República Dominicana y Colombia crean equipo conjunto contra la trata y el crimen organizado
Santo Domingo, 30 agosto.- La Procuraduría General de la República Dominicana y la Fiscalía General de la Nación de Colombia firmaron un acuerdo para crear un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), destinado a fortalecer la cooperación jurídica internacional y mejorar la lucha contra el crimen organizado transnacional.
El convenio, suscrito por la procuradora general dominicana, Yeni Berenice Reynoso, y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, está ajustado a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo, y a las disposiciones penales vigentes en ambos países.
El documento fue rubricado durante un acto en el que participaron representantes de los equipos de trabajo de ambas instituciones, autoridades diplomáticas y funcionarios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Reynoso agradeció el impulso que ofrece la UNODC a los convenios internacionales orientados a construir un mundo más seguro, en el que la protección de las personas, objetivo fundamental del nuevo equipo conjunto, pueda convertirse en una realidad.
“Para la República Dominicana, y sé que también para Colombia, esta firma de equipo conjunto de investigación tiene algo especial: es una firma que tiene su plan operativo incluido”, expresó la procuradora general, al destacar el elevado compromiso asumido por ambos países para garantizar una cooperación oportuna.
La magistrada señaló que República Dominicana, que anteriormente estableció su primer Equipo Conjunto de Investigación con Chile, continuará utilizando de manera eficiente esta herramienta contemplada en la Convención de Palermo y puesta a disposición de las fiscalías del mundo.
Explicó que el mecanismo permitirá combatir con mayor efectividad delitos como la trata de personas con fines de explotación sexual y el tráfico ilícito de migrantes.
Reynoso afirmó que la trata de personas lacera profundamente la dignidad humana, debido a que su propósito es convertir a los seres humanos en objetos de comercialización.
“Es un delito que su objetivo es comercializar seres humanos”, sostuvo.
Recordó que, como se ha establecido en la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CITIM), presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la persecución de ese delito constituye una prioridad para la gestión que encabeza.
“Cuando un ser humano es objeto de una comercialización y es sometido a tratos que son más propios de la esclavitud, es un delito, reitero, que requiere una mirada holística y que requiere siempre una atención especial”, reflexionó la titular del Ministerio Público.
Reynoso manifestó que las autoridades tienen la obligación ética y legal de trabajar para alcanzar objetivos estratégicos de alto impacto en la vida de millones de personas, tanto colombianas y dominicanas como de otras nacionalidades que residen en ambos países.
De su lado, Camargo Garzón explicó que el acuerdo firmado con República Dominicana representa el Equipo Conjunto de Investigación número 18 establecido por Colombia con diferentes naciones signatarias de la Convención de Palermo.
“Quiero empezar por celebrar la posibilidad de que lleguemos a acuerdos concretos para el intercambio de información en un tema tan importante como el que nos convoca hoy, que trabaja directamente contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual, que es un flagelo que tiene agobiada no solo a nuestra región”, declaró.
La fiscal general colombiana recordó que la trata de personas afecta a diferentes países de América Latina y también tiene amplias repercusiones en varias naciones europeas.
Indicó que la experiencia ha demostrado que los delitos transnacionales deben ser enfrentados mediante instrumentos que permitan intercambiar información de manera ordenada, desarrollar investigaciones en ambos territorios y ejecutar programas conjuntos.
“Hemos encontrado que, definitivamente, en delitos transnacionales la lucha tiene que ser a través de instrumentos como este que nos permitan hacer un intercambio ordenado, informado, un instrumento que nos permita contar con investigación aquí y allá, pero también que nos permita desarrollar programas conjuntos de investigación”, señaló.
Camargo Garzón sostuvo que el convenio no debe limitarse a servir como un vehículo para el intercambio de información, sino que también debe facilitar que ambas instituciones compartan sus métodos de investigación.
Explicó que esa colaboración permitirá aprovechar las experiencias positivas acumuladas por República Dominicana y Colombia, fortaleciendo mutuamente sus capacidades de persecución penal.
