Tres meses de prisión preventiva a cabo policial imputado por muerte de adolescente en Mendoza
Santo Domingo Este, 12 sept..– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva al cabo de la Policía Nacional Edwing de los Santos Guerrero, imputado por la muerte de una adolescente de 14 años en un hecho ocurrido el pasado 6 de septiembre en el sector Mendoza.
La decisión fue adoptada después de que el tribunal analizara los diferentes elementos de prueba presentados por el Ministerio Público, que vinculan de manera preliminar al agente policial con el hecho investigado.
Según la investigación dirigida por la fiscal Dahiana E. Castillo Antigua, la adolescente murió mientras se encontraba junto al imputado en la vivienda de este. Los padres del acusado fueron quienes alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido.
El acta de levantamiento de cadáver número 117830 establece que la muerte de la menor fue provocada por una herida de proyectil de arma de fuego, con entrada en el arco ciliar derecho y salida por la región temporal derecha.
Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva como medida de coerción, al considerar que existen evidencias suficientes para vincular provisionalmente al cabo policial con la muerte de la adolescente.
El fiscal litigante Florentino Sánchez Zabala presentó ante el tribunal los elementos probatorios recopilados durante las primeras diligencias investigativas.
El expediente recibió la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 46, 91 y 92 del nuevo Código Penal dominicano, promulgado mediante la Ley 74-25.
El Ministerio Público también atribuyó al imputado una presunta violación del artículo 396, literales b y c, del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, establecido por la Ley 136-03.
La jueza Karen Casado Minyety acogió la solicitud del órgano acusador y ordenó que Edwing de los Santos Guerrero cumpla los tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís.
La medida de coerción no constituye una condena definitiva. El imputado conserva la presunción de inocencia mientras el Ministerio Público continúa la investigación y hasta que un tribunal determine su responsabilidad mediante una sentencia firme.