Santiago Peña permanece en prisión preventiva por el caso Ueno; investigan fondos públicos y avanzan pagos a ahorrantes
ASUNCIÓN, Paraguay, 9 de noviembre de 2026.– El expresidente paraguayo Santiago Peña permanece bajo prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, después de que un juez acogiera la solicitud de la Fiscalía en la investigación por el colapso de Ueno Bank, mientras las autoridades avanzan en la devolución de depósitos garantizados y en el rastreo de los recursos manejados por la entidad.
Peña, quien fue destituido el viernes por el Senado, está formalmente imputado por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor, según el Ministerio Público.
El caso corresponde a Paraguay, no a Uruguay, y los principales procedimientos judiciales se desarrollan en Asunción. La decisión del sábado también precisa su situación de detención: aunque inicialmente quedó detenido en su vivienda, la medida judicial posterior establece su permanencia en una instalación militar.
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú explicó que la prisión preventiva busca garantizar el sometimiento del exmandatario al proceso. Durante la audiencia de imposición de medidas, Peña se abstuvo de declarar.
El magistrado descartó trasladarlo a una cárcel común, al considerar que, por su condición de expresidente, posee información sensible relacionada, entre otros asuntos, con el crimen organizado.
La detención inicial se ejecutó el viernes, después de que los 44 senadores presentes votaran por destituirlo por mal desempeño de funciones. Posteriormente fue llevado al Regimiento Escolta Presidencial, en medio de concentraciones de manifestantes en las inmediaciones de su residencia.
La resolución parlamentaria impidió que adquiriera la condición de senador vitalicio y los fueros correspondientes.
La investigación penal examina la presunta intervención de Peña en decisiones relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes recursos de instituciones públicas y previsionales en Ueno Bank.
De acuerdo con la imputación descrita en el despacho de EFE, la entidad recibió esos fondos mientras realizaba operaciones crediticias con sociedades presuntamente vinculadas a su propio grupo económico, sobre las cuales los organismos supervisores habían identificado observaciones e irregularidades.
Los fiscales investigan esas actuaciones en el contexto de la relación económica y corporativa previa de Peña con Ueno Holding, conglomerado del grupo empresarial propietario del banco. Según la documentación citada durante el juicio político, el entonces presidente vendió su participación accionaria en marzo de 2025.
El punto central es determinar si utilizó su posición para favorecer la permanencia de dinero público en una entidad vinculada a sus anteriores intereses empresariales y si esas decisiones ocasionaron perjuicios o beneficios indebidos.
Aunque algunas publicaciones mencionan enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias entre los hechos denunciados o investigados, la imputación oficial del 7 de noviembre identifica únicamente dos figuras penales contra Peña: lesión de confianza y administración en provecho propio.
Por tanto, no corresponde presentar el enriquecimiento ilícito como un cargo formal confirmado en esa resolución. Las fuentes oficiales consultadas tampoco detallan un incremento patrimonial injustificado específico que permita explicar esa acusación como un hecho establecido.
Administración en provecho propio y enriquecimiento ilícito son denominaciones distintas y no deben utilizarse como equivalentes. La existencia de vínculos empresariales previos constituye un elemento de la investigación, pero no prueba por sí sola una conducta delictiva.
En la misma causa fue imputado el expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, a quien se atribuyen presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, en calidad de autor.
Carvallo había presidido la Financiera Ueno antes de asumir la conducción del Banco Central en 2023. Los diputados promotores del juicio político señalaron que el directorio del organismo autorizó la creación del banco 83 días después de su designación.
El exfuncionario se presentó ante las autoridades el viernes por la noche y fue arrestado.
La crisis estalló después de que el Banco Central anunciara, en la madrugada del 3 de noviembre, un procedimiento de resolución o disolución de Ueno por problemas de solvencia.
El banco tenía 2.94 millones de clientes, entre ellos organismos estatales y alrededor de 32,000 jubilados cuyas cuentas eran administradas por la entidad. Durante la gestión de Peña, el Instituto de Previsión Social colocó aproximadamente 355 millones de dólares en el banco, según el despacho de EFE.
El bloqueo de los recursos provocó preocupación y protestas de ahorrantes que necesitaban disponer de su dinero para gastos cotidianos, obligaciones familiares y actividades comerciales.
El Banco Central anunció el inicio del pago de la garantía de depósitos. En un comunicado del 5 de noviembre estableció que el primer grupo comprendería a clientes con depósitos totales de hasta diez millones de guaraníes, sin deudas con Ueno y con cuentas habilitadas en otras entidades financieras nacionales.
Para quienes cumplieran esas condiciones, indicó que se devolvería la totalidad del depósito. Los siguientes grupos serían anunciados mediante los canales oficiales, conforme avanzara el procedimiento.
Un comunicado anterior explicó que el anticipo de la garantía sería de hasta 40 salarios mínimos, descontando las deudas vencidas con la entidad. También contempló abrir cuentas en otros bancos o financieras a quienes no dispusieran de ellas.
Según Reuters, que citó información de los reguladores, se habían pagado aproximadamente 160 millones de dólares a cerca de 1.2 millones de ahorrantes mediante el mecanismo estatal de garantía.
Ese avance no significa que todos los depósitos hayan sido restituidos ni que los recursos de instituciones públicas y previsionales estén íntegramente recuperados.
La investigación bancaria comprende además a numerosos exdirectivos. El despacho de EFE señala que la Fiscalía imputó a 27 personas y que Miguel Vásquez, uno de los fundadores de Ueno, fue trasladado junto con otros cinco directivos a centros para procesados.
La destitución de Peña activó la sucesión constitucional y permitió que el entonces vicepresidente Pedro Alliana asumiera la Presidencia para completar el mandato hasta agosto de 2028.
El nuevo vicepresidente, Antonio Barrios, anunció que el Ejecutivo buscará cooperación de países aliados con capacidad tecnológica para rastrear el dinero manejado por Ueno. No identificó a los Estados a los que solicitarían asistencia.
Mientras continúan las diligencias y los pagos a depositantes, la prisión preventiva constituye una medida cautelar, no una condena. Las responsabilidades penales de Peña y de los demás procesados deberán determinarse durante el procedimiento judicial.
Fuentes: Agencia EFE