República Dominicana retrocede al puesto 77 en imperio de la ley, señala CREES
Santo Domingo, 13 Nov.— República Dominicana registró pocos avances en el fortalecimiento del Estado de derecho y descendió una posición en la clasificación mundial del Índice de Imperio de la Ley 2026, al pasar del puesto 76 al 77 entre 143 países evaluados, según un análisis del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES).
El país obtuvo una puntuación de 0.50 sobre un máximo de 1, prácticamente igual a la registrada en 2025, de acuerdo con los datos del índice elaborado por el World Justice Project y recogidos por el CREES.
En América Latina, República Dominicana bajó de la sexta a la séptima posición, tras ser superada por Brasil, y quedó ligeramente por debajo del promedio regional de 0.51, destacó el CREES.
La entidad señaló que también se produjo un retroceso en la clasificación entre economías de su mismo grupo de ingresos: el país ocupó el puesto 23 entre 44 naciones, mientras que en 2025 se había situado en la posición 20 de un total de 41 economías.
Según explicó el CREES, el índice mide el cumplimiento del Estado de derecho mediante ocho factores, entre los que figuran los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, la protección de los derechos fundamentales y el funcionamiento de la justicia. Las puntuaciones más próximas a 1 indican mejores resultados y un mayor respeto por las normas y las instituciones.
Los desempeños más débiles de República Dominicana correspondieron a justicia criminal, con una puntuación de 0.39, y ausencia de corrupción, con 0.40. Este último factor presentó el mayor deterioro respecto a 2025, al registrar una disminución de 3.1 %, precisó el CREES.
En contraste, las puntuaciones más elevadas se observaron en orden y seguridad, con 0.65, y transparencia gubernamental, con 0.58, conforme al análisis divulgado por el CREES.
Para el CREES, estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de continuar fortaleciendo las instituciones y el funcionamiento del sistema judicial, a fin de avanzar hacia una aplicación más efectiva e imparcial de las normas.
La institución sostuvo que un Estado de derecho sólido, sustentado en reglas claras y aplicadas sin privilegios, favorece la seguridad jurídica, fortalece la confianza y propicia mejores condiciones para la inversión, el emprendimiento y el desarrollo económico.