Sánchez adelanta las elecciones al 29 de noviembre entre la crisis de vivienda, el bloqueo parlamentario y los casos judiciales que afectan al PSOE
Madrid, 5 de octubre de 2026.— El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el domingo 29 de noviembre.
La decisión llega después del rechazo parlamentario de dos decretos sobre vivienda, en medio de movilizaciones contra los desahucios y el encarecimiento de los alquileres, y con varias causas judiciales que afectan a figuras del PSOE y al entorno del mandatario.
En una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, Sánchez defendió el balance del Gobierno de coalición del PSOE y Sumar y planteó las elecciones como una decisión sobre el rumbo político del país.
Preguntó a los ciudadanos si desean sumarse a la «ola ultraderechista» que, según sostuvo, recorta derechos, o mantener a España como un referente de apertura, justicia social y responsabilidad medioambiental.
El presidente comunicó telefónicamente al rey Felipe VI su intención de adelantar las elecciones el domingo por la tarde, según fuentes de la Zarzuela. El Consejo de Ministros tenía prevista una reunión este lunes a las 11:30 horas para aprobar la convocatoria, cuyo decreto, firmado por el monarca, será publicado el martes en el Boletín Oficial del Estado.
El anuncio se produjo antes de que los reyes salieran de Madrid para comenzar un viaje de Estado de tres días a Finlandia.
Sánchez destacó que España ha continuado creciendo durante los tres años de legislatura y aseguró que se ha convertido en la economía que más crece y más empleo crea de la Unión Europea.
También afirmó que el poder adquisitivo ha aumentado el triple que en grandes economías como Francia y Alemania y que la desigualdad y la pobreza, aunque siguen siendo elevadas, han descendido a mínimos históricos.
En su balance incluyó la ampliación de becas, permisos de maternidad y paternidad, ayudas a la dependencia y prestaciones sanitarias. Añadió la modernización industrial mediante los fondos europeos Next Generation y la transición energética, que, según sus palabras, ha permitido que más de la mitad de la energía proceda de fuentes renovables.
Defendió asimismo las iniciativas para garantizar el acceso a la vivienda y su negativa a sacrificar el Estado del bienestar para destinar el 5 % del producto interior bruto a Defensa, exigencia impulsada por Estados Unidos dentro de la OTAN. En política exterior, presentó a España como un referente de paz, feminismo y prosperidad.
El mandatario admitió errores y reconoció que quedan injusticias y problemas por resolver, aunque reivindicó los resultados económicos, sociales y medioambientales de su gestión.
La convocatoria tiene como antecedente inmediato la doble derrota sufrida por el Ejecutivo el viernes 2 de octubre. El Congreso rechazó los dos decretos de vivienda pese a una intervención de última hora de Sánchez, que pidió a los diputados respaldar las medidas.
El primer texto cayó por 178 votos en contra y 172 a favor, con el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN. El segundo fue rechazado por 184 votos frente a 166. Entre las disposiciones figuraban prórrogas de contratos, límites a las rentas, restricciones a compras especulativas y beneficios fiscales para propietarios e inquilinos.
La oposición de Junts volvió a evidenciar la fragilidad de la mayoría que había sostenido al Gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Sánchez de utilizar la vivienda con fines electorales y le reclamó que convocara los comicios.
Sin embargo, el adelanto no cierra la disputa sobre esas medidas. Fuentes gubernamentales anunciaron este lunes que el Ejecutivo prevé volver a aprobar decretos de vivienda el martes.
Con las Cortes disueltas, su eventual convalidación correspondería a la Diputación Permanente del Congreso, donde, según RTVE, la izquierda y el PNV podrían reunir una mayoría sin depender de Junts. La aprobación todavía está pendiente.
El enfrentamiento parlamentario se desarrolla sobre una crisis de acceso a la vivienda que ha intensificado la presión social. Según el Instituto Nacional de Estadística, los precios de compra aumentaron un 12,2 % interanual en el segundo trimestre de 2026 y encadenaron 45 trimestres de subidas. La escasez de oferta frente a una demanda creciente agrava las dificultades de los jóvenes y los hogares con menores recursos.
