Tribunal de Ecuador inicia lectura de sentencia contra Lenín Moreno por caso Sinohydro
Quito, Ecuador.– Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador inició este viernes la lectura de la sentencia en el proceso por presunto cohecho contra el expresidente Lenín Moreno, acusado de recibir sobornos de la empresa estatal china Sinohydro relacionados con la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
Moreno, quien gobernó Ecuador entre 2017 y 2021, acudió personalmente a la audiencia, instalada alrededor de las 8:30 de la mañana, hora local. A su llegada a la sede judicial, el exmandatario aseguró que no se considera prófugo de la justicia.
El exgobernante, quien residía en Paraguay y regresó a Ecuador para comparecer en el juicio, ha manifestado que permanecerá en su país y acatará cualquier decisión adoptada por el tribunal.
La lectura del fallo podría prolongarse durante varias horas debido a la cantidad de procesados y a la complejidad del expediente. Al momento de la última actualización de la información, el tribunal todavía no había anunciado si Moreno y los demás acusados serían condenados o absueltos.
Además del expresidente, entre los procesados figuran su esposa, Rocío González; su hija Irina Moreno; varios integrantes de su familia; antiguos funcionarios del sector eléctrico; empresarios ecuatorianos y ciudadanos chinos, incluido el exembajador de China en Ecuador Cai Runguo.
La Fiscalía solicitó el pasado 8 de julio una condena de seis años y seis meses de prisión para 20 de los acusados. El Ministerio Público retiró la imputación contra otra persona que había sido procesada en calidad de cómplice.
El caso investiga una presunta red de corrupción que habría operado entre 2009 y 2018 alrededor del financiamiento, adjudicación y construcción de Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica de Ecuador.
Según la acusación, Sinohydro habría destinado aproximadamente 76 millones de dólares al pago de sobornos, una suma equivalente a cerca del 4 % del valor inicialmente contratado para ejecutar el proyecto.
La obra fue adjudicada por unos 1,979 millones de dólares, pero su costo final aumentó hasta aproximadamente 2,245 millones. Su construcción comenzó en 2010 y la central entró en funcionamiento en 2016, durante el gobierno del entonces presidente Rafael Correa.
Moreno ejercía como vicepresidente de Correa cuando se negociaron y ejecutaron etapas fundamentales del proyecto. Ocupó ese cargo entre 2007 y 2013, antes de ser elegido presidente para el período 2017-2021.
La Fiscalía sostiene que Moreno y su entorno familiar recibieron más de un millón de dólares provenientes de la presunta trama. Dentro de esa cifra, el Ministerio Público atribuye directamente al exmandatario beneficios ilícitos valorados en unos 660,000 dólares.
De acuerdo con la tesis fiscal, unos 220,000 dólares habrían beneficiado a Moreno y a su esposa mediante la adquisición de una vivienda y mobiliario. Otros 440,000 dólares presuntamente fueron distribuidos entre hermanos, cuñadas, una hija y la suegra del exgobernante.
La investigación señala que Edwin Moreno, uno de los hermanos del expresidente, habría recibido 350,000 dólares; Guillermo Moreno, 10,000; Irina Moreno, 50,000; Jacqueline Moreno, 10,000; Martha Moreno, 15,000, y Aída Graciela González, suegra del exmandatario, 5,000 dólares.
El Ministerio Público identifica como principales beneficiarios del supuesto esquema al empresario Conto Patiño, amigo de Moreno, y a su familia, a quienes atribuye la recepción de aproximadamente 44 millones de dólares.
La Fiscalía afirma que los fondos fueron canalizados mediante empresas de fachada, transferencias internacionales y cuentas abiertas en el extranjero. La cooperación judicial de Panamá, Belice, Suiza, Estados Unidos, China y España habría permitido seguir parte de la ruta del dinero.
Además de las condenas de prisión, los fiscales solicitaron que los procesados sean inhabilitados para desempeñar cargos públicos o mantener relaciones contractuales con el Estado ecuatoriano.
También pidieron la suspensión de sus derechos de participación política, la imposición de multas y el pago de una reparación económica integral por los perjuicios atribuidos a la presunta red de sobornos.
Entre las medidas de reparación simbólica, la acusación solicitó que los responsables ofrezcan disculpas públicas al pueblo ecuatoriano y que se coloque una placa con un mensaje anticorrupción en el complejo hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
El abogado defensor de Moreno, David Meza, rechazó las acusaciones y aseguró que el exmandatario no participó activamente en ninguna fase del proceso de contratación de la central.
Moreno ha sostenido reiteradamente que, durante la construcción del proyecto, sus responsabilidades como vicepresidente estaban concentradas en el programa social Manuela Espejo, dirigido a personas con discapacidad. También afirma que la Fiscalía no ha demostrado que recibiera dinero de Sinohydro.
El caso, conocido inicialmente como “INA Papers”, surgió en 2019 luego de una investigación periodística del portal ecuatoriano La Fuente. El trabajo relacionó a un hermano de Moreno con cuentas en paraísos fiscales, una propiedad de lujo en Alicante, España, y operaciones realizadas a través de la sociedad extraterritorial INA Investment.
Esas revelaciones llevaron a la Fiscalía a investigar una posible triangulación de recursos y los supuestos beneficios recibidos por Moreno y varios miembros de su familia.
En octubre de 2022, legisladores de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional entregaron a la Fiscalía, la Contraloría y otras instituciones un informe en el que solicitaron acciones contra los posibles responsables de la negociación, adjudicación y ejecución del proyecto hidroeléctrico.
Coca Codo Sinclair tiene una capacidad instalada de 1,500 megavatios y está ubicada entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos. La planta proporciona una parte considerable de la energía consumida en Ecuador.
Desde su inauguración, la central ha afrontado numerosos problemas técnicos y estructurales. Las autoridades reportaron miles de fisuras en sus distribuidores, situación que llevó a la Corporación Eléctrica del Ecuador a iniciar en 2021 un arbitraje internacional para exigir que Sinohydro asumiera el costo de las reparaciones.
El expresidente Rafael Correa, actualmente enfrentado políticamente con Moreno y condenado en otro proceso por corrupción, anticipó esta semana que su antiguo aliado podría recibir prisión domiciliaria. Moreno llegó a la Presidencia con el respaldo del movimiento de Correa, pero ambos rompieron relaciones poco después de la transición gubernamental.
La decisión que emita el tribunal será de primera instancia y podrá ser objeto de los recursos contemplados por la legislación ecuatoriana. Hasta concluir la lectura y anunciarse la parte resolutiva, Moreno y los demás procesados conservan legalmente su presunción de inocencia.