comercio, Don Farrell, a periodistas en Adelaida.

Las exenciones han irritado a algunas industrias. El Consejo Nacional de Organizaciones Textiles (NCTO, por sus siglas en inglés), que se describe como la voz de la industria textil estadounidense, protestó por un mecanismo que exime de los aranceles de la Sección 301 a las importaciones de textiles y prendas de vestir procedentes de Bangladesh, Camboya, Indonesia y Malasia, en función de las importaciones de algodón y textiles de Estados Unidos por parte de esos países.

“Ninguna otra industria se ha visto más perjudicada por el trabajo forzoso que la industria textil de Estados Unidos, que emplea a 453.000 trabajadores y ha perdido 41 plantas en los últimos poco más de dos años. Seguimos profundamente preocupados de que el mecanismo textil del USTR perjudique precisamente a los fabricantes nacionales que el gobierno quiere ayudar”, afirmó en un comunicado la directora ejecutiva del NCTO, Kim Glas.

Las prohibiciones de EEUU sobre trabajo forzoso no siempre funcionan
Estados Unidos cuenta con dos grandes piezas legislativas relacionadas con las prohibiciones de importación vinculadas al trabajo forzoso. La Ley Arancelaria de 1930 otorgó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza la autoridad para incautar envíos cuando se sospechara trabajo forzoso y para bloquear importaciones posteriores. Pero tenía una gran excepción: si existía “demanda de consumo”, es decir, si no había suficiente oferta para satisfacer la demanda interna, se permitían las importaciones independientemente de cómo se hubieran producido. La Ley de Facilitación del Comercio y de Aplicación de la Normativa Comercial, que entró en vigor en 2016, eliminó esa laguna.

En 2021 se aprobó la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur. Esta bloquea las importaciones procedentes de la región china de Xinjiang a menos que las empresas puedan demostrar que los artículos se fabricaron sin trabajo forzoso.

Pero los bienes producidos con trabajo forzoso aún pueden ingresar a Estados Unidos. En 2015, una investigación de The Associated Press encontró que se utilizaba trabajo esclavo en la industria pesquera del sudeste asiático. Los productos del mar que capturaban llegaron a supermercados y proveedores de alimentos para mascotas en todo Estados Unidos.

Una investigación de The Associated Press en 2020 sobre la industria del aceite de palma, valorada en 65.000 millones de dólares, encontró abusos laborales entre una fuerza de trabajo invisible compuesta por millones de hombres, mujeres y niños en Asia. El fruto que cosechaban llegó a las cadenas de suministro de grandes empresas, entre ellas Unilever, L’Oreal, Nestle y Procter & Gamble.

Llamados a un enfoque más integral para combatir el trabajo forzoso
Durante las audiencias sobre los aranceles este mes, el vicepresidente de la Federación Nacional de Minoristas, Jonathan Gold —quien representaba en la audiencia a la coalición empresarial Joint Association Forced Labor Working Group—, sostuvo que, para que las prohibiciones de importación funcionen, tendrían que ser mucho más amplias.

Indicó que se necesitan “parámetros claros y medibles” vinculados a los aranceles para que los países los alcancen, y que Estados Unidos debería ayudar a los países a desarrollar programas de aplicación.

Kenya Davis, socia del bufete Boies Schiller Flexner, señaló que una prohibición eficaz requiere un “enfoque integral” que ofrezca transparencia sobre en qué consistieron las investigaciones, junto con programas que brinden a los países ayuda para hacer cumplir las prohibiciones. AP