Roberto Rosario insta al Presidente a aplicar la ley migratoria y defender la soberanía nacional

Santo Domingo, 29 de octubre.- El dirigente político, Roberto Rosario, solicitó de manera enfática al Presidente de la República, Luis Abinader, una postura clara y coherente en la aplicación de las políticas migratorias y de defensa de la soberanía nacional, exigiendo que se cumpla cabalmente con lo dispuesto en la Constitución y las leyes migratorias vigentes en la República Dominicana.

Esta declaración surge como respuesta a las recientes palabras del Ministro de Agricultura, Limber Cruz, en un programa de televisión matutino, donde expresó: “Yo tengo haitianos trabajando conmigo que tienen diez y quince años; que no han delinquido nunca, que como yo digo yo meto la mano, la cabeza y los pies por ellos. A esa gente vamos a darle un carnet, en lo que viene el proceso, porque tú no puedes ponerte a pensar, por ejemplo, que allá te van a dar documentos para venir aquí legal, porque allá no hay instituciones que te lo den. ¿Quién te los va a dar allá? Entonces vamos a buscar fórmulas prácticas para aquellos que tienen un historial… yo diría que todo el que tiene más de un año yendo a una finca, vamos a regularizar esa gente… esto es un planteamiento que yo hago”.

Rosario ha cuestionado la aparente defensa de un “humanismo” en estas declaraciones, señalando que en realidad sugieren una práctica en la que se tolera la violación de las leyes migratorias al emplear a personas en situación irregular, lo cual puede verse como una forma de explotación laboral.

Rosario afirmó que este tipo de prácticas en las que el patrón opta por la contratación de trabajadores sin documentos podría ocultar un modelo que abusa de la condición migratoria irregular para ofrecer salarios muy por debajo de los establecidos legalmente.

Al prescindir de estos trabajadores, argumenta Rosario, se les deja sin derechos laborales ni respaldo legal, configurando una situación que él considera como una práctica inhumana e incluso esclavista.

Rosario destacó que en la última década, el gobierno implementó un Plan de Regularización Migratorio bajo la Ley 169-14, un esfuerzo que podría haberse aprovechado para regularizar formalmente a esos trabajadores extranjeros en el país. Según él, la falta de acción en esa dirección implica que las declaraciones del Ministro representan una práctica que viola de manera directa el artículo 131 de la Ley de Migración, que establece:

“Sin perjuicio de las sanciones previstas en el Código de Trabajo y leyes especiales, serán sancionados con una multa de tres a diez salarios mínimos por cada infracción, las personas físicas o morales contratantes de Trabajadores Temporeros, por el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Sección concerniente al Procedimiento para el ingreso al país como no residentes en la subcategoría de Trabajadores Temporeros de la presente ley.”

Para Rosario, estas palabras deberían generar una preocupación directa para el presidente, quien debe decidir si las políticas migratorias y de deportación anunciadas realmente abordan los problemas de raíz o si funcionan como un mecanismo de control para el abuso de trabajadores extranjeros, quienes, tras ser deportados, son obligados a pagar a organizaciones clandestinas para reingresar al país.

Rosario señaló que el discurso gubernamental que dice defender la “soberanía e identidad nacional” no se sostiene si no se aplican medidas de control y respeto a la Ley de Migración de manera estricta y transparente. Según él, el enfoque actual termina favoreciendo un modelo de tráfico y explotación laboral en el que los extranjeros en situación irregular son quienes soportan las consecuencias de la falta de regulación efectiva.

El dirigente político destacó además que, si verdaderamente existe un compromiso con la aplicación de políticas de control migratorio, el gobierno debería implementar el artículo 128 de la Ley de Migración, que establece sanciones claras para quienes faciliten el ingreso o salida irregular de personas en el territorio nacional. Dicho artículo establece:

Art. 128.- Serán sancionados con las penas aplicables a las personas físicas por la comisión de delitos a:

1. Toda persona que participe en la organización, traslado, desembarco e ingreso ilegal al territorio nacional de un extranjero, o lo oculte una vez ingresado.
2. Toda persona nacional o extranjera que organice la salida clandestina de dominicanos y extranjeros del territorio nacional, ya sea por vía marítima, terrestre o aérea, o intente o proceda a transportarlos al exterior, o que intervenga de cualquier forma en el tráfico ilegal de personas.

Párrafo I: En caso de que el infractor fuere una persona moral o jurídica, la pena de prisión se ejecutará en las personas de sus representantes.

Párrafo II: La pena de multa mencionada en el presente artículo será aplicada por cada una de las personas que entren o salgan clandestinamente del país.

Rosario exhortó al gobierno a responder con transparencia a interrogantes específicas: ¿Cuántas empresas o personas han sido procesadas por violar la Ley de Migración? ¿Cuántos vehículos y propiedades han sido incautados en cumplimiento de las normas migratorias? Y, ¿qué medidas concretas se están tomando para fortalecer los programas de control migratorio y castigar las infracciones?

Además, Rosario señaló otros artículos de la Ley de Migración que deberían aplicarse estrictamente. Entre ellos, los artículos 135 y 136, que estipulan:

Art. 135: Cuando en la comisión de algunas de las infracciones previstas en el presente Capítulo participe algún empleado, funcionario de la Dirección General de Migración o cualquier otro funcionario de la Administración Pública, se le aplicará a éste el máximo de la pena correspondiente al delito en cuya comisión ha participado.

Art. 136: Los bienes utilizados en el tráfico ilegal de personas, serán incautados, debiéndose someter el asunto a los tribunales para el decomiso, si procede, provenga de una decisión de juez competente y dicho juez decida cuales bienes corresponden a la actividad ilícita.

Finalmente, Rosario pidió que el Presidente y el Gobierno den un ejemplo claro de su compromiso con la ley, empezando por destituir al Ministro de Agricultura y proceder con acciones legales contra él y cualquier otra persona que esté incurriendo en estas prácticas ilegales. De no hacerlo, afirmó Rosario, se evidenciaría una falta de sinceridad en la campaña gubernamental sobre la defensa de la soberanía y el control migratorio.

Según Rosario, las acciones y declaraciones de miembros del gobierno no deben socavar la confianza pública ni exponer a los inmigrantes a situaciones de explotación laboral. En su lugar, debe prevalecer un enfoque de justicia y respeto a la normativa que garantice los derechos humanos y laborales tanto de nacionales como de extranjeros en territorio dominicano.