Retos inmediatos de los partidos políticos
José Manuel Hernández Peguero
Con justa preocupación, el editorialista de un periódico impreso matutino llamaba a poner atención a la crisis que toca directamente a los partidos políticos, a partir de los casos de corrupción gubernamental que cursan ante la justicia, temor que debe extenderse dados los legisladores y políticos imputados por narcotráfico, algunos de las cuales extraditados, con el denominador común de justificarse alegando que el producto del ilícito fue destinado a sufragar la pasada campaña electoral.
Hoy como siempre, los partidos políticos y sus dirigentes continúan siendo objeto constante del cuestionamiento público acerca del rol que desempeñan y sobretodo, del elevado costo que representa para los contribuyentes las asignaciones que se les hacen en el presupuesto nacional. Lo peor es que, tal inconformidad se extiende a más del 50% de la población a la democracia como sistema político, contemplando la posibilidad de apoyar un gobierno autoritario.
La ausencia de ideologías e identidades, sumado al populismo cada vez más triunfante en las contiendas electorales del continente y la crisis económica que agobia las economías a partir de la pandemia, agravada por la invasión de Rusia a Ucrania, son algunas de las razones que han incidido en el declive de la confianza de la ciudadanía en los partidos políticos y sus líderes y hasta en la democracia. Institucionalmente creímos que, las leyes aprobadas, a partir la constitucionalización del 2010 de los partidos políticos, lograrían cierto cambios positivos en el mercado político, debido a la regulación interna de sus instituciones y sus supervisiones externas, pero lo cierto es que poco han servido para cambiar la valoración ciudadana y el desempeño ético y efectivo esperado.
Las modificaciones a las leyes de partidos políticos y de régimen electoral respondiendo a intereses particulares y coyunturales, obviando instituir un marco regulatorio que garantice la transparencia y el ejercicio equitativo de la participación electoral, como podría ser a través del apropiado uso de los fondos para la educación de sus militantes y el cumplimiento a los límites del gasto en las campañas, son tan solo dos de los tantos temas trascedentales que inciden en el declive de la aceptación de la ciudadanía.
Sin importar el descrédito, al parecer la ciudadanía quiere seguir organizándose en torno a los partidos políticos y de 12 organizaciones participantes en las elecciones de 1996 hemos pasado a 31 en 27 años, sin incluir las más de 50 nuevas organizaciones que cursan para sus aprobaciones, lo cual fraccionará más el espectro electoral, con el advenimiento de organizaciones con resultados ínfirmos que no incidirán en el ya establecido tripartito de partidos mayoritarios, con más de tres décadas incidiendo en los resultados electorales.
Ciertamente, la democracia funcional que todos deseamos se funda y organiza en torno a los partidos políticos, de lo cual resulta la ineludible necesidad de que, cada quien como ciudadano responsable y a través de los medios que considere conveniente, procure y logre que dichas entidades y sus representantes acrecienten sus credibilidades, a través de dignas participaciones electorales, para así contribuir en la gobernanza efectiva y satisfactoria que la colectividad demanda.
Justo es reconocer la incidencia que ha dado como resultado revertir las decepciones de la sociedad en sus organizaciones políticas, a través de las sentencias y reglamentaciones de la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional, órganos constitucionales que desde sus distintos roles y competencias regulan, supervisan y sancionan el quehacer político, desde dirimir los conflictos intrapartidarios, anular por incostitucionales disposiciones legales y de garantizar los derechos de los militantes y los segmentos de la juventud y las mujeres.
Listín Diario
