Sector arrocero alerta por eliminación de aranceles al cereal de Estados Unidos; advierte riesgos para 30 mil productores y 300 mil empleos
Santo Domingo, 7 de octubre de 2026.— La eliminación de los aranceles aplicados al arroz procedente de Estados Unidos ha generado preocupación entre productores y organizaciones agropecuarias dominicanas, que advierten sobre sus posibles consecuencias para unas 30 mil familias productoras, más de 300 mil empleos directos e indirectos y la seguridad alimentaria del país.
La decisión está contenida en el decreto 635-26, firmado por el presidente Luis Abinader el pasado 9 de septiembre, mediante el cual fue derogado el decreto 642-24, que disponía la aplicación de un arancel de un 20 % ad valorem a las cuotas de importación de arroz estadounidense.
Mientras representantes del sector reclaman explicaciones, medidas de protección y un programa de transformación productiva, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, aseguró que la disposición no significa que el Gobierno abandonará a los arroceros ni que renunciará a defender la producción nacional.
El médico veterinario y zootecnista José Israel Brito, creador del proyecto AgrolifeRD, advirtió que la apertura arancelaria afectará a más de 30 mil productores y a unos 300 mil empleos vinculados con esta actividad.
Brito cuestionó el rumbo de las políticas agropecuarias y sostuvo que los productores necesitan conocer con claridad las decisiones que pueden comprometer su continuidad.
“Pero pareciera que el Gobierno tiene un plan de acabar con los productores. Si la idea es que aquí no se siembre una mata de guayaba, ustedes nos lo dicen, pero no nos dejen quebrar. Señores, primero el cerdo y luego el arroz”, manifestó.
Según su explicación, el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, conocido como DR-CAFTA, contemplaba aranceles de un 20 % y un 99 % vinculados con las importaciones de arroz estadounidense. Indicó que el calendario de desgravación llegó a arancel cero el 1 de enero de 2025 y que la protección fue eliminada mediante la disposición del pasado 9 de septiembre.
El especialista consideró que las posibilidades de actuar contra los compromisos del tratado son limitadas y pidió al Gobierno explicar públicamente la situación, incluso mediante una rueda de prensa, sin generar expectativas que, a su juicio, no puedan cumplirse.
“Contra ese tratado no hay mucho que hacer. El Gobierno tiene que dejar de mentirles a los productores y decirles que hay solución”, expresó.
Como alternativa, propuso aprovechar los mecanismos que el acuerdo comercial no prohíbe. Entre sus recomendaciones figuran publicar un informe mensual de las importaciones y establecer un sello de origen, con la identificación “Hecho en República Dominicana” o la bandera nacional, que permita distinguir los productos dominicanos de los importados y evitar que se mezclen sin diferenciación.
También planteó que el Estado compre a los productores locales, facilite crédito oportuno y garantice mecanización y riego a tiempo. A esas medidas añadió la elaboración de un plan de contingencia junto con los gremios agropecuarios.
Brito insistió en que reducir los costos de producción es indispensable para sostener la actividad agrícola. Aunque reconoció que aumentar el financiamiento no debería ser la única respuesta, entiende que resulta necesario ante las condiciones actuales.
“Tenemos que bajar el costo de producción y, lamentablemente, hay que seguir financiando, digo lamentablemente porque esa no es la idea, financiar más, pero si queremos salvar el campo, yo creo que esa es la única forma”, afirmó.
Para ilustrar los riesgos, sostuvo que los porcicultores perdieron la mitad de su producción durante los últimos seis años, una caída que considera difícil de revertir. En contraste, aseguró que la producción nacional de arroz todavía representa un 96 % del abastecimiento.
Según Brito, el sector porcino pasó de producir un 75 % de los cerdos del país a depender en mayor medida de las importaciones. Advirtió que los arroceros enfrentan ahora un escenario que podría conducirlos por una trayectoria similar.
“¿Cuál es la estrategia para que el arroz no termine como el cerdo? Señores, cada vez nuestro plato se está llenando de cosas que no producimos y eso sí es un verdadero peligro”, expresó.
Agregó que la competencia dejó de limitarse a otros agricultores dominicanos y pasó a incluir productores extranjeros que operan a escala masiva y reciben subsidios de sus gobiernos, condiciones que, según señaló, no tienen los productores nacionales.
El agrónomo Luis Reyes también alertó sobre posibles repercusiones más allá del arroz. Según su valoración, un deterioro del sector provocaría que una parte importante de las tierras arroceras se destinara a otros cultivos, trasladando la presión hacia el conjunto de la agricultura.
Reyes sostuvo que el arroz representa algo más de un 60 % de lo que se siembra en el país y advirtió que la reconversión de esas superficies podría generar una sobreoferta de otros rubros.
