Salarios dignos para jueces, fiscales y defensores
Por Joan Eduardo Rodríguez
De forma lamentable cada cierto tiempo vemos en la prensa el reclamo de los actores judiciales por mejoras salariales. Ayer los fiscales a nivel nacional realizaron un paro de labores solicitando el aumento salarial, la creación de un sistema de fondos de pensiones y la promoción dentro de la carrera del Ministerio Público. La verdad, es que la situación de los jueces y los defensores públicos no se queda atrás, en cuanto a la necesidad de mejores condiciones de compensación por el trabajo realizado.
Mediante las presente líneas apoyo el reclamo de aumento salarial para los Fiscales, haciéndolo extensivo al aumento a jueces y defensores públicos. Hablar de aumento salarial para el sector judicial, resultaría odioso ante la mirada de la población común. En realidad, no es cómodo hablar de aumentos, pero resulta macondiano que los operadores judiciales, aplicadores del derecho, tengan que exigir el cumplimiento de las leyes cuyas prerrogativas le son conculcadas por el Estado. Quiero en este escrito hacer énfasis en la función de cada uno de estos actores para que usted, querido lector, analice si resulta justa los atropellos para quienes hacen justicia.
Vamos a iniciar por los Fiscales. El Ministerio Público es el órgano constitucional encargado de la persecución penal de los hechos delictivos, esta es una función indelegable; la fiscalía debe actuar en sus investigaciones hasta por el simple rumor público. Imagínese usted un fiscalizador en una provincia cualquiera, que tenga que ir a conocer audiencias en los Juzgados de Paz de los diferentes municipios, para luego estar de turno atendiendo las posibles eventualidades de levantamiento de cadáver, allanamientos, etc., sin un medio de transporte adecuado, sin seguridad y muchas veces sin una computadora para digitar tus actuaciones.
En el caso de los jueces, que luego de pasar por un periodo de formación en la Escuela Nacional de la Judicatura, son designados en el lugar del país donde exista la plaza vacante, es decir que usted puede ser de la Romana, pero si la plaza está en Elías Piña ese será su destino. Sabrán ustedes todas las dificultades de tipo logístico, familiar y de hospedaje que eso implica para una persona que es nuevo en un pueblo, que tiene su núcleo familiar lejos, pero que sobre todo por la función que desempeña todo el mundo en el pueblo sabe quién es el juez o el fiscal, pero el funcionario no conoce a nadie, piense usted en la inseguridad que esto representa para dicho operador judicial.
Los Defensores Públicos, padecen de las mismas calamidades, en la actualidad un defensor publico debe hacer los turnos de atención permanente, pero seguir con ese expediente asignado hasta el final de las vías recursivas. En palabras simples un defensor público maneja promedio entre 300 a 570 expedientes asignados.
En la actualidad un juez devenga de salario, según su categoría entre RD$125 a RD$230 mil pesos, sin incluir los Jueces de la Suprema Corte de Justicia cuyos salarios superan los RD$380 mil. Los fiscales tienen como salario entre RD$90 a RD$250 mil pesos y los defensores públicos entre RD$50 a RD$98 mil pesos. A primera vista, y en cualquier esquina, pudieran decir, pero esa gente gana mucho dinero, ¿de qué se quejan? Permítame diferir, la realidad es que en nuestro país se necesita un reajuste general de los salarios, no es posible que el salario mínimo sea muy por debajo al precio de la canasta básica que ha establecido el Banco Central.
Los Jueces, Fiscales y Defensores Públicos, son profesionales que se han formado académicamente para brindar sus servicios a la patria. Muchos con varias maestrías y hasta doctorados en las mejores universidades del mundo. Con el agravante que la única función que les esta permitida adicionalmente es la docencia, dar clases en las universidades cuestión que tampoco es bien pagada. Importante es llamar la atención de las autoridades tanto del Poder Ejecutivo, como del Poder Judicial a los fines que fijen sus miradas en los recientes llamados a concursos públicos de oposición para elegir dichos funcionarios, será que la asistencia a tales concursos es tan baja porque las prestaciones laborales no resultan ser apetecibles ni competitivas ante los requisitos exigidos y el mercado laboral privado.
Ser Juez, Fiscal o Defensor Publico es una vocación, el ser humano se inclina por un rol con el cual satisface el llamado de la patria, satisface su deseo personal de colaborar, pero no podemos confundir vocación de servicio con mendicidad, no podemos confundir ser honrado con la pobreza extrema. La misma sociedad, que me lee y para quienes pudieran mis palabras ser sacrilegio, es la misma sociedad que le impone a los jueces, fiscales y defensore que deben tener una capacitación adecuada en universidades de primera, lo cual tiene un costo. Que deben tener un buen vehículo, que los hijos estén en buenos colegios, que no pueden visitar cualquier cuchitril, no puede visitar lugares de dudosa reputación pues corre el peligro de ser agredido por algún ciudadano inconforme con la sentencia que le ha perjudicado.
Les cuento que muchos de estos funcionarios no tienen vehículo, que tienen derecho a una seguridad brindada por el Estado según la ley, pero en ocasiones los propios palacios de justicia no tienen personal de seguridad suficiente y mucho menos aparecen los miembros de seguridad para servir de escoltas a estos funcionarios, los que sí se enfrentan directamente con la criminalidad, que reciben amenazas y agresiones por su función; sin embargo, cualquier funcionario de 5ta categoría anda con un sequito militar incalculable.
Omar Álvarez es el nombre del Fiscal asesinado en ejercicio de funciones en un allanamiento en el 2012 en Santo Domingo Oeste. Quizás no lo recuerdan, porque aquí una noticia borra la otra, pero esa familia que perdió su hijo, su padre o su esposo lo recuerda todos los días, Omar murió sirviendo al país y ¿el Estado se ha ocupado de sus hijos?, el Estado fallo en su deber de protección para con ese Fiscal y 12 años después sigue fallando con toda la clase judicial.
En la actualidad más de 350 jueces a nivel nacional, mediante un documento firmado, debidamente motivado y justificado en derecho le exigen al Consejo del Poder Judicial la aplicación inmediata del Manual de Salarios el cual fue aprobado en el 2022 y que solo se ha aplicado de forma selectiva. Si miramos a nivel internacional, los salarios de los jueces de la región los dominicanos recibimos alrededor del 40% del salario de nuestros homólogos en Colombia, Perú, Costa Rica, Puerto Rico. Con la salvedad que nuestra Escuela de formación de jueces es considerada la institución modelo de Iberoamérica para la capacitación de jueces, entonces hay una ilogisidad grave que viola el principio básico que a igual trabajo igual remuneración.
Somos servidores judiciales, lo hacemos con empeño, con devoción y con vocación porque creemos que desde nuestros roles (Jueces, Fiscales y Defensores Públicos) colaboramos con la creación de una mejor sociedad. Sin embargo, nosotros también tenemos familias que mantener, cuentas que pagar y solicitamos dignidad salarial para nuestra clase. No es posible estar decidiendo sobre lo más preciado que tienen las personas (su vida, libertad y bienes) pensando en que, si el carro del juez no tiene gasolina, no es posible. Dotemos a los actores judiciales de las herramientas para que todas sus necesidades estén dignamente cubiertas y así puedan enfocarse única y exclusivamente en hacer justicia.
Acento
