Tribunal Constitucional conoce 23 acciones sobre inclusión, Código Penal y régimen electoral
Santo Domingo, 26 agosto.– El Tribunal Constitucional (TC) conoció este miércoles 23 acciones directas de inconstitucionalidad relacionadas con asuntos de interés nacional, entre ellos la inclusión, la participación política, el Código Penal, el régimen electoral y disposiciones de carácter laboral, ambiental, sanitario y tributario.
La cantidad y diversidad de los casos examinados durante la audiencia pública reflejan el alcance de las funciones del Tribunal Constitucional como garante de la supremacía de la Constitución y protector de los derechos fundamentales, mediante el control de normas que inciden en distintos ámbitos de la vida nacional.
Los expedientes abarcan aspectos vinculados con el Código Penal y el Código Procesal Penal, el sistema electoral, la gestión integral de residuos sólidos, el medioambiente, la salud, la facturación electrónica, las drogas y sustancias controladas, el lavado de activos, el derecho laboral, el registro inmobiliario y el régimen tributario, entre otras materias.
La audiencia se desarrolló bajo condiciones de accesibilidad destinadas a facilitar la participación de personas con discapacidad motora y auditiva. Para estas últimas, el Tribunal dispuso un servicio de interpretación en lengua de señas, lo que permitió seguir las intervenciones y el desarrollo de la jornada.
Entre los casos conocidos figura el expediente TC-01-2026-0026, interpuesto por la Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (COLESDOM) y Rosalba Karina Díaz Crisóstomo contra el artículo 173 de la Ley núm. 74-25, que instituye el Código Penal.
En este proceso participaron como intervinientes voluntarios organizaciones pertenecientes a distintos sectores y personas interesadas en los aspectos constitucionales planteados, en un caso vinculado con el acceso a una justicia constitucional inclusiva.
Predominan los casos electorales y penales
Los asuntos electorales concentraron la mayor cantidad de expedientes conocidos durante la audiencia, con un total de seis acciones directas de inconstitucionalidad.
El primero fue el expediente TC-01-2026-0024, presentado por Pedro Julio Abreu Columna; seguido del TC-01-2026-0029, interpuesto por José Cristopher Ramírez, y el TC-01-2026-0038, sometido por José Antonio Cabral Salcedo e Isaías Ramos Guzmán. Estas acciones cuestionan normas emanadas del Senado de la República y la Cámara de Diputados.
También fueron examinados los expedientes TC-01-2026-0039, presentado por el Observatorio Dominicano por la Integridad Pública y la Justicia, Inc. (ODIPJ), y TC-01-2026-0043, sometido por Puedo Unidad Electoral Dominicana. Ambos impugnan normas electorales procedentes de las cámaras legislativas.
El sexto caso electoral corresponde al expediente TC-01-2026-0030, introducido por Yojanny Patricia Capellán Frías, Adriano Bocio Montero, Alejandrina de los Santos Contreras, Luis José Guichardo Rosa, Amada Mateo Marte, Wilmer Gil y Clariluz Bueno.
Esta acción cuestiona actuaciones del Tribunal Superior Electoral y de la Comisión de Justicia Electoral del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
En materia penal, el Tribunal conoció varias acciones relacionadas con disposiciones del Código Penal y del Código Procesal Penal.
Además del expediente TC-01-2026-0026 sobre inclusión, los magistrados examinaron el TC-01-2026-0023, presentado por Guillermo Andrés Castillo Cueto contra el artículo 29 del Código Procesal Penal.
Asimismo, fueron conocidos el expediente TC-01-2026-0040, interpuesto por Fernando Almonte Almonte; el TC-01-2026-0042, presentado por el Colegio Médico Dominicano (CMD), y el TC-01-2026-0044, sometido por Ricardo Augusto Ripoll García y Eduardo Daniel Sánchez Tolentino. Estos últimos cuestionan artículos del Código Penal.
Residuos sólidos y medioambiente
En lo referente a la gestión integral y el procesamiento de residuos sólidos, el pleno abordó dos expedientes que impugnan artículos de la Ley núm. 225-20, General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
El expediente TC-01-2026-0001 fue presentado por VENTANET, S.R.L., mientras que el TC-01-2026-0002 tuvo como accionantes a varias organizaciones empresariales involucradas en el tema.
Entre estas figuran la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa, Inc.; la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH), y la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Profesionales, Inc. (ANMEPRO).
En el ámbito medioambiental, los jueces conocieron el expediente TC-01-2025-0056, interpuesto por la Asociación para la Protección del Medio Ambiente y del Turismo en la Zona de Cabarete y Sosúa, Inc. (ASOPROCASO), y Ricardo Augusto Ripoll García.
La acción fue presentada contra la Resolución núm. 11-19 de la Junta de Vocales del Distrito Municipal de Cabarete y el Acta de Sesión Extraordinaria núm. 10-23.
Lavado de activos, drogas y salud
El lavado de activos también formó parte de los asuntos examinados durante la audiencia pública. Los magistrados analizaron el expediente TC-01-2026-0037, presentado por Ramón David Hernández contra el artículo 23 de la Ley núm. 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La acción también cuestiona el artículo 45 de la Ley núm. 340-22, que regula el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos.
El pleno conoció, además, el expediente TC-01-2026-0027, interpuesto por Affe Gutiérrez Gil contra varias leyes relativas a drogas y sustancias controladas en la República Dominicana.
A este se sumó el expediente TC-01-2026-0036, presentado por la empresa farmacéutica Farma Value RD, S.R.L., contra el artículo 103 de la Ley núm. 42-01, General de Salud.
Trabajo, registro inmobiliario y facturación electrónica
Reunidos en la sede principal del órgano constitucional, los magistrados también conocieron el expediente TC-01-2026-0031, presentado por Martín Hidalgo Rodríguez contra el artículo 200 del Código de Trabajo.
En materia inmobiliaria fue examinado el expediente TC-01-2026-0032, interpuesto por Manuel de Jesús Almonte Polanco, Alfry Antonio Gómez Rosado, Roberts Emmanuel Peña Vargas y Newton Francisco Brito Núñez.
Los accionantes cuestionan el artículo 2 de la Ley núm. 108-05, sobre Registro Inmobiliario.
El Tribunal también abordó el expediente TC-01-2026-0033, relacionado con la facturación electrónica e interpuesto por Ruddys Antonio Mejía Tineo.
La diversidad de asuntos examinados incluyó igualmente temas relacionados con el crecimiento económico y las licencias de conducir.
En ese orden, la alta corte conoció los expedientes TC-01-2026-0041, introducido por Emprendedores Unidos por el Desarrollo y la Libertad, Inc. (EMUDELI); TC-01-2026-0025, presentado por Hanly Darico Terrero Ramírez, y TC-01-2026-0028, interpuesto por Martina de los Santos.
Garantía de la supremacía constitucional
La acción directa de inconstitucionalidad es uno de los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico dominicano para garantizar la supremacía de la Constitución.
Este instrumento permite acudir ante el Tribunal Constitucional para cuestionar leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y otras disposiciones cuando se considera que resultan contrarias a la Carta Magna.
Mediante este procedimiento, el Tribunal ejerce una de sus atribuciones esenciales: determinar si las normas son compatibles con la Constitución y garantizar que el ejercicio del poder público se mantenga dentro de los límites y principios establecidos por ella.
La acción directa de inconstitucionalidad está contemplada en el artículo 185, numeral 1, de la Constitución de la República y regulada por los artículos 38 al 50 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.