“Quiero que ustedes sepan que primero muere el arroz, y después toda la agricultura, porque el arroz compone un poquito más de un 60 % de todo lo que se siembra en nuestro país”, explicó.
A su juicio, ese exceso de productos haría caer los precios del mercado, afectaría la rentabilidad de los agricultores y podría desembocar posteriormente en una mayor dependencia de alimentos importados.
La preocupación también fue expresada por Marcos Rodríguez, dirigente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), quien reconoció la incertidumbre que atraviesa el sector tras conocer la derogación.
“Podríamos decir que quisiéramos estar tranquilos, pero no es una situación que nos lleva a la tranquilidad”, manifestó.
Rodríguez afirmó que los productores dominicanos carecen de las condiciones necesarias para competir frente a las economías de escala de los proveedores extranjeros.
Explicó que la actividad arrocera está estrechamente vinculada con las factorías y, en una proporción importante, con el sector de agroquímicos, por lo que cualquier caída tendría consecuencias sobre toda su cadena productiva.
Advirtió que una reducción de la producción podría conducir al colapso del sector y provocar que las tierras se orienten a otros cultivos, con el consiguiente riesgo de sobreoferta.
“Somos vulnerables totalmente, todo el país y nosotros los productores. No tenemos las condiciones para competir en la economía de escala”, sostuvo, al reconocer que resulta difícil anticipar hacia dónde se dirige la actividad y cuáles serán las consecuencias de la medida.
El dirigente no descartó que la derogación responda a presiones de Estados Unidos. Señaló que, aunque el decreto fue firmado a principios de septiembre, la decisión se conoció públicamente el lunes 5 de octubre.
“Nosotros no sabíamos nada, ahora es que nos hemos enterado, entonces eso es de preocupación para nosotros, ayer en la tarde fue que nos enteramos de esta situación”, declaró.
Sobre los contactos previos con el Gobierno, Rodríguez explicó que representantes del sector fueron convocados al Palacio Nacional, donde se les informó de presiones estadounidenses para que se derogara el decreto. Según relató, también se les comunicó que una comisión trataría de responder a esas exigencias.
Por su parte, la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) calificó la decisión como un “golpe a la producción nacional de arroz” y solicitó al Gobierno explicar cómo protegerá a los productores, el empleo rural y la seguridad alimentaria.
El gremio sostuvo que cualquier modificación de las condiciones de importación debe tomar en cuenta sus efectos sobre las fincas, factorías, cooperativas, transportistas y comunidades que dependen del arroz, además del abastecimiento y los precios que pagan los consumidores.
Confenagro recordó que el decreto derogado establecía que sus medidas permanecerían vigentes hasta que el Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan) recomendara lo contrario, sobre la base de un nuevo informe de su Secretaría Técnica.
En ese sentido, pidió aclarar si la derogación estuvo precedida por esa recomendación y reclamó la publicación de los documentos que sustentaron la decisión.
La organización reiteró que el sector reúne alrededor de 30 mil productores y genera más de 300 mil empleos directos e indirectos. Asimismo, señaló que las diferencias entre República Dominicana y Estados Unidos en escala productiva, tecnología, financiamiento y apoyo estatal requieren medidas que permitan una competencia equitativa.
Confenagro solicitó convocar una mesa de trabajo con las organizaciones arroceras para evaluar el alcance de la derogación y acordar acciones que preserven la producción nacional y establezcan reglas claras para las próximas cosechas.
También planteó que, a 22 años de la firma del DR-CAFTA, resulta urgente ejecutar un programa de transformación del sector, con metas, presupuesto y plazos verificables.
“Ese esfuerzo debe incluir mecanización, riego eficiente, asistencia técnica, crédito oportuno y fortalecimiento de la comercialización, con acceso efectivo para los pequeños y medianos productores”, expuso en un comunicado.
Frente a estos señalamientos, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, aseguró que la derogación del régimen arancelario no representa un abandono gubernamental ni una debilidad frente a los productores nacionales.
“Como ministro de Agricultura, y como una persona que conoce profundamente la realidad del campo, puedo decir con claridad que este Gobierno no va a dejar solos a los productores arroceros. El arroz es un rubro estratégico para la seguridad alimentaria del país, sostiene miles de empleos y forma parte esencial de la economía rural dominicana”, afirmó.
Espaillat explicó que la decisión responde a una visión de Estado que contempla el manejo responsable de los compromisos comerciales del país, sin renunciar a la defensa de la producción local.
El funcionario consideró, además, que la medida abre la posibilidad de trabajar en mejores condiciones para una eventual renegociación, sustentada en una base más sólida y técnica, y conveniente para los intereses de República Dominicana.