Varias ONG de Perú instan al Gobierno a «desmilitarizar» el país

Lima, 16 dic (EFE).- La ONG Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) de Perú, que aglutina a varias organizaciones, exigió este viernes al Ejecutivo liderado por la presidenta Dina Boluarte y al Congreso «una salida urgente de la crisis» e instó a detener la «militarización y violencia contra manifestantes».

«No estamos dispuestos a tolerar ni una muerte más», aseguró la secretaria ejecutiva de la Cnddhh, Jennie Dador, en una rueda de prensa en relación a los 18 manifestantes muertos desde este domingo, 2 de ellos menores de edad, en las protestas que reclaman la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Dador recordó que es el Gobierno de Boluarte el que tiene la responsabilidad de sostener el derecho a la protesta y, en caso de que esta no sea pacífica, le corresponde usar los métodos adecuados para evitar que devenga en muertos y heridos.

Por ello, determinó que la militarización que consideran que vive Perú, en respuesta a las manifestaciones, «no es la adecuada».

«Hemos perdido siete vidas humanas en los primeros cinco días de protestas y desde el día de la militarización hemos duplicado el número de muertos y heridos», denunció Dador en referencia al estado de emergencia que comenzó a aplicarse este jueves y que, entre otras cosas, implica el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía.

Dador criticó la postura del Ejecutivo y del Congreso que, a su juicio, «se resiste a escuchar el clamor nacional de elecciones generales ya».

Del mismo modo, la abogada de Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, condenó «el uso abusivo de la fuerza por parte del Estado» y el uso de armas letales contra los manifestantes, e instó a las fuerzas del orden a hacer un uso proporcional de la fuerza con técnicas de disuasión.

«Se puede ver que algunas personas terminaban con alguna piedra o elemento en la mano (…) y de respuesta recibían balazos hacia el cuerpo de parte de miembros del Ejército. Esto es ejecución extrajudicial. Esto es asesinato», denunció Cano.

Al mismo tiempo, Cano rechazó los actos violentos y vandálicos de algunos manifestantes y reiteró que eso no justifica el uso de fuerza letal: «La respuesta del estado o puede ser con la muerte».

Además, la Cnddhh afirmó que hay 89 heridos y 147 personas «detenidas arbitrariamente» y sin posibilidad de recibir «la defensa inmediata» de un abogado, por lo que aseguraron que las violaciones de derechos humanos no quedarán impunes.

En cuanto al papel de la Fiscalía, las ONG denunciaron la falta de investigación de las muertes y los heridos en las protestas por parte de este órgano público.

El Gobierno de Boluarte decretó este miércoles el estado de emergencia en todo el país durante 30 días para que las Fuerzas Armadas pudiesen apoyar a la Policía Nacional de Perú (PNP) en el control del «orden interno» del país.

Desde la entrada en vigor del decreto, 10 manifestantes han muerto, 8 en el sureño departamento de Ayacucho y 2 en el norteño departamento de La Libertad.

Este viernes entra en vigor, adicionalmente, un toque de queda nocturno en 15 provincias de 8 departamentos de los 24 que tiene el país.