Ricardo de los Santos descarta aplazar entrada en vigor del Código Penal y afirma que el país no puede seguir sin una legislación moderna
Santo Domingo, 29 junio. – El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, rechazó este lunes cualquier posibilidad de postergar la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, prevista para el próximo 3 de agosto de 2026, al considerar que la República Dominicana necesita con urgencia una legislación actualizada que permita a las autoridades enfrentar con mayor eficacia la criminalidad, el crimen organizado y las nuevas modalidades delictivas.
El legislador sostuvo que, aunque la nueva normativa puede ser objeto de futuras modificaciones, tal como ocurre con cualquier ley, no existe justificación para retrasar nuevamente su aplicación luego de más de dos décadas de debates legislativos.
"Nosotros siempre hemos dicho que toda obra humana es perfectible. En el futuro, cualquier modificación que se entienda necesaria podrá realizarse, pero no podemos seguir demorando la entrada en vigor del Código Penal.
El próximo 3 de agosto debe comenzar a aplicarse y, posteriormente, si la experiencia demuestra que algún aspecto requiere ajustes, el Congreso estará en disposición de hacerlo", expresó.
De los Santos consideró que aplazar nuevamente la implementación de la legislación significaría mantener a la justicia dominicana sin herramientas jurídicas adecuadas para perseguir y sancionar numerosos delitos que no están debidamente tipificados en el actual Código Penal, una legislación de origen francés que data del siglo XIX y que, según diversos sectores, resulta insuficiente para responder a la realidad criminal contemporánea.
El presidente del Senado afirmó que el fortalecimiento del sistema penal constituye una necesidad impostergable para combatir la delincuencia organizada y otros delitos complejos que han surgido con el paso de los años.
"El retraso de este proyecto solamente favorecería a la delincuencia y al crimen organizado. Si realmente queremos un país más seguro y una justicia eficiente, no podemos dejar al Ministerio Público y a los tribunales sin las herramientas legales necesarias para perseguir los nuevos tipos penales que contempla esta legislación", manifestó.
El legislador explicó que la realidad delictiva que enfrenta actualmente la República Dominicana es muy distinta a la existente cuando fue concebido el antiguo Código Penal.
"La sociedad ha cambiado profundamente. Lo que buscamos con esta legislación es construir una mejor ciudadanía y dotar a la justicia de un marco jurídico que permita castigar adecuadamente las nuevas conductas delictivas incorporadas en esta pieza", agregó.
Ricardo de los Santos ofreció estas declaraciones al ser abordado por periodistas durante su participación en el Primer Encuentro Regional de Magistradas de Altas Cortes de Latinoamérica y el Caribe, organizado por el Tribunal Constitucional a través de la Comisión de Igualdad de Género y el Instituto O'Neill.
Persisten cuestionamientos de juristas y organizaciones
Las declaraciones del presidente del Senado se producen en momentos en que distintos juristas, organizaciones de la sociedad civil, gremios profesionales e instituciones nacionales e internacionales mantienen cuestionamientos sobre diversos aspectos del nuevo Código Penal, pese a que la legislación ya fue promulgada y entrará en vigor el próximo 3 de agosto.
Entre las principales observaciones figura la exclusión de las tres causales que permitirían la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre esté en peligro, cuando el embarazo sea consecuencia de violación o incesto, o cuando el feto presente malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. Esta exclusión ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos, colectivos de mujeres y organismos internacionales.
Asimismo, el Colegio Médico Dominicano (CMD) interpuso una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra varios artículos del Código Penal, al considerar que algunas disposiciones podrían afectar el ejercicio de la medicina y generar inseguridad jurídica para los profesionales de la salud.
De igual forma, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) y otras entidades han expresado preocupación por diversos aspectos de la nueva legislación, mientras especialistas en derecho penal han señalado la necesidad de revisar algunos tipos penales, disposiciones procesales y criterios relacionados con la responsabilidad penal de determinadas personas jurídicas y funcionarios públicos.
Otros juristas, sin embargo, consideran que, pese a sus limitaciones, el nuevo Código representa un avance significativo respecto a la legislación vigente, al incorporar decenas de figuras delictivas inexistentes en el antiguo ordenamiento, entre ellas nuevas modalidades de corrupción, delitos tecnológicos, ciberdelincuencia, terrorismo, sicariato, desaparición forzada, feminicidio agravado, delitos ambientales y otras conductas que responden a la evolución de la criminalidad moderna.
Mientras continúan los debates sobre el alcance de la nueva normativa, el Congreso Nacional mantiene la posición de que cualquier ajuste deberá realizarse una vez el Código entre en funcionamiento, sin alterar la fecha fijada para su entrada en vigencia, el próximo 3 de agosto de 2026.