La funcionaria resaltó que Colombia dedica especial atención a la persecución de las finanzas criminales, no solamente entendidas como las ganancias producidas por actividades ilícitas, sino también como los recursos que permiten operar a las organizaciones delictivas.
Como ejemplo, citó el dinero empleado por una red criminal para trasladar a un grupo de mujeres desde Colombia hasta República Dominicana.
“Porque eso supone una movilización de dinero que podemos y debemos alcanzar si vemos las enseñanzas de Falcone muy sencillas: sigue el dinero, sigue la ruta del dinero”, agregó la fiscal general colombiana.
En la ceremonia participaron el embajador Rubén Silié, viceministro de Política Exterior Multilateral de República Dominicana; el embajador de Colombia en Santo Domingo, y José David Moreno, encargado de Negocios de la misión diplomática colombiana en el país.
La procuradora Yeni Berenice Reynoso estuvo acompañada por Wilson Camacho, procurador adjunto y director general de Persecución del Ministerio Público; Osvaldo Bonilla, procurador adjunto y director de Asistencia Jurídica Internacional, Extradiciones y Derechos Humanos, y Yoanna Bejarán, procuradora de corte y titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, dependencia responsable de ejecutar la cooperación.
También participó Danissa Cruz, procuradora de corte y directora del Departamento de Derechos Humanos y de la Unidad de Reinserción de Repatriados.
La delegación de la Fiscalía General de Colombia estuvo integrada, además, por María Milena Méndez Moreno, directora de Asuntos Internacionales, y Dayana Blanco, directora especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.
En representación de la UNODC asistieron Juan Daniel Ruiz, coordinador de proyectos de la oficina regional, y Lissette Reyes, coordinadora de proyectos de la Oficina para Centroamérica y el Caribe.
Reyes destacó la disposición de la actual gestión de la Procuraduría General de la República para que República Dominicana pueda establecer equipos conjuntos de investigación bajo los términos de la Convención de Palermo.
La representante de la UNODC recordó que, desde junio del año pasado, República Dominicana y Colombia reforzaron sus esfuerzos de cooperación contra delitos como la trata de personas.
También agradeció el respaldo de los países donantes que contribuyen a hacer operativa la Convención de Palermo mediante iniciativas como el Proyecto Turquesa, promovido por el Gobierno de Canadá, y el Proyecto Paz de Colombia, financiado por la Unión Europea.
Alcance jurídico del convenio
El acuerdo encuentra respaldo en el artículo 161 de la Ley número 97-25, del 7 de diciembre de 2025, que instituye el Código Procesal Penal de la República Dominicana.
La legislación establece que el Ministerio Público puede coordinar investigaciones con las autoridades competentes de otro Estado interesado y formar equipos de investigación dirigidos por el órgano persecutor y sometidos al control de los jueces.
El Equipo Conjunto de Investigación creado por República Dominicana y Colombia contará con la cooperación y el apoyo logístico de la UNODC. Su puesta en funcionamiento busca generar una mayor coordinación entre los fiscales de ambos países para enfrentar la delincuencia organizada transnacional, la trata de personas, los delitos económicos y la corrupción.
Mediante el ECI, las dos naciones podrán establecer oportunamente un marco de cooperación y coordinación para investigar casos concretos relacionados con la criminalidad organizada.
El equipo está amparado en la Convención de Palermo, de la cual Colombia y República Dominicana son Estados parte. El instrumento internacional fue abierto a la firma durante la conferencia organizada por la ONU en el Palacio de Justicia de Palermo, Italia, entre el 12 y el 15 de diciembre de 2000.
Colombia ratificó la Convención de Palermo el 4 de agosto de 2004, mientras que República Dominicana lo hizo el 26 de octubre de 2006.
Al amparo de ese mecanismo de cooperación internacional y de las normas procesales penales de cada país, el nuevo equipo permitirá el intercambio directo de evidencias físicas y elementos materiales probatorios, la ejecución conjunta de medidas procesales y la coordinación directa de las investigaciones.