Tribunal dispone proceso separado para exfuncionario acusado en la Operación Lobo
Santo Domingo, 27 oct.— El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso el lunes 26 de octubre tramitar por separado el proceso contra Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), dentro de la Operación Lobo, que investiga una presunta red de sobornos por más de RD$108 millones vinculados a contratos de vigilancia privada en instituciones públicas.
El juez Deiby Timoteo Peguero adoptó la decisión a solicitud del Ministerio Público, después de que el imputado presentara una certificación médica que establece un período de reclusión de 15 días calendario.
El magistrado fijó para el lunes 16 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, la audiencia correspondiente a Caamaño Pérez y ordenó al órgano acusador presentar la acusación en su contra. La separación permite que el procedimiento respecto de los demás implicados continúe mientras se atiende la situación de salud del exfuncionario.
La audiencia preliminar del expediente principal continuará el viernes 30 de octubre, también a las 9:00 de la mañana, con la presentación de las defensas de los acusados. El Ministerio Público procura que los involucrados sean enviados a juicio por su presunta participación en el esquema.
Durante la audiencia, el órgano persecutor estuvo representado por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a la procuradora de corte Rosa Pichardo y los fiscales Ernesto Guzmán Alberto, Elizabeth Paredes y Yoneivy González.
La acusación comprende a 14 personas físicas y jurídicas. Como sustento del expediente, los fiscales presentaron 218 pruebas documentales, 99 testimoniales, 64 actos procesales, 32 peritajes y 31 pruebas materiales, conforme a la información divulgada sobre el proceso.
Según la investigación, los pagos irregulares identificados ascienden a RD$108,080,359.92 y habrían sido utilizados para favorecer la adjudicación y permanencia de contratos de seguridad privada. El Ministerio Público sostiene que responsables de seguridad institucional y otros funcionarios exigían o recibían dinero a cambio de beneficiar a empresas proveedoras.
Entre las entidades mencionadas en el expediente figuran el SeNaSa, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y las distribuidoras de electricidad Edenorte, Edesur y Edeeste. La investigación se originó en una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
La empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase) aparece señalada como parte central de las operaciones investigadas. Según la acusación, habría realizado pagos mediante transferencias bancarias y entregas de efectivo para asegurar la continuidad de contratos con organismos estatales.
Entre los imputados figuran el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González; Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur; Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte; y Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de Seguridad del Inaipi.
También están incluidos Andrés Pacheco Varela, Ramón Quezada Ortiz, Wellington Peralta Santos, Luis Ernesto Vicioso Bocio y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, además de las personas jurídicas vinculadas al expediente.
La decisión relativa a Caamaño Pérez corresponde a la organización del proceso ante su condición médica y mantiene pendiente el conocimiento de la acusación en su contra. Las imputaciones sobre el supuesto pago y recepción de sobornos deberán ser examinadas por los tribunales, con la participación de las defensas.