Tribunal impone prisión preventiva y domiciliaria a 24 imputados en Operación SeNaSa 2.0-A; Ministerio Público advierte que investigación continuará

anto Domingo, 28 de septiembre de 2026. — La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso distintas medidas de coerción contra los imputados en la Operación Cobra 2.0-A, entre ellas prisión preventiva, arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país, por su presunta vinculación con una estructura de corrupción administrativa que habría sustraído fondos públicos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La decisión, emitida la noche del domingo por el juez Rigoberto Sena, también declaró el expediente de tramitación compleja, acogiendo parte de las solicitudes presentadas por el Ministerio Público, que considera que las pruebas aportadas sustentan la existencia de una estructura organizada dedicada a cometer irregularidades financieras en perjuicio del Estado dominicano.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, valoró el fallo como un reconocimiento a la investigación desarrollada por el órgano acusador y advirtió que las pesquisas relacionadas con las presuntas irregularidades en SeNaSa continuarán.
«Este es un reconocimiento del juez de la fortaleza de la investigación del Ministerio Público y, a nosotros, nos parece una decisión razonable», manifestó Camacho al concluir la audiencia.
El funcionario destacó que todos los imputados, con excepción de dos, quedaron sujetos a medidas privativas de libertad, ya sea mediante prisión preventiva o arresto domiciliario.

Camacho advierte a los médicos sobre las consecuencias de prestar sus códigos

Durante sus declaraciones a los periodistas, Camacho hizo un llamado especial a los profesionales de la medicina para que no faciliten sus códigos de ejercicio profesional a terceros, al advertir que esa práctica puede involucrarlos en procesos penales.
Explicó que, de acuerdo con las investigaciones, 22 médicos fueron procesados por haber facilitado sus códigos, lo que presuntamente permitió desarrollar parte de las operaciones fraudulentas atribuidas a la estructura investigada.
«Prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal. Si los 22 médicos que fueron procesados en este caso no hubiesen prestado su código, este caso no hubiese existido», expresó.
El procurador adjunto planteó que esta experiencia debe servir de fundamento para desarrollar una campaña de orientación dirigida a los profesionales de la salud, con el propósito de advertirles sobre los riesgos legales de permitir que otras personas utilicen sus identificaciones profesionales.
Camacho también dejó establecido que el proceso judicial actualmente en curso no representa el cierre de las investigaciones sobre el Seguro Nacional de Salud.
«La investigación sobre lo sucedido en SeNaSa no se cierra, no concluye con esta investigación y vamos a ir por más», afirmó.
El equipo del Ministerio Público que participó en la audiencia estuvo encabezado por Camacho y la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto al procurador de corte Héctor García y los fiscales litigantes Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka Holguín.

Ocho imputados cumplirán 18 meses de prisión preventiva

El tribunal impuso prisión preventiva por un período de 18 meses a ocho de los encartados.
Los imputados Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra.
Asimismo, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista cumplirán la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.
La revisión obligatoria de estas medidas de coerción quedó fijada para el próximo 22 de diciembre de 2026.
Nueve imputados permanecerán bajo arresto domiciliario
El juez Rigoberto Sena dispuso arresto domiciliario contra Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
De igual manera, el tribunal impuso una garantía económica de dos millones de pesos, mediante compañía aseguradora, impedimento de salida del país y arresto domiciliario contra Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
En el caso de Martha María Saldaña Saldaña, la medida consiste en una garantía económica de tres millones de pesos, también mediante compañía aseguradora, acompañada de impedimento de salida del territorio nacional y arresto domiciliario.
Por otra parte, José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré deberán cumplir presentación periódica, impedimento de salida del país y una garantía económica de un millón de pesos a través de una compañía aseguradora.
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fue designado como tribunal de control del proceso judicial.
El magistrado Rigoberto Sena se había reservado el fallo el pasado viernes y convocó a las partes para el domingo 27 de septiembre, a las 7:00 de la noche. Sin embargo, la audiencia comenzó después de las 9:00 y concluyó aproximadamente a las 10:00 de la noche.

Antecedentes de la Operación Cobra y las acusaciones de corrupción en SeNaSa

La Operación Cobra 2.0-A constituye una ampliación de las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público durante el pasado año contra una presunta estructura de corrupción administrativa que operaba dentro del Seguro Nacional de Salud.
En la primera fase de la Operación Cobra fueron arrestados Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de esa administradora de riesgos de salud, junto a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
El Ministerio Público sostiene que la estructura investigada habría desarrollado mecanismos fraudulentos para sustraer miles de millones de pesos pertenecientes al Estado dominicano, por lo que procura obtener sanciones penales contra los responsables y el decomiso de los recursos presuntamente desviados.
Entre los delitos atribuidos a los procesados figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Según el órgano acusador, durante las investigaciones se han recopilado evidencias relacionadas con sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y creación de programas especiales sin sustento jurídico, presuntamente utilizados para distraer recursos públicos mediante operaciones fraudulentas.
La acusación sostiene que se trató de un esquema sistemático instalado desde la dirección ejecutiva de SeNaSa, mediante la participación de funcionarios de esa institución y prestadores privados de servicios de salud que habrían actuado de manera coordinada para beneficiarse de los fondos administrados por la entidad.

Operación Onco14 también forma parte de las investigaciones

Como parte de las líneas investigativas relacionadas con el presunto entramado de corrupción, el Ministerio Público puso en marcha en junio pasado la Operación Onco14, que permitió el arresto de tres personas vinculadas a supuestas maniobras fraudulentas contra el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer.
De acuerdo con la investigación, la estructura habría utilizado recursos y operaciones de esa organización sin fines de lucro para obtener beneficios económicos indebidos, afectando al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes diagnosticados con cáncer y al propio Seguro Nacional de Salud.
Por estos hechos fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, y su exesposa, Dilcia Isabel Vargas Sánchez.
Esta última, quien se divorció de Lora Cruceta en 2014, ocupó la vicepresidencia del patronato y desempeñó simultáneamente funciones de auditora interna y externa de la institución durante el período en que el principal imputado presidía la organización.
Lora Cruceta y su esposa Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez permanece bajo arresto domiciliario.
El Ministerio Público reiteró que las distintas fases de la investigación buscan establecer las responsabilidades penales individuales, identificar el destino de los recursos presuntamente sustraídos y procurar su recuperación mediante los mecanismos judiciales correspondientes.