Otro indicador, la estadística de valor tasado del Ministerio de Vivienda, situó el precio medio en un récord de 2.355 euros por metro cuadrado, con un incremento anual del 12,5 %. Se trata de una medición diferente de la del INE, pero ambas reflejan el encarecimiento del mercado.
La indignación encontró un símbolo en Maricarmen Abascal, de 87 años, desalojada el 23 de septiembre del piso madrileño donde había vivido durante más de siete décadas. Su caso impulsó manifestaciones y una acampada en la Puerta del Sol.
En la marcha del 26 de septiembre, los organizadores calcularon unos 300.000 asistentes, mientras la Delegación del Gobierno informó de aproximadamente 25.000. Las cifras, ampliamente divergentes, acompañaron una protesta que responsabilizó tanto al Gobierno central como a las administraciones madrileñas de la falta de soluciones.
Posteriormente se alcanzó un acuerdo para que Maricarmen pudiera regresar a su vivienda con un contrato de ocho años y una renta vinculada a sus ingresos. Ese desenlace no desactivó las movilizaciones: los colectivos reclamaron cambios legales que eviten nuevos casos y protestaron ante el Congreso durante la votación de los decretos.
Las manifestaciones también se extendieron a otras ciudades. En Córdoba, unas 7.000 personas marcharon este domingo, según informó la Cadena SER, para exigir vivienda digna y combatir la especulación. Los convocantes criticaron el rechazo parlamentario de unas medidas que consideraban insuficientes, pero necesarias.
A la presión social y legislativa se suma el desgaste provocado por las causas judiciales que han afectado a dirigentes socialistas y al entorno de Sánchez. Entre ellas figura la investigación contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su presunto papel en una red de tráfico de influencias vinculada a Plus Ultra.
La causa examina posibles gestiones y contraprestaciones relacionadas con la aerolínea, que recibió en 2021 un préstamo público de 53 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI. Informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal atribuyen a Zapatero una posición de dirección en la presunta red e investigan pagos y relaciones empresariales de su entorno. Son hipótesis policiales y judiciales pendientes de resolución.
Zapatero ha negado haber intervenido ante el Gobierno o la SEPI para obtener el rescate. También sostiene que sus actividades fueron legales y que declaró sus ingresos. Su defensa solicitó la nulidad de la investigación por supuestas vulneraciones de derechos, pero el juez José Luis Calama rechazó esa petición en septiembre y mantuvo abierta la causa.
Debe distinguirse esta investigación de la revisión judicial inicial del préstamo: en enero de 2023 se había sobreseído provisionalmente aquella causa al no apreciarse suficientemente la comisión de un delito. Ese archivo no supone una resolución de las posteriores pesquisas sobre presuntas influencias.
La esposa del presidente, Begoña Gómez, afronta una situación procesal diferente. El juez Juan Carlos Peinado dictó el 21 de septiembre la apertura de juicio oral con jurado por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Su asesora, Cristina Álvarez, será juzgada por el segundo.
El procedimiento gira en torno a la actividad de Gómez en una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid, el software desarrollado en ese ámbito y las tareas realizadas por su asesora, remunerada con fondos públicos. Las acusaciones populares solicitan 13 años de prisión para Gómez y seis para Álvarez; la Fiscalía y las defensas piden la absolución.
El magistrado no impuso fianzas ni otras medidas cautelares, aunque ordenó comprobar la capacidad económica de Gómez ante posibles responsabilidades civiles. La Complutense reclama 113.509 euros por perjuicios.
La Moncloa calificó la instrucción de arbitraria e injusta y sostuvo que responde a una persecución por su vínculo matrimonial con Sánchez. La apertura de juicio oral no constituye una condena: corresponde al tribunal determinar si existen responsabilidades penales.
Los casos de Zapatero y Gómez se añaden al impacto político del caso Koldo, relacionado con contratos de mascarillas durante la pandemia y que ha implicado a antiguos responsables socialistas como José Luis Ábalos y Santos Cerdán.
Estos procedimientos forman parte del contexto de desgaste de la legislatura, pero no permiten afirmar por sí solos que sean la causa del adelanto. El antecedente político inmediato fue la derrota de los decretos de vivienda. El 29 de noviembre, los electores decidirán la composición de unas nuevas Cortes de las que deberá surgir la mayoría capaz de formar Gobierno.
Fuentes: Agencia EFE