TC deja en estado de fallo ocho expedientes de acción directa de inconstitucionalidad

La audiencia fue encabezada por el presidente de la alta corte, magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier

Santo Domingo, 30 agosto . – El Pleno de jueces del Tribunal Constitucional (TC), encabezado por el magistrado presidente, Napoleón R. Estévez Lavandier, celebró este viernes una audiencia pública en la que conoció ocho expedientes de acción directa de inconstitucionalidad, los cuales quedaron pendiente de fallo.

En la audiencia, realizada en la sede principal de esta corte, se conoció el expediente TC-01-2024-0023, cuyo accionante, Félix Enmanuel Castillo Díaz-Alejo, atacó el artículo 24 de la Ley 10-15, que introduce modificaciones a la Ley 76-02, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana, el 10 de febrero de 2015.

Los magistrados también evaluaron el expediente TC-01-2024-0024, en el que María Aurelia Genao atacó los actos de las sentencias 918/2008, dictada por la Primera Sala del Juzgado de Trabajo de la provincia Santo Domingo el 30 de diciembre 2008; 097/2012, expedida por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 18 de mayo 2012; 342/2016, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, correspondiente al 29 de junio 2016, y TC/0475/20, pronunciada por el Tribunal Constitucional el 29 de diciembre de 2020.

En dicho expediente (TC-01-2024-0024), Genao también ataca las sentencias 033-2021-SSEN-01083, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia del 29 de octubre 2021; 029-2022-SSEN-00220, emitida por  la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional el 29 de agosto de 2022; 391/2013, pronunciada por la Suprema Corte de Justicia el 3 de julio 2013, y TC/0357/19, dictada por el Tribunal Constitucional el 16 de septiembre 2019, además de las certificaciones 0052/2009, del 18 de enero 2009, y 1261/2012, del 27 de junio 2012, emitidas ambas por la Superintendencia de Bancos, así como la sexta resolución expedida por la Junta Monetaria el 24 de julio de 2008. El Pleno otorgó a la Junta Monetaria un plazo de tres días hábiles para presentar su escrito, y, posteriormente el mismo tiempo a las demás partes. Luego, el expediente quedará pendiente de fallo.

En esta audiencia también se vio el expediente TC-01-2024-0025, interpuesto por Alberto Emilio Fiallo-Billini Scanlon, quien atacó los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral de fecha diecisiete, del 17 febrero 2023.

Asimismo, se conoció el expediente TC-01-2024-0026, que tuvo como accionantes a César V. Polanco Reynoso y Alan Solano Tolentino, con la omisión legislativa absoluta respecto de la Ley de Prestación de Servicios para el Desarrollo.

De igual manera, conocieron el expediente TC-01-2024-0027, con el cual Fraila Méndez Marrero refutó los artículos 59, párrafo III, y 60 del Reglamento Disciplinario del Ministerio Público, aprobado mediante la décima tercera resolución adoptada en la segunda sesión ordinaria celebrada por el Consejo Superior del Ministerio Público del 15 de febrero 2023.

Los jueces del TC también conocieron el expediente TC-01-2024-0028, presentado por Luis de Jesús Rodríguez Núñez, quien atacó el artículo 26 de la Ley 488-08, que establece un Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), correspondiente al 19 de diciembre 2008; también el artículo 154, numeral 2, del Decreto 416-23, que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras y sus modificaciones, del 14 de septiembre 2023.

De igual forma, el expediente TC-01-2024-0030, en el que los accionantes, Anderson Javiel Dirocie de León y Patricia M. Santana Nina, refutaron el artículo 210 de la Ley 285, que crea el Código de Justicia de la Policía Nacional, del 29 de junio de 1966, y el artículo 260 de la Ley 3483, del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, del 13 de febrero 1953.

Finalmente, el Pleno de jueces ventiló el expediente TC-01-2024-0031, presentado por César V. Polanco Reynoso y Alan Solano Tolentino, con omisión legislativa absoluta respecto de la «Ley de estímulo y motivación al deporte, la atención integral a los deportistas y el apoyo al deporte de alta competición».

Además del magistrado presidente de esta corte, en la audiencia pública estuvieron presentes los magistrados Miguel Aníbal Valera Montero y Eunisis Vásquez Acosta, primer y segundo sustituto del presidente del TC, respectivamente, Domingo Gil, Fidias F. Aristy Payano, José Alejandro Ayuso, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Sonia Díaz Inoa, Amaury A. Reyes Torres, María del Carmen Santana de Cabrera y José Alejandro Vargas Guerrero, así como la secretaria, Grace Ventura Rondón.