Tensión en Guatemala por el retraso del Congreso ante la investidura de Bernardo Arévalo

Guatemala, 14 enero – El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, esperaba el domingo su investidura ante la dilación del Congreso saliente en dar paso a la juramentación, un retraso que desencadenó protestas en las calles y el pronunciamiento de jefes de Estado y altas autoridades de otros países presentes para el acto de inauguración.

La Constitución guatemalteca indica que la sesión solemne para la toma de posesión se debe celebrar “a más tardar a las 16.00” del 14 de enero, pero pasada esa hora Arévalo seguía pendiente de las maniobras del Congreso, en donde se retrasó el nombramiento de nuevas autoridades de la Cámara, que son quienes deben concretar la juramentación presidencial.

No está claro en qué momento se convocará a la sesión solemne, en una situación que no se había dado nunca en Guatemala.

El presidente electo se pronunció en su cuenta de X, antes Twitter, para recordarle a los diputados que “tienen la responsabilidad de respetar la voluntad popular expresada en las urnas”.

Y añadió que “se está intentando vulnerar la democracia con ilegalidades, nimiedades y abusos de poder”, mientras “el pueblo guatemalteco y la comunidad internacional están observando ”.

Poco después, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, leyó ante la prensa un pronunciamiento conjunto de jefes de Estado, cancilleres y altos funcionarios de otros gobiernos que acudieron a la investidura.

“Hacemos un llamado al Congreso de la República a cumplir con su mandato constitucional de entregar el poder como exige la Constitución en el día de hoy al presidente electo, Bernardo Arévalo, y a la vicepresidenta electa, Karin Herrera”, se pronunció Almagro.

En “nombre de todas las delegaciones invitadas y representadas”, el secretario de la OEA pidió que se respete la voluntad popular del pueblo guatemalteco expresada en “elecciones justas, libres y transparentes” que fueron avaladas por los observadores internacionales.

Llegaron a Guatemala más de 60 delegaciones internacionales, entre ellas, la de Colombia, con el presidente Gustavo Petro; de Chile, con Gabriel Boric; o de Costa Rica, Rodrigo Chaves.

Gabriel Orellana, constitucionalista y excanciller de Guatemala, explicó a The Associated Press que Arévalo está obligado por la Constitución a tomar posesión de su cargo el domingo y que, dado el escenario, el presidente electo podría esperar a que el Congreso nombre su junta directiva y los nuevos diputados y después juramentar o, bien, tomar posesión del cargo directamente.

En el mismo sentido, el constituyente Roberto Alejos explicó que si no hay junta directiva del Congreso que le invista, eso solo es un acto protocolario que no está en la Constitución. Por lo que él podría ir y tomar la presidencia para evitar “el golpe de Estado burdo que quieren hacer”.

Entre tanto, el Congreso culminó la sesión de la comisión que se había nombrado a media mañana para revisar las credenciales de los nuevos diputados en medio de la polémica entre legisladores salientes y nuevos.

Por decisión de la presidenta de la Cámara, Shirley Rivera, casi todos los designados para la comisión eran oficialistas, aliados y no reelectos.

Román Castellanos, diputado del Movimiento Semilla reelecto, dijo a The Associated Press que tras la confrontación la sesión en el Congreso fue suspendida. “La comisión se ha tardado demasiado para calificar las credenciales, además están pidiendo requisitos no establecidos en la ley para tomar posesión”, dijo.

El político explicó que una de las consecuencias de esto es que se alargue la sesión solemne donde la nueva Legislatura debería darle posesión al cargo al presidente Arévalo. “Lo que se percibe es que quieran retardar o intentar no darle posesión al nuevo presidente”.

Todo ese retraso enardeció las protestas en los exteriores del Congreso, a donde se había trasladado para manifestarse grupos de campesinos que fueron a la capital para acompañar la toma de posesión de Arévalo y defender la democracia, dicen.

“Si no lo juramentan ellos (el Congreso), nosotros como pueblo lo juramentamos”, advirtió Dina Juc, alcaldesa de la alcaldía indígena de Utatlàn Sololá que asistió a la movilización.

José Galeano, que venía de una aldea sur del país, reclamó en medio del bullicio a sus espaldas, que había acudido a la capital y se estaba movilizando por “los derechos de Guatemala, porque hay mucha corrupción”. Y denunció que “el pueblo está saqueado y Guatemala está en la extrema pobreza”.

“Necesitamos democracia”, defendió el hombre, momentos después de algunos choques a empujones entre manifestantes y la policía.

Un día antes de la investidura, Arévalo dijo que se sentía “entusiasmado porque estamos llegando al final de este proceso largo y tortuoso” y que “la sociedad guatemalteca ha desarrollado esa determinación para decirle ‘no’ a esas élites político-criminales”.

Su camino, desde que era un candidato al que las encuestas le daban pocas posibilidades hasta hacerse con el poder, ha estado marcado por un atropellado avance en medio de investigaciones judiciales, órdenes de aprehensión, pedidos para que pierda su inmunidad y hasta la intención manifiesta de la fiscalía de anular las elecciones.

Pese a todo, el amplio respaldo popular en las urnas y el ímpetu de las protestas indígenas y campesinas en las calles han nutrido su llegada al día de la investidura.

Llegar al poder no le ha sido fácil, tampoco lo será hacer gobierno.

Para empezar, el pleno del Congreso saliente, integrado en su mayoría por oficialistas y aliados, aprobó meses atrás un presupuesto que no solo restó asignaciones a carteras como Salud y Educación, sino que incrementó los recursos para la fiscalía y el organismo judicial con el fin de fortalecerlos, las dos entidades que encabezan la arremetida contra la llegada de Arévalo.

Una de las primeras tareas que Arévalo dice que hará al ser investido es pedir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, quien ha encabezado la arremetida judicial en su contra y tiene un mandato de cuatro años que llega hasta el 2026.

Al proclamarse que Arévalo ganaba la presidencia, la fiscalía arremetió no solo contra él, sino contra su vicepresidenta y el proceso electoral. Allanó sedes electorales, detuvo a opositores, encabezó más de cinco procesos judiciales y ha solicitado tres veces que se le retire la inmunidad al nuevo presidente.

A su favor, el próximo presidente tiene a una población cansada de la corrupción, a comunidades indígenas que abogan por un país incluyente y defienden la democracia y a la comunidad internacional que ha ofrecido apoyo al nuevo gobierno y sanciones a quienes intenten detener el traspaso del poder.

“El nuevo gobierno enfrentará muchos retos. Uno es satisfacer las necesidades del pueblo, después de años de desgobierno corrupto, inepto, e indiferente”, dice el embajador de Estados Unidos, en retiro, Stephen McFarland.

“El gran reto del gobierno será moverse entre dos grandes montañas que están en su contra: primero el sistema cooptado y cómo lidiar con las expectativas de millones de personas que buscan un cambio inmediato”, dijo Gustavo Marroquín, catedrático de la Universidad Landívar.

Pero Arévalo ha dicho que vendrá la primavera, evocando a los gobiernos de los expresidentes Juan José Arévalo, su padre, y Jacobo Árbenz (1945-1954), conocidos como los gobiernos de la revolución o de la primavera, dado que lideraron proyectos para la inclusión de los pueblos indígenas, acceso a la tierra para campesinos y la creación del Instituto de Seguridad Social.

Y ya en campaña prometió luchar contra la corrupción y la impunidad, precisamente el compromiso que le granjeó los enemigos que se sumaron a los intentos de la fiscalía por bloquear su llegada al poder.

AP