Tribunal colombiano ordena prisión para dos exministros del gobierno de Petro por caso de corrupción
BUCARAMANGA, Colombia, 18 Diciembre. — Un tribunal colombiano ordenó el jueves enviar a la cárcel a dos exministros del gobierno de Gustavo Petro mientras asumen un proceso penal por presuntamente direccionar contratos estatales a cambio del apoyo de congresistas a proyectos que impulsaba el gobierno.
Según la fiscalía, los entonces ministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco acordaron entre sí, junto a otros funcionarios y algunos congresistas, direccionar contratos del Instituto Nacional de Vías y en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad estatal encargada de atender emergencias y dar respuesta a las comunidades afectadas.
Fueron imputados por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer. Ninguno aceptó los cargos y se exponen a una pena de hasta 27 años de prisión.
La defensa de los exministros argumentó que no había riesgo de fuga de los procesados, pidiendo que no fueran enviados a una cárcel. Mientras la Procuraduría, encargada de la investigación disciplinaria de los funcionarios públicos, pidió que les fuera concedido el beneficio de detención domiciliaria.
Sin embargo, la magistrada determinó que representaban un “riesgo para la comunidad” e indicó que hay un probable “riesgo de repetición, aun cuando los imputados ya no ostenten el cargo, dado su capital relacional, conocimiento especializado y ascendente político”.
Velasco dejó el cargo de ministro del Interior en junio de 2024, cuando ya estaban los cuestionamientos por corrupción en el gobierno. Mientras que Bonilla salió del gobierno en diciembre de ese año, luego de que Petro le pidió renunciar en medio del escándalo, aunque defendió su inocencia.
La fiscalía argumentó que con el presunto direccionamiento de proyectos, los entonces ministros habrían pretendido persuadir a congresistas para que, a cambio, dieran sus votos en el Congreso y ayudaran a consolidar las mayorías necesarias para aprobar proyectos de ley bandera del gobierno, como la reforma al sistema pensional, que fue aprobada, y la de la salud, que fue rechazada.
“La fiscalía ha expuesto elementos que permiten inferir que las conductas no respondieron a hechos aislados o episódicos, sino a una lógica orientada a normalizar estándares y dotar de apariencia de legalidad el direccionamiento de la contratación pública”, señaló en la audiencia Aura Rosero Baquero, magistrada del Tribunal Superior de Bogotá.
Por ese mismo caso de corrupción han sido procesados otros altos funcionarios de la UNGRD y fueron detenidos los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, por presuntamente haber recibido sobornos.
Petro pidió perdón por el caso de corrupción, especialmente por nombrar a uno de los investigados como director de la UNGRD, pero aseguró que nunca se compraron congresistas para que aprobaran sus proyectos. AP
