Sudáfrica afirma en Corte Internacional de Justicia que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza

LA HAYA, 11 enero — A un continente de distancia de los combates entre Israel y Hamás, Sudáfrica dijo el jueves a los jueces del máximo tribunal de Naciones Unidas que Israel está cometiendo genocidio en Gaza y pidió a la corte que ordene urgentemente que Israel detenga su operación militar. Israel ha rechazado de plano esos argumentos.

Los abogados sudafricanos dijeron que la nueva guerra en Gaza forma parte de décadas de opresión israelí sobre los palestinos.

Israel ha negado con vehemencia esos argumentos, ya antes de la vista ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.

Antes de que comenzara la sesión, cientos de manifestantes proisraelíes marcharon cerca de la corte con carteles que decían “Llévenlos a casa”, en alusión a los rehenes que aún tiene Hamás. Entre la multitud había gente con banderas israelíes y holandesas.

Ante la corte, otros protestaban y ondeaban la bandera palestina en apoyo de la iniciativa sudafricana.

La disputa ante el máximo tribunal de Naciones Unidas afecta al corazón de la identidad nacional israelí como estado judío creado tras el genocidio nazi en el Holocausto.

También implica a la identidad sudafricana: su partido en el gobierno, el Congreso Nacional Africano, compara desde hace tiempo la estrategia israelí en Gaza y Cisjordania con su propia historia durante el régimen del apartheid impuesto por la minoría blanca, que restringía a la mayoría de la población negra a zonas concretas hasta su final en 1994.

Aunque normalmente considera a las cortes internacionales y de Naciones Unidas como injustas y sesgadas, Israel ha enviado un fuerte equipo legal para defender la operación militar emprendida tras el ataque de Hamás y otros milicianos el 7 de octubre.

Sudáfrica intentó de inmediato llevar el caso más allá de los estrechos confines de la guerra actual entre Israel y Hamás.

“La violencia y la destrucción en Palestina e Israel no comenzó el 7 de octubre de 2023. Los palestinos han experimentado una opresión y violencia sistemática durante los últimos 76 años”, dijo el ministro de Justicia de Sudáfrica, Ronald Lamola.

Vusimuzi Madonsela, colíder de la delegación sudafricana, dijo que “desde un principio, Sudáfrica reconoce que los actos y omisiones genocidas del estado de Israel inevitablemente forman parte de una sucesión de actos ilegales perpetrados contra el pueblo palestino desde 1848”, cuando Israel declaró su independencia.

El primer ministro israelí, Benjamin Netnayahu, publicó un comunicado en video el miércoles por la noche en el que defendía las acciones de su país e insistió en que no tenían nada que ver con el genocidio.

“Israel no tiene intención de ocupar Gaza de forma permanente ni desplazar a la población civil”, dijo. “Israel combate a terroristas de Hamás, no a la población palestina, y lo hacemos en pleno cumplimiento del derecho internacional”.

Añadió que el ejército israelí “hace todo lo que puede para minimizar las bajas civiles, mientras que Hamás hace todo lo que puede por maximizarlas al utilizar a los civiles palestinos como escudos humanos”.

En la sesión de apertura en La Haya, Sudáfrica pidió a la corte que emitiera una orden interina para detener de inmediato las acciones militares israelíes. Es probable que cualquier decisión tome varias semanas.

La ofensiva israelí ha matado a más de 23.200 palestinos en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Salud controlado por Hamás en el territorio. Unos dos tercios de los muertos eran mujeres y niños, según funcionarios de salud. Las cifras no distinguen entre combatientes y civiles.

“A menudo se mata juntos a madres, padres, niños, hermanos, abuelos, tías, primos. Su asesinato no otra cosa que la destrucción de vida palestina. Se inflige de forma deliberada. Nadie se libra. Ni siquiera bebés recién nacidos”, dijo la abogada sudafricana Adila Hassim.

“Nada detendrá el sufrimiento salvo una orden de esta corte. Sin un indicio de medidas provisionales, las atrocidades continuarán, ya que las Fuerzas Israelíes de Defensa indican que pretenden seguir este rumbo durante al menos un año”, añadió.

Encontrar comida, agua, medicamentos y baños funcionales se ha convertido en una lucha diaria para los palestinos que viven en Gaza. El jefe humanitario de Naciones Unidas dijo la semana pasada que el territorio era “inhabitable” y dijo que “la gente enfrenta los niveles más altos de inseguridad alimentaria jamás registrados (y) la hambruna está a la vuelta de la esquina”.

La propia Israel ha centrado siempre la atención en los ataques del 7 de octubre, cuando combatientes de Hamás asaltaron varias poblaciones en Israel y mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles. Capturaron a otras 250, de las que casi la mitad han sido liberadas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, restó importancia al caso como “sin base” durante una visita a Tel Aviv el martes.

“Es especialmente molesto, dado que los que están atacando a Israel —Hamás, Hezbollah, los hutíes, así como su valedor, Irán— siguen pidiendo la aniquilación de Israel y el asesinato masivo de judíos”, afirmó.

La corte mundial, que se pronuncia en disputas entre estados, nunca ha juzgado a un país como responsable de genocidio. Lo más cerca que estuvo fue en 2007, cuando determinó que Serbia “violó la obligación de prevenir el genocidio” en la masacre de julio de 1995, cuando fuerzas serbobosnias masacraron a más de 8.000 hombres y niños musulmanes en el enclave bosnio de Srebrenica.

La Corte Penal Internacional, que tiene su base a unos pocos kilómetros (millas) en La Haya, procesa a personas por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.

El caso gira en torno a la convención contra el genocidio redactada en 1948 tras la II Guerra Mundial y el asesinato de 6 millones de judíos en el Holocausto. Tanto Israel como Sudáfrica son firmantes del documento.

Israel volverá a la Corte Internacional de Justicia el mes que viene, cuando comienzan las vistas sobre una solicitud de la ONU de que el tribunal emita una opinión no vinculante sobre la legalidad de las políticas israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este.