Senado aprueba ley contra importaciones vinculadas al trabajo forzoso pese a decreto previo de Abinader
Santo Domingo, 22 sept..– El Senado de la República aprobó este martes, mediante declaratoria de urgencia y en dos discusiones consecutivas, el proyecto de ley presentado por el senador Félix Bautista para prevenir, identificar y prohibir la importación de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso.
La aprobación se produce pese a que el presidente Luis Abinader ya había emitido el Decreto 502-26, del 23 de julio de 2026, que prohíbe el ingreso al territorio dominicano de productos vinculados con esa práctica y establece procedimientos administrativos para investigarlos y bloquearlos.
La disposición presidencial fue adoptada inmediatamente después de que la administración del presidente estadounidense Donald Trump anunciara la aplicación de nuevos aranceles a varios socios comerciales y horas antes de que comenzara a regir una tasa de 12.5 % sobre las exportaciones dominicanas hacia Estados Unidos.
Bautista ha explicado que, aunque el decreto presidencial representa un avance, considera necesario contar con una ley formal que permita demostrar ante Estados Unidos la adopción y aplicación efectiva de mecanismos contra el comercio de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso.
Procuran reducir arancel estadounidense
Uno de los objetivos de la iniciativa es ofrecer al Gobierno dominicano un instrumento legal para negociar con Estados Unidos la reducción del arancel aplicado a las exportaciones nacionales, desde el actual 12.5 % hasta un 10 %.
Según Bautista, una modificación de la decisión adoptada por Washington permitiría que los exportadores dominicanos se ahorren aproximadamente US$182 millones anuales.
El legislador de la Fuerza del Pueblo sostuvo que la reducción colocaría a República Dominicana en condiciones similares a las de México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Ecuador y Argentina, cuyos productos ingresan al mercado estadounidense con una tasa de 10 %.
El arancel adicional fue aplicado bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos de 1974, luego de que Washington considerara que la República Dominicana no disponía de una prohibición legal aplicada eficazmente contra la entrada de mercancías producidas mediante trabajo forzoso.
Alcance del proyecto
La iniciativa, que ahora deberá ser conocida por la Cámara de Diputados, propone excluir de las cadenas productivas y comerciales dominicanas todos los artículos elaborados mediante trabajo forzoso.
El texto define esa práctica como cualquier labor o servicio exigido a una persona bajo la amenaza de una pena y para el cual no se haya ofrecido voluntariamente.
La definición incluye el trabajo en condiciones de servidumbre por deudas, la retención de documentos de identidad, el confinamiento en los lugares de trabajo, las amenazas de denuncias ante las autoridades migratorias, la violencia física o psicológica y el engaño.
La pieza busca establecer un régimen legal para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes fabricados, extraídos, procesados o elaborados, de manera total o parcial, mediante esas prácticas.
La propuesta también persigue proteger los derechos humanos fundamentales y la dignidad de los trabajadores que participan en las cadenas de suministro del comercio internacional.
Identificación de las mercancías
El Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Aduanas serían las autoridades técnicas responsables de evaluar la posible existencia de trabajo forzoso en las cadenas de producción y suministro de las mercancías importadas.
Para desarrollar esas investigaciones, ambas instituciones podrían considerar informaciones procedentes de fuentes nacionales e internacionales, públicas o privadas.
Entre ellas se incluirían datos suministrados por importadores, exportadores, operadores económicos y asociaciones empresariales, así como informes elaborados por organismos internacionales, otros Estados, instituciones académicas y medios periodísticos.
También se tomarían en cuenta denuncias, investigaciones especializadas y cualquier otra información que permita establecer indicios razonables sobre la utilización de trabajo forzoso en alguna etapa del proceso productivo.
La Dirección General de Aduanas tendría, además, la responsabilidad de establecer un Registro Público de Prohibiciones de Importación por Trabajo Forzoso, en el cual se identificarían detalladamente las mercancías cuyo ingreso estaría vetado en República Dominicana.
Posibilidad de solicitar revisión
El productor, suplidor o importador sancionado tendría derecho a solicitar una revisión de la decisión con el propósito de recuperar la posibilidad de continuar desarrollando sus operaciones comerciales.
Para lograr el levantamiento de la prohibición, la persona o empresa señalada por Aduanas y el Ministerio de Trabajo tendría que demostrar el cese completo de las prácticas de trabajo forzoso.
También debería reparar los daños ocasionados a las víctimas y aplicar medidas estructurales que garanticen que esas conductas no vuelvan a repetirse.
La iniciativa de Bautista recibió el respaldo de otros 12 senadores, quienes lo acompañaron como proponentes. Entre ellos figuran Eduard Espiritusanto, Omar Fernández, Guillermo Lama, Moisés Ayala, Jonhson Encarnación, Carlos Gómez, Cristóbal Castillo, Rafael Barón Duluc, Manuel María Rodríguez Ortega, Ramón Rogelio Genao, Alexis Victoria Yeb y Aneudy Ortiz.
El pasado 28 de agosto, el representante de la provincia San Juan se reunió con la vicepresidenta Raquel Peña y con el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó, para solicitar el respaldo del Poder Ejecutivo a la aprobación del proyecto.
Bautista insiste en que convertir la prohibición en una ley fortalecerá la posición dominicana en las negociaciones comerciales con Washington, permitirá cumplir de manera más sólida los estándares internacionales y podría facilitar la reducción de la carga arancelaria que actualmente enfrentan las exportaciones nacionales.