República Dominicana permanece en Nivel 2 del informe de EE. UU. sobre trata pese a mayores condenas
Santo Domingo, 10 oct.— República Dominicana se mantuvo en el Nivel 2 del informe de Estados Unidos sobre trata de personas de 2026, debido a que el Gobierno todavía no cumple plenamente los estándares mínimos para eliminar ese delito, aunque desarrolla esfuerzos significativos para alcanzarlos.
La evaluación conserva la clasificación otorgada al país en 2025. El documento reconoce un aumento general de las acciones gubernamentales respecto al período anterior, pero señala deficiencias en la investigación de la trata laboral, la identificación de víctimas de trabajo forzoso y la protección de grupos vulnerables.
Entre los avances, el informe destaca el incremento de las penas mediante una nueva legislación, la creación de una unidad especial de investigación bajo la Fiscalía Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), el aumento de las condenas y la remisión de más víctimas a servicios de protección.
Sin embargo, advierte que los esfuerzos para investigar la trata laboral e identificar a sus víctimas continuaron siendo insuficientes, incluso en sectores donde existen riesgos conocidos de trabajo forzoso. También señala que disminuyeron las investigaciones sobre trata y la identificación de víctimas de explotación laboral.
El documento indica, además, que no hubo avances significativos en la ampliación del programa piloto destinado a registrar a trabajadores migrantes con contratos laborales, una medida que contribuiría a reducir su vulnerabilidad frente al trabajo forzoso.
Durante 2025, las autoridades investigaron 94 casos de trata: 85 relacionados con explotación sexual, ocho con trabajo forzoso y uno con una modalidad no especificada. En 2024 se habían investigado 229 casos, de los cuales 216 correspondían a trata sexual y trece a trabajo forzoso.
Asimismo, el país informó sobre dos investigaciones en curso por trata sexual durante el período evaluado, frente a 57 reportadas en 2024.
Aunque las investigaciones disminuyeron, aumentó el número de personas procesadas. En 2025 fueron sometidos a la justicia 73 presuntos responsables: 59 por trata sexual y catorce por trabajo forzoso. El año anterior se habían procesado cincuenta, entre ellos 38 por trata sexual, tres por trabajo forzoso y nueve por modalidades no especificadas.
Las condenas también registraron un incremento. Treinta personas fueron condenadas en 2025, 29 por trata sexual y una por trabajo forzoso, frente a once en 2024: siete por explotación sexual y cuatro por trabajo forzoso.
El Gobierno comunicó igualmente un número indeterminado de investigaciones en curso sobre presunta complicidad de funcionarios en delitos de trata. No obstante, observadores citados en el informe señalaron que la dependencia excesiva del testimonio de las víctimas llevó a desestimar casos cuando estas no estaban dispuestas a declarar o no podían hacerlo.
La evaluación reconoce la cooperación dominicana con otros gobiernos en operaciones contra la trata, la realización de capacitaciones y el aumento del presupuesto destinado a combatir este delito.
En materia de protección, el informe sostiene que las autoridades intensificaron sus esfuerzos, pero persistieron deficiencias importantes en la identificación de víctimas de trabajo forzoso y de varones afectados por la trata. También señala que los hombres no disponen de servicios especializados equivalentes a los ofrecidos a las mujeres.
Respecto a la inspección laboral, Estados Unidos advierte que los inspectores no identificaron sistemáticamente situaciones de trabajo forzoso ni las remitieron para investigación penal. Los observadores consultados indicaron que detectaban con mayor facilidad casos de trabajo infantil.
Las dificultades para identificar a trabajadores sometidos a explotación se observaron especialmente en la agricultura y la construcción. Según el informe, la falta de documentación y de tarjetas de identidad limita el acceso al empleo formal y aumenta los riesgos de explotación.