Nuevo decreto presidencial regula publicidad oficial en año electoral
Santo Domingo, 2 de enero – El presidente Luis Abinader promulgó un decreto que regula la publicidad oficial en un contexto electoral, anunciando medidas destinadas a regular y establecer criterios para la contratación de publicidad con medios de comunicación, periodistas, y medios digitales.
Abinader enfatizó que este es el primer gobierno que se compromete a regular la publicidad oficial durante un año electoral, con el fin de evitar la difusión de mensajes publicitarios que no estén relacionados con los servicios públicos o información relevante para la ciudadanía. Esto pretende eliminar las distorsiones del pasado y evitar la promoción de mensajes con fines propagandísticos.
Durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, el mandatario manifestó su compromiso con el respeto de los recursos del gobierno y su no utilización con propósitos electorales.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que las disposiciones del decreto son de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones públicas del Poder Ejecutivo. Estas serán supervisadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM).
El decreto establece que la publicidad oficial debe utilizarse exclusivamente para cumplir objetivos operativos y estratégicos de las instituciones, facilitando el acceso a información veraz, objetiva, clara, transparente, necesaria, oportuna y relevante para los ciudadanos.
Se permite la promoción o contratación de campañas institucionales de publicidad y comunicación con objetivos definidos, como la difusión de valores constitucionales, derechos y obligaciones legales ciudadanas, funcionamiento de instituciones públicas, condiciones de acceso a servicios públicos y procesos administrativos o consultas populares.
El decreto prohíbe el uso discriminatorio de la publicidad oficial para presionar, censurar, coartar o privilegiar a comunicadores o medios de comunicación en función de su línea informativa, orientación ideológica o su posición sobre el Estado, el Gobierno o políticas públicas.
Además, queda prohibido el uso de la publicidad oficial como pago encubierto para beneficiar a comunicadores, medios o agentes involucrados en su asignación o distribución.
La normativa rechaza el uso de la publicidad oficial con fines propagandísticos o para apoyar a partidos o candidatos políticos, y resalta la importancia de no usarla para propósitos electorales, excepto para la divulgación de logros durante el período de rendición de cuentas.
El presidente instruyó a las instituciones públicas a reducir la difusión de publicidad a lo estrictamente necesario y observar la Ley Orgánica del Régimen Electoral y las disposiciones emanadas por la Junta Central Electoral.
En seis meses, la DGCP y la DIECOM deberán elaborar un reglamento general de publicidad oficial, considerando criterios objetivos y transparentes para la selección de medios de comunicación, y el desarrollo de sistemas claros de evaluación para su implementación.
