Tribunal concede cuatro meses al Ministerio Público para concluir investigación por desfalco en SeNaSa
SANTO DOMINGO, 5 sept.- El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional concedió este viernes una prórroga de cuatro meses al Ministerio Público para concluir la investigación y presentar acusación contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y los demás vinculados a la presunta red de corrupción responsable de desfalcar con miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El juez Deiby Timoteo Peguero acogió la solicitud presentada por el órgano acusador y estableció que la ampliación del plazo de investigación estará vigente hasta el próximo 11 de diciembre. La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 25 de septiembre.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que las pesquisas continúan activas y no se limitan exclusivamente a las personas que fueron sometidas durante el conocimiento de las medidas de coerción.
“Como todos ustedes saben, nuestras investigaciones son vivas, nuestras investigaciones son activas y no se circunscriben a los imputados que se presentaron en la medida de coerción”, manifestó Ortiz.
“Así que esperemos el depósito de la acusación y ahí ustedes verán el alcance de la misma”, agregó al responder preguntas de los periodistas sobre el avance de las investigaciones.
La magistrada afirmó que el Ministerio Público continuará trabajando en el expediente y garantizó que el caso será presentado ante los tribunales conforme a las evidencias recopiladas.
“Seguimos trabajando y tengan por seguro que estaremos presentando los casos como lo hemos hecho siempre”, sostuvo.
El tribunal también acogió la posición del Ministerio Público al rechazar las solicitudes formuladas por algunos abogados de la defensa y mantener la prisión preventiva contra varios de los imputados en el proceso.
En la audiencia, el órgano acusador estuvo representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; la procuradora de corte Mirna Ortiz; el procurador de corte Héctor García, y las fiscales litigantes Rosa Alba García y Yudelka Holguín.
La solicitud de prórroga había sido depositada el pasado 10 de agosto y fue sustentada ante el tribunal por la fiscal Rosa Alba García, quien explicó que el caso incluye varias líneas de investigación que todavía deben ser profundizadas.
Una de esas líneas está relacionada con la custodia y el almacenamiento de documentos pertenecientes a una empresa privada que, según el Ministerio Público, obstaculizó la continuidad de las pesquisas. Debido a esa situación, el órgano persecutor tuvo que solicitar una orden de allanamiento y localizar alrededor de 15,000 cajas que contenían documentos relevantes para el proceso.
El Ministerio Público indicó que el plazo adicional permitirá ampliar las investigaciones sobre las presuntas irregularidades y actos de corrupción cometidos en el SeNaSa.
La institución justificó su solicitud en la necesidad de analizar cientos de miles de operaciones, la cantidad de personas investigadas y la gravedad de los hechos atribuidos a la supuesta organización.
El proceso penal
El pasado 5 de agosto, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó nuevamente la prisión preventiva impuesta a Hazim Albainy, exdirector ejecutivo del SeNaSa, señalado como el presunto cabecilla del entramado, así como a otros vinculados al expediente.
La medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva fue impuesta en diciembre del año pasado contra Hazim Albainy y los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
La misma medida fue dictada contra Ada Ledesma Ubiera, quien actualmente cumple arresto domiciliario después de que el tribunal variara la coerción por razones de salud el pasado 16 de julio.
El proceso judicial, iniciado a partir de la Operación Cobra, también incluye a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella. A estos imputados les fueron impuestas en diciembre pasado medidas de coerción consistentes en arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
Por el caso también es procesado Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó el pasado 30 de julio la prisión preventiva de 18 meses que le había sido impuesta en mayo.
El presunto entramado fue desmantelado mediante la Operación Cobra. Posteriormente, el Ministerio Público inició su judicialización con el propósito de obtener sanciones penales contra los involucrados y recuperar, mediante el decomiso, los recursos supuestamente sustraídos del patrimonio público.
De acuerdo con el órgano acusador, las actuaciones atribuidas a los procesados perjudicaron directamente a los afiliados del SeNaSa al defraudar con miles de millones de pesos a esa administradora pública de riesgos de salud.
A los integrantes del grupo se les imputan los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Durante las investigaciones, el Ministerio Público asegura haber recopilado evidencias sobre sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y creación de programas especiales sin sustento jurídico que habrían sido utilizados para distraer fondos mediante maniobras fraudulentas.
El órgano persecutor sostiene que se trató de un esquema de corrupción sistemático instalado desde la Dirección Ejecutiva del SeNaSa, en coalición con funcionarios de la institución y con la participación de prestadores de servicios de salud que habrían actuado como parte de una asociación criminal en perjuicio del Estado dominicano.