Semana de protestas presiona al Gobierno y acelera cambios al Código Penal
Santo Domingo, 11 julio.– La República Dominicana cerró esta semana con un clima de creciente inconformidad social, marcado por protestas en distintos puntos del país, cacerolazos en sectores residenciales del Gran Santo Domingo, manifestaciones frente al Tribunal Constitucional y la Plaza de la Bandera, además de quemas de neumáticos en algunas comunidades.
La respuesta más inmediata del Poder Ejecutivo fue remitir al Senado un proyecto de ley con 18 modificaciones al nuevo Código Penal, mientras el Congreso se comprometió a conocerlo y aprobarlo antes del 3 de agosto, fecha prevista para la entrada en vigor de la Ley 74-25.
Las expresiones de protesta comenzaron con cacerolazos nocturnos que se extendieron durante varios días consecutivos en sectores como Naco, Bella Vista, El Millón, Evaristo Morales, Arroyo Hondo, Los Cacicazgos, Alma Rosa, Ensanche Ozama y Sabana Perdida, donde los ciudadanos manifestaron su descontento por el alto costo de la vida, la reciente reforma fiscal, el incremento de algunos servicios, la actuación de agentes policiales y varios artículos del nuevo Código Penal relacionados con la libertad de expresión.
La convocatoria surgió principalmente a través de redes sociales y fue respaldada por activistas y organizaciones civiles.
El descontento también se trasladó a las calles con una concentración de organizaciones sociales y ciudadanos en la Plaza de la Bandera, luego de depositar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra varios artículos del nuevo Código Penal, los cuales califican como una "ley mordaza".
Los manifestantes reclamaron modificaciones a las disposiciones que, a su juicio, afectan la libertad de expresión, además de denunciar el alto costo de la canasta familiar, los combustibles y otras problemáticas sociales. La movilización provocó importantes congestionamientos en las inmediaciones de la avenida Luperón.
En paralelo, durante la semana también se registraron protestas comunitarias y quemas de neumáticos en distintos sectores del país en reclamo de mejoras en el servicio eléctrico, obras públicas y otras demandas locales, reflejando un ambiente de tensión social que se fue extendiendo a diferentes provincias y barrios del Gran Santo Domingo.
Ante ese escenario, el Gobierno decidió introducir al Senado un proyecto de ley que modifica 18 artículos del nuevo Código Penal. La iniciativa concentra buena parte de los cambios en disposiciones relacionadas con la libertad de expresión, el delito de ultraje, la difamación, la injuria, el uso de imágenes sin consentimiento y otras figuras penales que habían generado cuestionamientos de organizaciones periodísticas, juristas y sectores de la sociedad civil.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que la pieza será conocida con carácter prioritario por una comisión bicameral y expresó la decisión del Congreso de aprobar las modificaciones antes del 3 de agosto, cuando está prevista la entrada en vigencia del nuevo Código Penal.
El Poder Legislativo dispone de un plazo reducido para completar el proceso, debido a que la actual legislatura concluye el próximo 26 de julio.
En medio del debate, la alcaldesa del Distrito Nacional y aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, llamó al Gobierno y a sus funcionarios a escuchar las manifestaciones de inconformidad de la población.
La dirigente sostuvo que los cacerolazos constituyen una expresión democrática y que corresponde a las autoridades prestar atención a las causas que originan ese malestar ciudadano.
El conjunto de acontecimientos convirtió la semana en una de las de mayor efervescencia social de los últimos meses, con protestas simultáneas tanto en las calles como desde los hogares mediante los cacerolazos, mientras el Gobierno y el Congreso buscan desactivar parte de las críticas mediante la revisión de los aspectos más controvertidos del nuevo Código Penal.