Segura Foster califica de “metida de pata” arancel al arroz estadounidense y pide derogar decreto
Santo Domingo, 13 sept.– El exadministrador del Banco Agrícola Carlos Segura Foster calificó como una “metida de pata” la emisión del Decreto 693-24, mediante el cual el Gobierno dominicano estableció un arancel de 99 % para las importaciones de arroz estadounidense que excedan la cuota anual libre de impuestos.
El dirigente agropecuario y miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirmó que el Poder Ejecutivo “no tiene de otra” que derogar la disposición, debido a que entra en conflicto con los compromisos comerciales asumidos por la República Dominicana dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA).
Segura Foster sostuvo que el país había aprobado previamente el desmonte progresivo de los aranceles aplicados a varios productos agropecuarios sensibles y que, en el caso del arroz procedente de Estados Unidos, la liberalización total estaba programada para entrar en vigor el primero de enero de 2025.
A su juicio, establecer posteriormente una tarifa de 99 % representó un error de política comercial, porque una disposición administrativa no puede desconocer obligaciones derivadas de un tratado internacional ratificado por el Congreso Nacional.
El exfuncionario recordó que República Dominicana ya había desgravado seis de los ocho productos agropecuarios que originalmente recibieron protección especial dentro del DR-CAFTA.
Decreto fija cuota y arancel de 99 %
El presidente Luis Abinader emitió el Decreto 693-24 el 18 de diciembre de 2024, días antes de que concluyera el período de desgravación contemplado en el acuerdo comercial.
La disposición permite la importación anual de 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense con un arancel de cero por ciento. Las cantidades que superen esa cuota quedan sujetas a una tarifa aduanera de 99 % sobre el valor declarado.
La medida comprende las partidas arancelarias correspondientes al arroz con cáscara, descascarillado, semiblanqueado, blanqueado, partido y otras presentaciones del cereal.
El decreto dispone que esos productos reciban el tratamiento establecido en la Lista XXIII de concesiones de la República Dominicana ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
También establece que el régimen permanecerá vigente hasta que el Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional recomiende su modificación o eliminación, sustentado en un nuevo informe técnico.
La finalidad declarada de la medida es preservar la producción arrocera dominicana, considerada fundamental para la seguridad alimentaria, la economía rural y el sustento de miles de productores.
Estados Unidos reclama cumplimiento del DR-CAFTA
La controversia tomó mayor relevancia después de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) solicitara al Gobierno dominicano eliminar el decreto y cumplir las condiciones de acceso al mercado pactadas en el DR-CAFTA.
La petición fue planteada durante una reunión virtual entre representantes de ambos gobiernos para tratar el fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales.
En el encuentro participaron el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeffrey Goettman; la embajadora estadounidense en Santo Domingo, Julie Callahan; la principal negociadora agrícola de la USTR y el ministro dominicano de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó.
De acuerdo con la posición estadounidense, el tratado establecía la eliminación de los aranceles aplicados al arroz de ese país a partir del primero de enero de 2025. Por esa razón, Washington considera que la cuota de 23,300 toneladas libres de impuestos y el gravamen de 99 % sobre cualquier volumen adicional restringen el acceso acordado al mercado dominicano.
Estados Unidos también expresó su disposición a negociar con República Dominicana un acuerdo de comercio recíproco y manifestó su interés en que las conversaciones concluyan oportunamente.
Debate sobre protección de los productores
La posible derogación del decreto genera preocupación entre los productores nacionales, quienes advierten que una entrada masiva de arroz estadounidense libre de aranceles podría reducir los precios internos y afectar la rentabilidad de miles de agricultores.
Segura Foster, sin embargo, entiende que el Gobierno escogió una vía jurídicamente cuestionable para responder a esa preocupación, debido a que las disposiciones del DR-CAFTA ya habían sido incorporadas al ordenamiento nacional.
El exadministrador del Banco Agrícola considera que la protección de los arroceros debe abordarse mediante mecanismos compatibles con los acuerdos comerciales vigentes, junto con políticas de financiamiento, tecnificación, reducción de costos y aumento de la productividad.
La discusión enfrenta, por un lado, la obligación del país de cumplir los compromisos de apertura comercial asumidos con Estados Unidos y, por otro, el interés de proteger un cultivo estratégico para la alimentación y la economía rural dominicana.