Tribunal mantiene arresto domiciliario a imputado en Operación Lobo; audiencia preliminar será el 7 de septiembre
Santo Domingo, 14 agosto.– El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional confirmó la medida de coerción de arresto domiciliario contra Bolívar Nicolás Fernández Espinal, uno de los acusados de integrar una presunta red que habría distribuido más de RD$108 millones en sobornos para obtener y mantener contratos de servicios de seguridad privada en diferentes instituciones públicas, informó el Ministerio Público.
Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana, es procesado junto a otras trece personas físicas y jurídicas vinculadas a la denominada Operación Lobo.
La decisión fue adoptada por el juez Deybi Timoteo Peguero, quien acogió la solicitud del Ministerio Público de mantener el arresto domiciliario contra el acusado. El órgano persecutor estuvo representado durante la audiencia por los fiscales Rosa María Pichardo y Ernesto Guzmán Alberto.
En la misma audiencia, el magistrado modificó la modalidad de la garantía económica de RD$5 millones impuesta a Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase).
Rodríguez González debía depositar originalmente la garantía económica en efectivo, pero el tribunal dispuso que pueda cumplirla mediante contrato.
La fiscal Pichardo explicó a los periodistas a su salida del tribunal que ambos acusados habían solicitado modificaciones de sus respectivas medidas de coerción.
“En el caso de Bolívar Fernández el juez mantuvo la medida de arresto domiciliario en su contra. En el caso de Quilvio Rodríguez lo que hizo fue una variación de la modalidad del cumplimiento”, explicó la representante del Ministerio Público.
Pichardo precisó que la garantía económica de Rodríguez se mantiene en RD$5 millones y que únicamente fue cambiada la forma en que deberá ser presentada.
La fiscal informó además que la audiencia preliminar del proceso fue fijada para el próximo 7 de septiembre, cuando el tribunal deberá conocer la acusación presentada por el Ministerio Público y determinar si existen elementos suficientes para enviar a los acusados a juicio.
Ministerio Público presentó acusación en julio
En julio pasado, el Ministerio Público presentó formal acusación y solicitó apertura a juicio contra 14 personas físicas y jurídicas que, según el expediente, formaban parte de la presunta estructura de sobornos investigada mediante la Operación Lobo.
Además de Fernández Espinal y Rodríguez González, entre los acusados figura Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur, así como Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de Seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).
También está acusado Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste.
El expediente incluye además a Andrés Pacheco Varela, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de Seguridad del Inaipi, y Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de Seguridad de EdeEste.
La acusación alcanza igualmente a Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y a Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
Entre las personas jurídicas acusadas se encuentran Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad, según el Ministerio Público, del acusado Quilvio Bienvenido Rodríguez.
También figuran Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, vinculadas por el órgano acusador a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
Sobornos superarían los RD$108 millones
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los sobornos identificados durante la investigación ascienden exactamente a RD$108,080,359.92.
El expediente sostiene que esos recursos fueron exigidos y recibidos por encargados de seguridad institucional de diferentes entidades públicas y otros funcionarios incluidos en la acusación.
Según la versión del órgano persecutor, los pagos tenían como propósito favorecer la contratación y permanencia de determinadas empresas encargadas de ofrecer servicios privados de seguridad a instituciones estatales.
La investigación fue desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Investigación surgió de denuncia de Ética Gubernamental
Según informó el Ministerio Público, las pesquisas comenzaron a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig).
La denuncia habría identificado la existencia de una estructura dedicada presuntamente a defraudar al Estado mediante la manipulación de contratos y la exigencia sistemática de pagos a cambio de beneficiar a contratistas que ofrecían servicios de seguridad privada en instituciones públicas.
Las investigaciones establecieron, siempre según la acusación del Ministerio Público, que la empresa Senase habría realizado pagos de sobornos a funcionarios durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025.
El expediente sostiene que esos pagos fueron ejecutados mediante diferentes mecanismos, entre ellos transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo, con la finalidad de garantizar la permanencia de los contratos adjudicados a la empresa.
Los señalamientos forman parte de la acusación presentada por el Ministerio Público y deberán ser debatidos durante el proceso judicial. El próximo paso será la audiencia preliminar fijada para el 7 de septiembre, en la que el tribunal conocerá las pruebas aportadas por la acusación y los argumentos de las defensas antes de decidir sobre la solicitud de apertura a juicio.