Tribunal impone garantía de RD$1 millón a investigado por amenazas contra el presidente Abinader
San Francisco de Macorís, 14 Nov..– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Duarte impuso este viernes una garantía económica de RD$1 millón en efectivo, presentación periódica e impedimento de salida del municipio contra Delvinson De La Cruz Sosa, investigado por el Ministerio Público por presuntas amenazas contra el presidente Luis Abinader.
El imputado, de 29 años, es procesado por presunto terrorismo. El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva, pero el juez Wilton Oniel Peguero dispuso otras medidas de coerción por un período de seis meses.
La decisión establece que De La Cruz Sosa deberá presentarse ante el Ministerio Público cada 15 días y permanecer en el municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte. También ordena que esté bajo el cuidado y la vigilancia de su padre durante el cumplimiento de las medidas.
El fiscal litigante Engels Luis Polanco representó al órgano acusador en la audiencia.
Arresto y allanamientos
De La Cruz Sosa fue arrestado mediante orden judicial durante un allanamiento a su residencia, un apartamento ubicado en el segundo nivel de una vivienda de la calle Joaquín Balaguer, en el sector Vista del Valle, de San Francisco de Macorís.
Como parte de la investigación, las autoridades también allanaron la Ferretería Molina, situada en la avenida Profesor Juan Bosch del mismo sector, donde trabaja el investigado.
El Ministerio Público explicó que las actuaciones se iniciaron después de recibir información sobre presuntas amenazas contra la figura presidencial. Los organismos de inteligencia habían detectado y alertado sobre las supuestas intenciones del imputado.
La orden de arresto fue solicitada por los fiscales Benedicto Arquímedes Reynoso Sánchez, Pedro Williams Concepción y Elington Santiago Villar a la jueza Josefina Noemí Díaz Marte, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Duarte.
En las diligencias investigativas, el Ministerio Público cuenta con el apoyo de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Autoridades evalúan equipos electrónicos y sustancias químicas
La solicitud de allanamientos establecía que los fiscales buscaban localizar equipos electrónicos, entre ellos celulares, tabletas y computadoras, así como armas de fuego, pertrechos militares, artefactos explosivos y cualquier otra evidencia relacionada con los hechos investigados.
Durante las intervenciones fueron ocupados objetos electrónicos y sustancias químicas que, según el Ministerio Público, son evaluados para determinar su vinculación con una presunta intención de materializar las amenazas.
Al autorizar los allanamientos, la jueza fundamentó su procedencia en una investigación sobre la supuesta planificación de un atentado terrorista contra el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, que habría estado previsto para el 6 de noviembre de 2026 en la sede del Congreso Nacional, durante la conmemoración del Día de la Constitución.
La referencia judicial reproducida por el Ministerio Público también consigna la fecha del 16 de octubre de 2026, aunque el comunicado no precisa a qué actuación corresponde.