Trasladan a Santiago Peña a recinto militar tras ser destituido por el Congreso; Alliana asume la Presidencia de Paraguay
ASUNCIÓN, 7 de noviembre de 2026 (Agencias).— El expresidente paraguayo Santiago Peña fue trasladado durante la noche del viernes desde su residencia al Regimiento Escolta Presidencial, por razones de seguridad, después de ser detenido por orden de la Fiscalía, horas después de que el Senado lo destituyera en un juicio político por el escándalo financiero de Ueno Bank.
La jornada también culminó con la juramentación del hasta entonces vicepresidente Pedro Alliana como nuevo jefe de Estado y la entrega a las autoridades del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding, investigado en la misma causa penal que Peña.
El traslado del exmandatario constituye una actualización respecto de su situación inicial, cuando la Policía Nacional confirmó que permanecería detenido en su domicilio hasta ser puesto a disposición de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público.
De su residencia a la Escolta Presidencial
Peña fue retirado de su vivienda minutos antes de la medianoche en una caravana de vehículos, después de que se registraran incidentes entre manifestantes y policías en las inmediaciones del inmueble.
Según la cobertura del diario ABC Color, vecinos arrojaron huevos y profirieron insultos cuando salió el convoy. Los manifestantes reclamaban que el expresidente fuera enviado a una cárcel y rechazaban que permaneciera bajo custodia en su casa.
El periódico informó que un comisario resultó herido por un proyectil durante los incidentes y que la Policía denunció la presencia de infiltrados. La razón oficial comunicada para trasladar a Peña fue la necesidad de garantizar su seguridad.
El reporte inicial no precisó qué autoridad autorizó el cambio de lugar de detención ni las condiciones de su permanencia en el recinto militar. Posteriormente, una actualización de EFE, que cita informaciones locales, señaló que permanecería allí preventivamente y que estaba prevista su comparecencia ante la Fiscalía durante la mañana de este sábado.
Al confirmar su detención inicial, la fiscal Silvia González explicó que el exgobernante se encontraba en su domicilio y se había puesto a disposición de las autoridades. Imágenes de televisión mostraron alrededor de veinte agentes custodiando la vivienda, mientras ciudadanos anunciaban una vigilia para impedir una eventual salida del país.
La causa penal contra Peña y Carvallo
El Ministerio Público confirmó que la orden de detención corresponde a la causa penal número 92/2026, abierta por la presunta comisión de lesión de confianza y otros hechos punibles relacionados con Ueno Bank.
La medida fue adoptada mediante la Resolución Fiscal de Detención número 7, del 6 de noviembre, y comunicada a la Comandancia de la Policía Nacional por medio de la Nota número 97.
La disposición fue suscrita por los fiscales Christian Manuel Benítez Cáceres, Elena Fiore Franco, Silvia Margarita González Vester y Ruth Karina Benítez.
Para Peña, la orden establecía inicialmente detención en su residencia hasta su presentación ante la unidad especializada. En el caso de Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, dispuso que permaneciera en una dependencia determinada por la Comandancia policial.
La Fiscalía también ordenó comunicar inmediatamente los resultados de las diligencias y poner a ambos detenidos a disposición de la autoridad competente dentro del plazo legal, respetando sus derechos y garantías.
Las actuaciones penales deberán establecer las responsabilidades individuales. La destitución mediante juicio político no sustituye una sentencia penal sobre los hechos investigados.
Carvallo se entrega y es trasladado a dependencia policial
El exresponsable del Banco Central se presentó voluntariamente la noche del viernes en el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, en Asunción, después de que se emitiera la orden de detención.
Una información inicial de ABC Color indicó que los fiscales recomendaron enviarlo a la Agrupación Especializada por seguridad. Una actualización posterior de EFE dio cuenta de que el traslado a esa dependencia policial ya se había realizado.
Carvallo renunció el martes, cuando se anunció el procedimiento de resolución de Ueno Bank. Antes de asumir la conducción del Banco Central, en 2023, había dirigido la Financiera Ueno, antecedente de la entidad intervenida.
Para sustituirlo, Peña designó el miércoles al economista y exministro Raúl Vera Bogado, cuyo nombramiento debe recibir aprobación del Senado.
Destituido por los 44 senadores presentes
El Senado separó a Peña de la Presidencia el viernes, tras declararlo culpable de mal desempeño de sus funciones en un juicio político celebrado en su ausencia.
Los 44 senadores presentes votaron a favor de la destitución, de un total de 45 integrantes de la Cámara Alta. Con esa decisión, Peña, de 47 años, se convirtió en el segundo presidente de la historia reciente paraguaya removido mediante ese procedimiento, después de Fernando Lugo, destituido en 2012.
El exmandatario había presentado su renuncia el jueves, pero el Congreso no llegó a pronunciarse sobre ella por falta de cuórum.
La diferencia entre aceptar su dimisión y destituirlo tenía consecuencias para su situación jurídica. El artículo 189 de la Constitución paraguaya reconoce como senadores vitalicios a los expresidentes elegidos democráticamente, excepto a quienes hayan sido sometidos a juicio político y declarados culpables.
Por tanto, Peña no accederá a esa condición ni a la inmunidad parlamentaria correspondiente.
Antes de la votación, afirmó en su cuenta de X que había renunciado para evitar mayores daños al país y contribuir a recuperar la tranquilidad. También expresó que no deseaba convertirse en un factor de división o inestabilidad y llamó a reconstruir la confianza institucional.
Alliana ya gobierna y promete compensar a los afectados
Pedro Alliana prestó juramento ante el Congreso la noche del viernes, con lo que se concretó la sucesión presidencial. Su mandato completará el período de Gobierno previsto hasta agosto de 2028.
En su primer mensaje, prometió compensar plenamente a los afectados por el colapso financiero y aseguró que no serían abandonados por el Estado.
Su llegada al poder ocurrió después de que la Cámara de Diputados rechazara el jueves una propuesta para abrirle también un juicio político, lo que despejó el camino para que asumiera como sucesor constitucional de Peña.
La promesa de compensación se produce mientras miles de clientes esperan recuperar el acceso a sus ahorros y persiste la incertidumbre sobre los recursos de entidades públicas y cajas previsionales depositados en Ueno Bank.
Qué provocó la intervención del banco
El Banco Central informó que su Directorio resolvió iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank después de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.
Según la explicación oficial, esa insuficiencia quedó en evidencia como consecuencia de ajustes a los estados financieros durante el proceso de regularización de la entidad.
El organismo sostuvo que la intervención busca proteger a los depositantes y preservar la estabilidad financiera. También afirmó que se trata de una situación particular del banco y que no representa una condición generalizada del sistema paraguayo.
Ueno contaba con aproximadamente 2.9 millones de clientes en un país de unos 6.1 millones de habitantes. Durante el Gobierno de Peña recibió importantes depósitos de instituciones estatales.
Entre los afectados figuran alrededor de 32,000 jubilados del Instituto de Previsión Social, una de las principales entidades de pensiones del país.
Durante el juicio político, los diputados acusadores denunciaron pérdidas cercanas a los 1,200 millones de dólares de recursos de los paraguayos. Esa cantidad forma parte de los señalamientos presentados en el proceso político y no debe confundirse con una pérdida determinada mediante sentencia judicial.
La crisis mantiene abiertas dos urgencias para el nuevo Gobierno: garantizar respuestas a los ahorristas y esclarecer el manejo de los fondos comprometidos, mientras avanza la investigación penal contra los exfuncionarios.